El lunes JxSí presentó una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara catalana con el fin de permitir la aprobación exprés de la llamada ley de transitoriedad jurídica. La mayoría separatista se propone romper con la legalidad constitucional española en un solo día, en dos actos, sin dar tiempo a reaccionar al Tribunal Constitucional, ahorrándose el enésimo incidente de ejecución, y saltándose todos los controles democráticos parlamentarios. Una vez que esa polémica reforma del reglamento haya superado todos los trámites y se haya aprobado el texto final en comisión, lo que puede completarse perfectamente antes del mes de junio, solo faltará que el pleno ratifique ese cambio por mayoría absoluta cuando la Mesa del Parlament y la Junta de portavoces decidan incorporarlo en el orden del día. Lógicamente eso no ocurrirá hasta el preciso momento en que a los partidos separatistas les convenga, el día que tengan decidido sacar adelante la ley de "desconexión".

El mecanismo será el siguiente: tras aprobarse en el pleno del Parlament la modificación del reglamento, el portavoz de JxSí, Jordi Turull, pedirá la palabra para proponer un cambio en el orden del día y poner a votación en "lectura única" dicha ley con el apoyo de la CUP. Así pues, en un mismo día se modificará el reglamento, sin dar tiempo a que sea recurrido por los partidos de la oposición, y, acto seguido, por la vía de urgencia, se aprobará el nacimiento de un nuevo poder constituyente sin que el Gobierno español ni el Tribunal Constitucional puedan hacer nada para evitarlo.

Saben que el referéndum no van a poder celebrarlo, pero su objetivo es provocar algún tipo de medida coercitiva del Estado, con la participación de la policía, que satisfaga su deseo de victimización

Algo nunca visto en la historia del parlamentarismo y que refleja hasta qué punto el separatismo no puede avanzar sin llevarse por delante el Estado de derecho. El diputado de CSQP Joan Coscubiela, pese a ser partidario del derecho a decidir, denunciaba ayer mismo en Twitter que "el camino hacia el referéndum en ningún caso puede pasar por la degradación del Parlament y la vulneración de derechos democráticos". Por ahora los de JxSí dicen, contaba ayer el diario Ara, que este es solo el plan B, que primero intentarán sacar adelante la "desconexión" por la vía ordinaria. Sin embargo, no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que tratan de no alarmar. De ahora hasta el verano van a pasar suficientes cosas, desde el juicio a Carme Forcadell hasta la probable inhabilitación de Artur Mas y sus antiguos compañeros de Govern, para que los partidos separatistas encuentran la excusa que justifique ese tremendo golpe parlamentario con el argumento de que tienen que "dar respuesta a esos ataques del Estado", como ya están advirtiendo.

Si hasta ahora estamos instalados en una guerra de atrición, de desgaste, sumamente tediosa, el separatismo se dispone dentro de pocos meses a realizar su particular guerra relámpago para crear la ficción de que, efectivamente, la Generalitat ha desconectado de la legalidad constitucional española. Saben que el referéndum no van a poder celebrarlo, pero su objetivo es provocar algún tipo de medida coercitiva del Estado, con la participación de la policía, que satisfaga su deseo de victimización. El golpe parlamentario que se avecina es el preámbulo de un verano al rojo vivo que ponga las condiciones de humedad y temperatura para la segunda vuelta electoral que busca el separatismo. Ahí vamos.