La distensión se inició el martes con la entrevista en la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès. Pero, como era previsible, el único resultado tangible es el mismo hecho de la reunión y la convocatoria para este mes de la comisión bilateral Estado-Generalitat y de la mesa de diálogo político para la tercera semana de septiembre.

Puede decirse que Sánchez y Aragonès pactaron el desacuerdo porque en las cuestiones de fondo las diferencias son abismales. El president llegó a la Moncloa con su programa de máximos --amnistía y referéndum de autodeterminación para conseguir la independencia--, mientras que el presidente del Gobierno ni puede ni quiere, como ya decía Mariano Rajoy, aceptar ese planteamiento, que desborda la Constitución y el pacto constitucional al que Sánchez repite que las negociaciones deben atenerse.

Fue más claro y contundente aún en el pleno del Congreso del miércoles sobre los indultos, en el que anunció solemnemente que el PSOE “nunca jamás” aceptará un referéndum de autodeterminación, afirmación que no se creyeron en las filas de la derecha, cada vez más apocalíptica, y que fue recibida con ironía por ERC, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, le recordó a Sánchez que también se oponía a los indultos y ahora los ha concedido.

Pero, por si los intentos de deshielo no toparan con suficientes dificultades, ahora se añade la reclamación por parte del Tribunal de Cuentas de 5,4 millones de euros a 34 excargos políticos y funcionarios de la Generalitat por los gastos de las actividades en el exterior entre los años 2011 y 2017. De esta reclamación sorprenden algunas cuestiones.

En primer lugar, si en el juicio del procés en el Tribunal Supremo ya fue prolijo y complicado demostrar la malversación de fondos, que también incluía aspectos de la internacionalización del proceso soberanista, el Tribunal de Cuentas notifica ahora una serie de partidas por gastos supuestamente indebidos cuya especificación no está clara y parece al menos discutible. Dice el acta del tribunal que “se limita a analizar si los gastos correspondientes a la actividad exterior de la Generalitat constituyen un presunto alcance contable en los fondos públicos, al haberse destinado a fines y objetivos ajenos al interés general”, concepto este tan difuso del que puede excluirse cualquier actividad sospechosa.

Entre el dinero reclamado figuran conceptos como “viajes al exterior del president y consellers de la Generalitat”, por importe de 317.790,97 euros, cuando es difícil pensar que todas las actividades en esos viajes puedan ser consideradas “ilegales”, “ilegítimas”  o fuera del “interés general” de la actividad de promoción exterior de la Generalitat, reconocida en el Estatut. Otro ejemplo son los contratos del personal de las delegaciones catalanas en el exterior (344.000 euros), sin que tampoco se pueda decir que el personal de esas delegaciones se dedicara únicamente a actividades “ilegales” o fuera del “interés general”.

Es evidente, como documenta profusamente el libro de Pablo Cardenal La telaraña, que las denominadas embajadas catalanas organizaron múltiples actividades destinadas a dar a conocer y a apoyar el procés en el extranjero. En el acta del tribunal se cita que la memoria presupuestaria de uno de los programas de promoción estaba destinada a “dar a conocer de primera mano el proceso democrático que el país ha iniciado y legitimarlo a ojos de la comunidad internacional y de la Unión Europea”. En otra memoria, se afirmaba que “la actual legislatura tiene como objetivo establecer las bases que hagan posible la declaración de la independencia de Cataluña, a partir de la creación de unas estructuras de Estado y del impulso de un proceso de desconexión nacional y popular con el Estado español”, y se agregaba que para ello había que “reforzar la promoción exterior de Cataluña, lograr su reconocimiento y defender los intereses de Cataluña ante otros gobiernos y organismos de todo el mundo”.

Otro indicio de la precipitación o de la ligereza del tribunal es la exoneración de ocho de los 42 encausados, entre ellos los exconsellers Jordi Turull y Neus Munté, porque ahora la instructora se ha apercibido de que el Departamento de Presidencia, que ocuparon ambos, no tenía competencias en promoción exterior.   

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, declaró hace unos días que la actuación del Tribunal de Cuentas era colocar “piedras en el camino” de las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat. Al menos, en espera de posteriores indagaciones, lo que sí parece es que en el acta del Tribunal de Cuentas no está suficientemente separado el grano de la paja.