El Gobierno de España y el respeto a la Constitución

Isabel Fernández Alonso
7 min

Es frecuente escuchar a voces autorizadas del ala socialista del ejecutivo español apelando machaconamente al principal partido de la oposición para que respete la Constitución. Un motivo recurrente es la no renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque también lo suele hacer al hilo de alguna declaración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, como en el caso del reciente desacuerdo manifestado por Ayuso con el plan de ahorro energético.

Desde luego, uno puede estar de acuerdo --es mi caso-- con no pocas de las críticas a los posicionamientos del Partido Popular, pero en este artículo querría subrayar la tremenda falta de coherencia del Partido Socialista al recurrir al argumento del “respeto a la Constitución” para tratar de fundamentarlas. Pongo tres ejemplos que considero muy significativos.

Comienzo por el insólito retraso relativo a la renovación de los 20 vocales del CGPJ, sin duda un problema de primer orden, al tratarse, por ejemplo, del órgano que nombra a no pocos magistrados de altos tribunales del país. Es cierto que se requiere una mayoría cualificada de 3/5 en ambas cámaras parlamentarias para llevar a efecto esta renovación, por lo que es imprescindible el voto favorable de los dos grandes partidos. Y también es cierto que el Partido Popular, que ahora reclama la elección por los jueces de los 12 vocales de procedencia judicial, ha contado hasta hace poco con una mayoría absoluta que le habría permitido reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) --que es la que fija el sistema de elección de esa docena de vocales-- para que así sea (los otros 8 han de ser elegidos necesariamente por Congreso y Senado, entre abogados y juristas de prestigio, porque así lo establece la Constitución).

Pero, dicho todo esto, causa perplejidad que el Partido Socialista pretenda dar lecciones de acatamiento al marco constitucional cuando ha tratado --sin éxito, por las presiones internacionales-- de reformar la LOPJ para reducir la referida mayoría de 3/5 a mayoría absoluta, y así realizar los nombramientos de los 12 vocales de procedencia judicial solo con el apoyo de sus socios de investidura; ha cercenado --al fracasar la anterior iniciativa-- la capacidad del CGPJ para realizar nombramientos cuando está en funciones; y luego, sin ningún rubor, se la ha devuelto, solo para el caso de los relativos al Tribunal Constitucional, porque la renovación de los dos magistrados de este tribunal que dependen del Ejecutivo va pareja a la de los dos que dependen del órgano de gobierno de los jueces.

Todo ello en un contexto en que el propio Tribunal Constitucional dejó claro en la conocida sentencia 108/1986, que valida el sistema de elección parlamentaria de los 20 vocales del CGPJ, que la aplicación de cuotas de partido en este proceso sería contraria al espíritu de la Constitución. Dicho de otro modo y para resumir: ¿no sería lo suyo, lo constitucional, que los presidentes de Congreso y Senado (socialistas) tomasen la iniciativa para la renovación que comentamos, dando la posibilidad a todos los grupos parlamentarios de plantear sus propuestas, en vez de esperar a que el Gobierno tenga una negociación cerrada con el Partido Popular para hacerlo?

Una segunda muestra de la falta de coherencia del Partido Socialista al recurrir al argumento del “respeto a la Constitución” es su sangrante permisividad con la vulneración de nuestra Carta Magna en Cataluña. Resulta inaudito que el Gobierno de España haya abandonado a las familias que están reclamando enseñanza también en español en una parte de España, máxime cuando fue la Abogacía del Estado la que promovió en 2015 las actuaciones que han conducido a la sentencia del 25%.

Moncloa no solo no pidió la ejecución forzosa de esta sentencia, siendo el actor que prioritariamente tenía legitimidad para hacerlo, sino que ha avalado el apoyo del PSC a la Ley 8/2022, que pretende relegar al español a lengua curricular en los centros educativos catalanes, cuando el Tribunal Constitucional ha dictaminado reiteradamente que todas las lenguas oficiales --incluida, obviamente, la lengua común-- han de ser vehiculares.

Otro ejemplo que debería sonrojar a los socialistas en relación con Cataluña es la eliminación de las banderas oficiales de la gran mayoría de edificios públicos, lo que contraviene de manera flagrante el artículo 4 de la Constitución. Un informe hecho público por Impulso Ciudadano en otoño de 2021 demostraba que solo el 13,4% de los ayuntamientos catalanes cumplen la normativa de símbolos. Entre los que no lo hacen figuran 33 de los 64 donde gobiernan los socialistas.

Y concluyo con un tercer ejemplo que ilustra la falta de coherencia que sostengo: el especial abuso del decreto ley por parte de los gobiernos de Pedro Sánchez. Se trata de una fuente del derecho prevista constitucionalmente para circunstancias de extraordinaria y urgente necesitad que, por tanto, no puede convertirse en una fórmula ordinaria para legislar, por cuanto implica una evidente invasión del poder legislativo por parte del ejecutivo, limitando el deseable debate parlamentario propio de una democracia sana y dañando aún más la ya maltrecha división de poderes.

Sería, por tanto, un ejercicio de honestidad por parte del Partido Socialista revisar sus propias actuaciones antes de dar lecciones de moral en un asunto tan serio como es el respeto a la Constitución. Algunos catalanes, que nos hemos complicado un poco la vida por defenderla, se lo agradeceríamos especialmente.

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¿Quién es... Isabel Fernández Alonso?
Isabel Fernández Alonso

Profesora titular de Comunicación de la UAB y miembro de Impulso Ciudadano, Universitaris per la Convivència y Foro de Profesores.