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¿Generalitat asesina?

María Jesús Hernández Elvira
6 min

Estos días hemos podido leer el “manifiesto” de “recomendaciones” que hacía la Generalitat de Cataluña a los sanitarios. Recomendaciones --en sus propias palabras-- para el soporte de las decisiones de limitación de esfuerzos terapéuticos (LET), para pacientes con sospecha de COVID-19 e insuficiencia respiratoria aguda. ¿Y adivine qué recomiendan? ¿Que se les asista y se les ofrezca el mejor tratamiento para salvar su vida? No. Sólo que se les proporcione asistencia a aquellos pacientes que más se puedan beneficiar, por su edad, y, por supuesto, evitar el ingreso de pacientes que tengan patologías respiratorias por el COVID-19 u otras que condicionen su estado y evitar “el fenómeno que el primero que llega primero ingresa”, eso sí, no sin antes plantearle al paciente los beneficios de quedarse en casa y ocultarle que no hay medicamentos para todos, pues al parecer no los hay.

Lamentablemente el inhabilitado President Torra está tan familiarizado con el delito que parece buscar constantemente instalarse en el mismo; ya sea desobedeciendo a las resoluciones de los Tribunales, de la JUR, cortando autopistas, exhortando a los radicales o induciendo a los sanitarios a que cometan delitos. Quizás porque lleva a la extenuación aquel dicho de que “la familia que delinque unida, permanece unida” ¿O era la que come unida?

En todo caso, President, olvida, o no, que el Código Penal prevé en su artículo 195 el llamado delito de omisión del deber de socorro. Delito que se produce cuando alguien observa que otra persona está ante una situación de peligro y, o bien no la auxilia, o bien no solicita ayuda de un tercero que pueda hacerlo, si el que lo presencia no está en disposición de ello. Se trata de un delito que se comente por omisión, es decir, por mera inactividad, en este caso, el dejar de ayudar y que puede ser cometido por cualquier persona, si bien el art 196 del mismo texto legal, contiene una previsión expresa para los profesionales obligados a prestar asistencia sanitaria que merece, como no puede ser de otra forma, un mayor reproche penal.

Las conductas descritas conllevan importantes multas e inhabilitación profesional, amén de la preceptiva responsabilidad civil, y eso es lo que a la Generalitat de Catalunya se le ha ocurrido pedir a nuestros sanitarios: ¡que cometan delitos! Por suerte nuestros sanitarios están actuando de espaldas a los políticos y están haciendo aquello para lo que por vocación están preparados, y es que admirable e incansablemente se están dejando la piel por atendernos a todos nosotros, sea cual fuere nuestra edad y esperanza de vida, como debe ser, pues todos vemos en las noticias con enorme satisfacción como hasta gente de avanzada edad, si es debidamente tratada, supera el coronavirus.

Por su parte, la Generalitat de Catalunya, pese a tener trasferida la competencia de sanidad desde el año 1981, a la luz de los casos de China y de Italia, no ha actuado como sería deseable siendo previsora e invirtiendo en medios, prefiriendo inducir a la comisión de delitos. Recordemos que los recortes en materia de sanidad han sido denunciados desde hace tiempo por los sanitarios de Cataluña, sin que se les haga caso alguno. Hecho que no ha impedido al President y sus acompañantes de gobierno, destinar una nada desdeñable partida presupuestaria -de todos los catalanes- a la mansión de Waterloo, la apertura y mantenimiento de embajadas catalanas y otros despropósitos similares.

Todos tenemos todavía en la retina las primeras declaraciones de la Sra Vergés, Consejera de Sanidad de la Generalitat, cuando el 14 de febrero decía que “en ningún caso estábamos ni estamos en ninguna alarma sanitaria. Y menos aquí. No tenemos ningún riesgo”. Volvemos a las andadas, a la técnica de la desinformación deliberada y sesgada.

Pero la realidad es tozuda, y esto les pasará factura, porque lo cierto es que, a día de hoy, la Comunidad Autónoma de Cataluña supera a la Comunidad Autónoma de Madrid en incremento porcentual de casos diagnosticados, fallecidos y déficit de UCIs, y los miembros de la Generalitat de Catalunya con el President Torra al frente son los principales responsables de lo que está sucediendo en nuestra Comunidad que es un lamentable incremento de fallecidos por coronavirus a raíz de una imperdonable dejación de responsabilidad.

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María Jesús Hernández Elvira

Nacida en 1970, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, Máster Triple en Derecho Público Internacional y Máster en Derecho Procesal. Cursó oposiciones a la carrera judicial y desde 1999 hasta 2013 ejerció como jueza en Canarias, dictando más de 5.000 sentencias. Desde 2013 hasta 2015 trabajó en bufetes de abogados españoles de primer orden, como Ontier España (Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza) y Rousaud Costas Duran (RCD) como responsable del Departamento de Derecho Penal y de Corporate Compliance, hasta que decidió crear CHR Legal junto con Josep Maria Cusí y Juan Roda, siendo la socia directora del Departamento de Derecho Penal y de Corporate Compliance.

Autora de varios artículos para revistas especializadas y con experiencia en la enseñanza, impartió clases de Derecho Civil II en la Escuela de Prácticas Jurídicas de Lanzarote, fue profesora en ICADE y ponente habitual en el Colegio de Economistas de Cataluña. Ha colaborado en la publicación Memento Concursal Francis Lefebvre 2015.