Finalmente y después de una investidura fallida y de la repetición de elecciones se constituye un Gobierno de Coalición del PSOE y Unidas Podemos. Esta vez, después del fracaso del verano y de unos resultados menos satisfactorios para ambos, las negociaciones han sido rápidas, discretas y fructíferas desde el primer momento. Sin filtraciones, lejos del foco de los medios han conseguido un acuerdo de gobierno y de programa. Se trata del primer gobierno de coalición de la democracia. Y el primero de una coalición de izquierdas.

Las dos partes pueden felicitarse puesto que parece que la relación entre los principales dirigentes está muy engrasada y dispuesta a afrontar una gobernabilidad sin sobresaltos. La propuesta programática del gobierno, claramente progresista y de izquierdas, pero a la vez posibilista, es acertada y adecuada a la realidad política que les rodea. No es un gobierno de mayoría absoluta y por tanto tiene que hacer compatible la clara intención de cambio social con la realidad política existente.

En todo caso es un gobierno con una política que significa una clara ruptura con las políticas regresivas y antisociales de los gobiernos del PP. El objetivo del gobierno de progreso es un cambio radical con el pasado de la derecha y revertir los costes sociales provocados por sus políticas. En este sentido el programa trata de dar respuesta en los ámbitos laborales, económicos y sociales a las necesidades de los sectores más afectados por las políticas que aprovechando la crisis impulsaron los gobiernos de Rajoy.

El pacto de gobierno ha sido reforzado con el acuerdo de legislatura con el PNB, a estas alturas el único partido realmente de centro existente en todo el ámbito del estado. Un acuerdo que casi compone un gobierno tripartito por la importancia de la relación que se otorga al partido de Ortuzar en el futuro del proceso legislativo. Este acuerdo se ha complementado con otros acuerdos con otros partidos menores que garantizan la investidura.

Más complicada y menos edificante ha sido la negociación para la abstención de ERC. El partido de Junqueras necesitaba una escenificación con apariencia de dureza, que incluso ha llegado a cuestionar la neutralidad de aparatos del Estado como la Abogacía del Estado. En este tema ERC ha jugado con las apariencias ante su electorado puesto que todo el mundo es consciente que lo importante y trascendente no era la opinión de la Abogacía del Estado sino la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre la inmunidad como resultado de la sentencia del TJUE. Finalmente el PSOE y ERC han llegado a un acuerdo que habrá que ver como se implementará y que como hecho positivo enmarca la necesidad de una salida negociada y política al conflicto existente en Cataluña. Y que posiblemente sea un tema que se deberá concretar con el Gobierno de la Generalitat que pueda salir de unas próximas elecciones catalanas. El acuerdo  se establece como una apuesta por el diálogo como salida y que no puede cuestionarse que se  llevará a cabo dentro del marco de la legalidad existente aunque sea para plantear su modificación.

Por otro lado no hay duda de que el acuerdo con ERC rompe la unidad del independentismo entre los que parecen buscar la vía del diálogo y los que se mantienen en imposibles salidas unilaterales. A pesar de todo habrá que estar atentos al futuro comportamiento de una fuerza política tan “inestable” como ha sido hasta ahora ERC. Por eso es una buena noticia que no hayan caído en la provocación de las resoluciones de la JEC.

El acuerdo de gobierno decimos que es acertado y posibilista porque hay que pensar que los firmantes son conscientes de los peligros que acechan a la gestión del gobierno. Pero hay que poner en valor el carácter social de las propuestas de gobierno que serán sin duda el mayor antídoto frente a la demagogia populista de la extrema derecha. A la vez los firmantes del acuerdo de gobierno saben de la fragilidad de la mayoría que ha apoyado la investidura y su diversidad heterogénea cosa que comportará un esfuerzo de negociación durante toda la legislatura para mantener e incluso incrementar los apoyos a la acción de gobierno.

El nuevo gobierno está ya afrontando una durísima oposición de la derecha y la ultraderecha política que han dado muestras de no querer dar respiro al nuevo ejecutivo incluso antes de su nacimiento. Las derechas, que podríamos calificar a todas ellas de extremas, han dado curso a un discurso “guerracivilista” que es difícil de catalogar como democrático. Estas derechas no tienen nada que ver con las derechas tradicionales europeas. Hablar de “traición a la patria”, “golpe de estado”, etc. no dice mucho de su intento de presentarse como alternativa democrática al nuevo gobierno. Esta actuación extrema poco democrática se ha comprobado en su intento de utilización de la JEC para impedir la investidura, o en sus discursos tremendistas y cuasi golpistas en la sesión de investidura llegando a amenazar con los tribunales al candidato a Presidente del Gobierno.

No podemos obviar el absurdo y patético papel jugado por C,s. El que pretendía ser un regenerador de la política y partido de centro parece resignarse a su desaparición o absorción por el PP cuando tenía en las manos de sus 10 diputados el haber sido “clave de gobierno” en la investidura, restando protagonismo a ERC, y perfilándose como una futura oposición más centrada. Pero parece que esto es hoy superior a sus capacidades que sólo dan para actuaciones “esperpénticas”.

La oposición extrema de las tres derechas es un hecho político muy negativo porque impide reformas de gran envergadura, por ejemplo en lo referente al ámbito de la adecuación de las estructuras del estado, pero como contrapartida puede cohesionar a la mayoría que ha permitido la investidura.

No menos exagerada ha sido la reacción de los poderes económicos en sus calificativos al nuevo gobierno. Parece que no quieran recordar que en un estado democrático tienen que existir alternativas diversas y que no todas tienen que ser del gusto de los poderosos. Quizás en los últimos tiempos han vivido muy cómodamente beneficiándose de un poder político que ha generado desigualdad social mientras a ellos les generaba beneficios extraordinarios. Ahora no tendrían que indignarse tanto por el hecho de que haya un gobierno más favorable para la mayoría desfavorecida.

Lo socios de gobierno también deberán tener en cuenta como se comporten los mercados y la propia situación internacional que siempre son variables influyentes. Así mismo habrá que ver qué relación se establece con la UE, aunque hay que prever que el nuevo ejecutivo puede ser un aliado para una Unión Europea que precisa hacer cambios hacia una componente más social que evite nuevas tensiones con los populismos nacionalistas.

Por último es necesario que el nuevo gobierno tenga como prioridad establecer complicidades con aliados sociales como pueden ser los sindicatos confederales. El gobierno no es el poder y esto hace falta que lo tengan muy claro. Los sindicatos han sido los mejores “ordeñadores” para lograr conformar el nuevo gobierno. El gobierno tiene que tener una relación fluida con los agentes sociales especialmente en las materias laborales y sociales. La concertación social debe  jugar un papel importante en la agenda del nuevo gobierno, huyendo del “ordeno y mando” practicado por los gobiernos del PP. El gobierno precisa de los interlocutores sociales y tendría que reforzar el papel y la función de quienes son la representación organizada de las clases trabajadoras, por su propio bien.