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La dificultad de un indulto

Jordi Garcia-Petit
8 min

Varias peticiones de indulto para los dirigentes secesionistas condenados han sido ya presentadas por particulares. El Ministro de Justicia anunció al final de una intervención en el Congreso que se procedía a tramitarlas; de no hacerlo dentro del año de la presentación se considerarían automáticamente desestimadas. La tramitación no prejuzga que los indultos vayan a ser concedidos.  

La mayor parte de los posicionamientos a favor o en contra del indulto son más ideológicos que jurídico-políticos. Examinemos la cuestión preferentemente desde este último ángulo.

Ningún condenado tiene un derecho subjetivo al indulto, una figura jurídica del potestativo “derecho de gracia”, de carácter excepcional, que propone el Gobierno y otorga el Rey como Jefe del Estado, que también existe en otros países. La concesión de un indulto es un acto reglado e individualizado, sujeto a un procedimiento, a unos requisitos objetivos, a unos condicionantes subjetivos y --se puede añadir que para determinados delitos--  a un contexto social. Por todo ello, el Gobierno no lo tendrá nada fácil, tanto si concediera como si denegara el indulto.

La ley para el ejercicio de la gracia de indulto es de 1870, pero ha sido modificada en 1988 para adaptarla a la Constitución y a otras normas. Está plenamente vigente y a su amparo han sido concedidos o denegados numerosos indultos desde 1978, por lo tanto no hay que descalificarla como hacen algunos.

Si se concediera, el indulto  podría ser total por el resto de la pena de cárcel por cumplir, con mención expresa a la inhabilitación, o parcial estableciéndose qué comprendería.  En ambos casos la concesión puede incluir condiciones. Los antecedentes penales no se cancelan y no hay remisión de la responsabilidad civil.

El indulto es un acto discrecional, pero que ha de ejercerse “con arreglo a la ley” y la resolución en un sentido u otro tiene que venir motivada, puesto que cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros, recurso que PP, VOX y Ciudadanos ya han anunciado que interpondrían con, probablemente, petición de medidas cautelares suspensivas, si el acuerdo fuera de concesión.

El expediente requiere el informe, preceptivo pero no vinculante, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que dictó la sentencia, la cual para emitirlo habrá oído a los fiscales de la causa. Si el informe de la Sala fuera contrario al indulto --el dictamen de los fiscales difícilmente no lo será--,  el Gobierno se vería en un apuro, ya que prescindir del informe y conceder el indulto sería interpretado (en asunto tan delicado) como una afrenta al poder judicial con quebranto del prestigio del Tribunal Supremo.

Entre los requisitos que establece la ley y que el Tribunal sentenciador debe tener en cuenta en su informe y el Gobierno no podrá eludir en su motivación figuran --“especialmente” precisa la ley-- “las pruebas o indicios del arrepentimiento que se hubiesen observado” en el penado. Este punto está siendo objeto de debate ideológico y de controversia jurídica, aunque la ley me parece clara al respecto.

Es cierto que el particular que solicite un indulto para un condenado puede hacerlo sin que tenga que constar en el escrito el arrepentimiento del reo, pero en los informes de  tribunal y fiscales para la concesión o denegación no puede faltar la consideración de este requisito de la ley.  Así se desprende de la casuística general del indulto.

Y el que fuera presidente del Tribunal Constitucional, ilustre jurista y académico, Francisco Tomás y Valiente, vilmente asesinado por ETA en su despacho de la Universidad en 1996, añadía a la exigencia de arrepentimiento la necesidad de un acatamiento expreso de la Constitución vulnerada.  

¿Podría el Gobierno conceder el indulto a quienes no sólo no se arrepienten de sus actos, sino que se ratifican en ellos? Es lo que han hecho los condenados en un momento u otro desde que fueron procesados. Incluso en el turno de última palabra en la vista oral del juicio, la mayoría dijeron que volverían a participar en los sucesos delictivos que llevaron a la declaración de independencia. Después lo convirtieron en un lema épico: “Ho tornarem a fer” (Lo volveremos a hacer).

Y todos ellos --unos con mayor firmeza que otros--  han aprovechado el primer aniversario de la sentencia del 14 de octubre para reiterar la defensa de los actos por los que fueron condenados.

En estas condiciones de manifestada voluntad de reincidencia la concesión de un indulto total o parcial sería considerado por amplios sectores de la opinión pública como una burla a la Justicia y a los que sufrieron las consecuencias de todo orden provocadas por la actuación de los condenados --que dicen rechazar el indulto porque exigen que se declare la inexistencia del delito con una amnistía--,  lo que comportaría, de concederles el indulto, la chusca situación de otorgarlo contra su voluntad.

Difícilmente el Gobierno, pendiente de tantos equilibrios, puede arrostrar el riesgo político y electoral de un indulto sin arrepentimiento ni aceptación. Y la aceptación del indulto sin tener que mostrar arrepentimiento, como ha sugerido Joaquim Forn, ex consejero de Interior, no vale.

Los propios condenados, víctimas de su incontinencia verbal, tampoco lo tienen fácil para declararse ahora arrepentidos. Pero si quieren merecer legalmente la remisión de la pena pendiente, deben manifestar su arrepentimiento mediante “pruebas o indicios” suficientes a juicio del Tribunal Supremo, que en su informe tiene que hacer constar las razones de “justicia o conveniencia” que aconsejen una u otra decisión respecto al indulto.   

Tal vez sí que la concesión del indulto respetando todos los requisitos pueda traer un cierto alivio de la tensión en Cataluña, pero los dirigentes independentistas no verían en el indulto la gracia de las instituciones del Estado, sino la imposición del arrepentimiento y el reconocimiento tardío e insuficiente de la injusticia de la Sentencia, y así lo vocearían líderes e ideólogos.

El único alivio seguro (y comprensible) sería el de los condenados reclusos y sus familias.  

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¿Quién es... Jordi Garcia-Petit?
Jordi Garcia-Petit

Doctor en derecho.