El Gobierno ha entrado a saco en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Va a nombrar presidenta de ese organismo regulador a Cani Fernández, quien goza de sobrada preparación para el puesto.

En sus inicios profesionales fue letrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero se la conoce sobre todo porque trabajó durante 23 años en el despacho Cuatrecasas, primero en calidad de abogada y luego como socia de la firma. Su especialidad son los asuntos de competencia, tanto en el ámbito nacional como el europeo.

En su haber tiene el asesoramiento a varias empresas del Ibex 35 y a otras grandes compañías nacionales, siempre en asuntos concernientes a la mentada materia, a saber, fusiones, cárteles, operaciones de concentración, etcétera.

Nadie duda de su capacitación para desempeñar el cargo. Pero ocurre que desde febrero venía prestando labores de asesora en el equipo de Iván Redondo, el Rasputín de la Moncloa que susurra al oído de Pedro Sánchez. Redondo es el consigliere más cercano a Sánchez y ejerce una enorme influencia sobre él.

Dicho con otras palabras, Cani Fernández abandona la sala de máquinas de la Moncloa y se encumbra a la jefatura de la CNMC sin solución de continuidad. O sea, el tándem Sánchez-Redondo coloca a una insigne paniaguada suya de superjefa de la poderosa institución que vigila varios enormes mercados del más diverso estilo.

Ello da lugar a una llamativa paradoja. Resulta que una prestigiosa jurista que lleva más de dos decenios en continuo pleito contra el ente controlador, ahora va a regir los destinos de éste. 

Semejante pirueta con cabriola recuerda punto por punto a esos inspectores de Hacienda que, en horas veinticuatro, dejan la Agencia Tributaria y fichan por encopetados bufetes de asesoría fiscal. Es decir, en vez de perseguir a sangre y fuego a los contribuyentes, pasan a instruirlos para rebajar al mínimo los pagos al Erario.

Dadas las circunstancias descritas, doña Cani no parece que sea la candidata más indicada para liderar el omnipotente supervisor. Sustituye a José María Marín Quemada, que se despide al haber rebasado con largueza el periodo estatutario de seis años para el que se le escogió. Junto con él salen también la vicepresidenta María Fernández y tres vocales. Las cinco plazas son cubiertas por acólitos del PSOE, Podemos y ERC, de igual manera que los salientes debieron en su día la designación “digital” al PP.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia nació en 2012, durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. España sufría a la sazón las dentelladas de una dura crisis económica.

En aquellos lúgubres momentos, la Administración necesitaba recortar gastos a toda costa. La creación de la CNMC significó concentrar bajo un solo paraguas nada menos que ocho centros interventores, esto es, las Comisiones de Energía, Telecomunicaciones, Competencia, Servicios Postales, Juego, Aeropuertos, Medios Audiovisuales y Ferrocarriles.

Hasta entonces, cada una de ellas venía librando la guerra por su cuenta. La fusión acarreó un considerable ahorro de gastos. Además, aligeró de forma drástica la nómina de enchufados adscritos a esos entes. El número de consejeros, por ejemplo, se rebanó de 52 a nueve. A la vez, la integración desató una poda draconiana de la plantilla, que se redujo de 800 a 500 funcionarios.

El mandamás que ahora cesa, José María Marín Quemada, procede del Banco de España. Bajo su rectoría, la CNMC destapó docenas de cárteles en los que estaban implicados centenares de sociedades. Algunas de ellas lucen como miembros del opulento Ibex 35.

Los cárteles son contubernios o amaños ilícitos. Significan un atraco a mano armada a los consumidores y a las Administraciones. Se trata de cambalaches urdidos bajo mano por empresas de un determinado sector con el fin de repartirse unos mercados concretos, para exprimirlos sin piedad. Gracias a esos tejemanejes, sus protagonistas expulsan a los competidores, hinchan los precios de sus productos o servicios y saquean a los consumidores que los compran o los reciben.

Tras decretarse el próximo cese de Marín Quemada en la CNMC, la prensa le ha dispensado elogios. Al parecer, su actuación en defensa de los intereses del pueblo llano dejó un buen sabor de boca entre los periodistas.  Por su parte, Cani Fernández emprende la andadura bajo el estigma de sus estrechas ligazones con el errático Pedro Sánchez.

A la vez, su esposo Jorge Padilla, es director ejecutivo de Compass Lexecon, consultora especializada ni más ni menos que en asuntos de competencia. ¿Qué decisiones tomará la flamante presidenta cuando caigan en sus manos unos expedientes relativos a cualquiera de sus ex clientes o los de su marido?

No hace falta ser un lince para intuir que el signo de sus veredictos va a ser objeto del escrutinio permanente de una legión de observadores mediáticos. Les guiará sin duda su afán crítico habitual. Solo que en este caso, ese afán promete ir acompañado de grandes dosis de curiosidad morbosa.