Un fiasco de tomo y lomo está resultando ser el fondo de 10.000 millones que Pedro Sánchez ha habilitado para salvar las compañías en situación de crisis galopante. Un año después de su puesta en marcha, solo se han aprobado ayudas para seis corporaciones. Otras 40 están acampadas desde hace meses frente a la ventanilla oficial, sin que hasta el momento se haya dado curso a sus peticiones.

La propaganda del régimen aireó a los cuatro vientos que el instrumento de auxilio financiero se lanzaba para salvaguardar la solvencia de las “empresas estratégicas” del país, mermada por los problemas coyunturales que se derivan de la pandemia. Valga añadir que lo de “estratégicas” se está revelando una especie de cajón de sastre en el que caben todos los desechos de tienta del ruedo ibérico.

Las contribuciones estatales se articulan mediante una combinación de créditos directos y otros convertibles en acciones de las propias firmas salvadas. Esto último quiere decir que, antes o después, el conjunto de los ciudadanos devendrá socio forzoso de esos grupos tambaleantes. Si se registran pérdidas en el presente o en el futuro, los contribuyentes se las habrán de comer enteras con patatas fritas.

El Ejecutivo de Sánchez ha aprobado hasta la fecha los expedientes de dos aerolíneas, Air Europa y Plus Ultra; la red de agencias de viaje Ávoris; el fabricante de bienes de equipo Duro Felguera; y las siderúrgicas Tubos Reunidos y Rugui Steel.

Así, el ente estatal Sepi, administrador del fondo, lleva inyectados nada menos que 1.100 millones a esos consorcios renqueantes.

De los casos citados, hay uno alarmante y otro directamente escandaloso. El primero es el de Air Europa, propiedad de la acaudalada familia Hidalgo. En octubre del año pasado la Sepi le aportó 475 millones. Tal suma equivale a los catastróficos números rojos de la compañía en 2020.

A estas alturas de septiembre, Air Europa ya ha fundido el grueso del dineral cobrado, por lo que tiene muchas papeletas para acabar suplicando otro rescate. Y al Gobierno no le va a quedar más remedio que insuflar nueva liquidez. De lo contrario, Air Europa y toda su flota podrían precipitarse en el despeñadero.

El otro caso es todavía más sangrante. Lo protagoniza Plus Ultra. Esta minúscula firma aérea tiene socios de referencia venezolanos y no pinta nada en España. Ni es estratégica ni mueve cupos significativos de tráfico celeste. De hecho, ni siquiera posee aviones propios.

Se trata de una sociedad con conexiones chavistas a la que Pedro Sánchez ha regalado 53 millones. Para calibrar el volumen de tales recursos, basta señalar que el balance entero de Plus Ultra estaba contabilizado el pasado ejercicio en 50 millones y el capital de los accionistas, en solo 18 millones. El enjuague destila un penetrante tufillo a componenda de la peor especie.

En este episodio insólito, algo parece bastante claro. Para que los capitostes de Plus Ultra devuelvan a los españoles el pastón recibido, se tendría que obrar un milagro más grande que el de Fátima.

En cuanto a las cuatro decenas de aspirantes a la transfusión estatal, hay de todo y poco bueno. Entre las mayores peticionarias figuran Grupo Villar Mir, los autocares Julià, las hoteleras Hotusa y Hesperia, más la distribuidora alimentaria Serhs.

Todas ellas encierran características comunes. Han perdido en 2020 unas cantidades escalofriantes, su situación patrimonial es deficitaria y se hallan contra las cuerdas.

Por si lo antedicho fuera poco, una fila interminable de acreedores aporrea sus puertas para reclamar la devolución de los préstamos suministrados. Sus constantes vitales son tan comatosas que el maná del Gobierno significa casi la única tabla de salvación.

El tiempo dirá si los rescates acaban de forma feliz para el pueblo llano, que no lo olvidemos, es quien paga la fiesta hasta el último céntimo. Pero visto el panorama actual, mucho me temo que estos lances corporativos desemboquen en un agujero negro repleto de quebrantos.