El Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para acometer un alza generalizada de impuestos. La brutal crisis económica ya queda atrás. Llevamos cuatro años sucesivos de crecimiento. Y el presidente decide que es hora de estrujar el bolsillo a los siempre sufridos súbditos. ¿Cuál es el objetivo del apretón de tuercas? Pues financiar lo que los voceros del PSOE llaman “gasto social”.

O sea que el dispendio público va a crecer como la espuma. Cree Sánchez que nos encontramos otra vez en el reino de jauja. Y se entrega con fruición al deporte de exprimir a las clases populares, del que los socialistas son unos inveterados expertos.

De entrada, el flamante jefe del Ejecutivo Sánchez ya aumentó de golpe el número de carteras ministeriales, que pasaron de 13 a 17. Cada una de ellas acarrea su correspondiente séquito inacabable de paniaguados. Pero es sabido que quien siembra funcionarios cosecha impuestos, tal como reza una vieja máxima. Pronto se recogerá la segada.

Los tiros apuntan a que se quiere acrecentar el impuesto de sociedades, sangrar a las empresas tecnológicas, cargar las tintas en asuntos medioambientales y aplicar una nueva gabela a la banca.

La imaginación de los recaudadores es fértil. Siempre hallan espacio para nuevas figuras impositivas. En asuntos hacendísticos, el campo es inmenso y tiende al infinito. Y supuestamente, la espalda de los paganos aguanta todo lo que le echen.

De las propuestas transcritas quizás la más llamativa es la tasa que se planea aplicar a la banca. Al común de los mortales le habrá sonado a música celestial. Es harto conocido que las entidades financieras no gozan de buena prensa.   

Todo lo que implique atornillarlas con más arbitrios se vende bien entre la feligresía. Al fin y al cabo, eso es lo que pretende Sánchez, un consumado vendedor de humo, a imagen y semejanza de su colega José Luis Rodríguez Zapatero.

Por lo que se va divulgando, parece que se van a cargar las tintas sobre las entidades financieras que más negocio tienen en España.

Pero no hay que ser un lince para columbrar que el peso de tal impuesto recaerá, en última instancia, sobre los clientes de los propios bancos. Nadie duda de que los señores de la pasta se apresurarán a repercutir de inmediato el importe íntegro que les succione el Gobierno. Disponen para ello de una doble vía. Una, el cobro de mayores comisiones. Otra, el encarecimiento de los préstamos que otorgan a la clientela.

Las entidades intermediarias del ahorro ya han advertido de que la recaudación por la subida de gravámenes será inferior a la prevista por el Gobierno. Y surtirá dos efectos inmediatos negativos. Primero, la solvencia de los bancos quedará afectada. Y segundo, se resentirán tanto el empleo que la banca genera como el volumen de créditos que concede.

Por todos esos motivos, bien puede decirse que los pregones de Sánchez constituyen algo bastante parecido a una tomadura de pelo. A buen seguro que sus votantes verán con buenos ojos semejantes iniciativas. Ignoran que ellos mismos, al igual que el resto de los habitantes, están llamados a pechar con la factura de este brindis al sol sanchista.

La aplicación del impuesto a la banca encierra una carga demagógica similar, mutatis mutandis, a la de la cacareada eliminación de los dichosos peajes de las autopistas.

El Gobierno anuncia urbi et orbi que las concesiones que vencen este año no se renovarán. Es decir, los conductores dejarán de pagar los portazgos y peajes actuales. Sánchez se apunta, así, el tanto de que suprime las insufribles barreras.

Lo que no se explica al pueblo soberano, es que esas vías rápidas, sean públicas o privadas, han de mantenerse en perfecto estado de revista. Y ello implica un coste de cientos de millones de euros anuales. ¿Quién lo asumirá? Pues el conjunto de los individuos, por el expeditivo mecanismo de cargarle el muerto al presupuesto nacional.

El asunto resulta doblemente dañino. En lo sucesivo, el conjunto de los ciudadanos, sean conductores o no, subsidiarán a los usuarios de las autopistas. Con el factor agravante añadido de que ese gigantesco auxilio gratis et amore se extenderá a los millones de turistas extranjeros que circulan por nuestras vías cada año, pues se librarán de apoquinar en las barreras.

Una vez vencidas las concesiones, quizás lo más justo sea implantar la viñeta, es decir, un canon anual a todos los vehículos, tanto indígenas como foráneos. Y que con cargo a él se sufraguen los imprescindibles trabajos de conservación y mejora.

En resumen, mucho ojo con las alharacas tributarias de Pedro Sánchez. A primera vista suenan bien. Pero si se examinan a fondo, encierran más trampas que una película de Fu-Manchú.