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Gana la libertad, pese a Colau

Cristina Farrés
11 min

El político alemán Hans-Dietrich Genscher dijo que la prensa es la artillería de la libertad. Ese aforismo cada vez resulta más difícil de cumplir por las dificultades que la industria de la comunicación soporta ante los poderes públicos. Tanto da cuál sea el espectro político o la posición ideológica. La crítica, tan fundamental en democracia, no se soporta bien. Se intenta restringir, acallar o domesticar.

Ada Colau llegó al Ayuntamiento de Barcelona en 2015. Fue la primera mujer en ocupar el cargo de alcalde del municipio, un mérito insoslayable. Cuando aterrizó, como sucede con muchos políticos noveles, pensó que la historia comenzaba con ella y su gobernación no dejó indiferente a nadie. Cargada de apriorismos ideológicos en la mochila y con un cierto espíritu revanchista instalado en el equipo de colaboradores, arrancó un primer mandato, después un segundo, que a nadie deja indiferente en la propia Barcelona.

Una de las constataciones en ese tiempo de mandato es que Colau no lleva bien la crítica a su actuación. No es una política con cintura, sino una persona capaz de refugiarse en su supuesto progresismo o en su condición femenina para combatir cualquier contestación a su forma política de proceder. Quienes se oponen solo pueden ser la derecha rancia, el fascismo, los poderes ocultos o una deidad egipcia. ¡Cuánta similitud con su compañero Pablo Iglesias en la visión de la prensa!

El 22 de agosto de 2019 este medio divulgó que algunas empresas de mensajería habían decidido restringir sus repartos en áreas de la ciudad que consideraban conflictivas para sus empleados por razones de seguridad. Conseguimos testimonios de personas afectadas que no recibían la paquetería y durante unos días dimos cuenta de lo que estaba sucediendo en la capital catalana. Lo describimos como una crisis de seguridad. Llegamos a publicar un testimonio sonoro de un gerente de una franquicia de reparto de primer nivel en la que se atestiguaba la veracidad de nuestra información. Los repartidores no querían entrar con sus furgonetas en determinadas calles de un barrio barcelonés. La noticia tuvo impacto. Fue de los temas más leídos y compartidos en redes sociales en aquel verano. Otros medios se hicieron eco, la mayoría ampliando nuestra primera información y algún otro, menos, considerándolo inexacto.

El Ayuntamiento de Barcelona quiso ejercer su legítima influencia como institución. No lo hizo, sin embargo, convocando a los medios, a través de una comparecencia del concejal del área de seguridad o mediante un comunicado dirigido a la opinión pública. Nos dirigió vía burofax un texto de rectificación y los principales dirigentes de la formación de Colau realizaron comentarios en sus redes sociales que negaban nuestra rigurosidad o capacidad informativa. Les respondimos que no rectificaríamos porque teníamos constancia de los hechos que difundíamos y, además, porque era un ataque a la libertad de información que un poder público como el consistorio se arrogase la representatividad de toda la ciudad para actuar en su nombre e intentar acallar una situación innegable. Publicamos incluso la carta con la que respondíamos a su intento de amedrentarnos y añadimos su comunicación inicial. Los lectores tenían a su disposición todos los acontecimientos. Por cierto, las empresas concernidas jamás nos pidieron rectificar ni una coma.

Unos días más tarde recibimos una demanda del Ayuntamiento de Barcelona admitida por un juzgado de primera instancia para que rectificáramos. Como no podía ser de otra manera acudimos al juicio oral y defendimos nuestros argumentos. Quienes asistimos a aquella sesión pudimos comprobar in situ el esperpento que supuso la actuación de los representantes legales del consistorio. Ni se habían preparado la comparecencia, ni tenían los documentos, ni sabían demasiado bien qué hacían allí. Ojalá, pensamos, que cuando nos defiendan como ciudadanos en asuntos serios y de verdadera importancia tengamos más profesionalidad que la demostrada en aquel juicio.

El 5 de noviembre recibimos la sentencia de primera instancia que estimaba de forma parcial los argumentos del ayuntamiento, nos obligaba a rectificar y nos condenaba a las costas devengadas. Como no podía ser de otra manera, rectificamos. En paralelo, preparamos un recurso de alzada ante la Audiencia Provincial contra aquel fallo que acatábamos, pero no compartíamos. Aquella sentencia sirvió para algo que viene haciendo el entorno de la alcaldesa con estruendo: mover en sus redes sociales el asunto para deslegitimar al medio y demostrar que ella, solo ella y los suyos, tenían razón. No estuvo sola. Aún recordamos cómo algunos pequeños medios sin relevancia y algún que otro periodista amamantado en las ubres del dinero municipal actuaban como cajas de reverberación. Aunque tenemos buenos amigos en El Diario, algunos periodistas de la delegación catalana hicieron suyo el triunfo de Colau y se lanzaron también a criticar a Crónica Global con un extraño ensañamiento entre colegas de profesión. Luego hemos podido ir comprobando cómo algunos de esos supuestos compañeros de oficio son la vía panfletaria de los comunes de manera recurrente y descarada. Todavía no ha llegado el momento, pero quizá esos mismos tribunales que tantas alegrías provocaron en Colau y su red de corifeos determinen con qué grado de objetividad y transparencia se están distribuyendo los presupuestos públicos del municipio para campañas publicitarias. Cuánto de lo que su formación política ha criticado en su historia están repitiendo al gobernar en términos de marginación objetivable de aquellos que no se pasan el día ensalzando las hazañas de la alcaldesa.

Aquel revés no aflojó nuestro trabajo. Al contrario, los periodistas del grupo Crónica siguieron desempeñando el sano ejercicio de la fiscalización democrática. Tanto en nuestra cabecera insignia como en nuestro diario digital barcelonés, Metrópoli Abierta, sabemos qué significa tener enfrente a Colau. Recibimos una media de un burofax quincenal por las informaciones relacionadas con el municipio que difundimos. En nuestros primeros años de existencia, el ayuntamiento optó por ignorarnos. Hoy prefiere plantar cara por la vía jurídica e incluso la alcaldesa se ha sacado de la manga un decreto de dudosa confección que permite a los concejales de cada área realizar solicitudes de rectificación a los medios por aquellas noticias que ellos consideran impropias. Porque justo aquí es donde radica el debate: Colau y los suyos han asimilado el lenguaje de la posverdad y consideran fake news cualquier información que les afecte y que no tenga el sesgo editorial que les conviene. No, estimada alcaldesa, los periodistas nos equivocamos, pero no más que los políticos. Cuando es así rectificamos y punto. Usted puede hacernos rectificar si sostenemos que usó personalmente la sanidad privada y, sin embargo, fue la pública quien la atendió. Sí, pero no puede considerar fake news ni invención las críticas o los análisis a la diferencia de moral que practica entre el discurso público y el ejercicio personal. Cuando la crítica no agrada, cuando existe un cierto endiosamiento gobernante, qué difícil debe resultar soportar a unos plumillas empecinados en contarle a los barceloneses y al resto de catalanes cómo es de verdad, más allá de la propaganda y la actuación, la gestión de Ada Colau.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha atendido nuestras posiciones de defensa y nos ha dado la razón. Lo hicimos bien como profesionales, aunque no le gustara. El Ayuntamiento de Barcelona ha sido sentenciado, además, a pagar su defensa y hasta la nuestra. Alcaldesa, ¿qué mala noticia para la ciudad es esa condena, verdad?, ¿qué lástima que los recursos públicos jurídicos se empleen en intentar amedrentar a los medios de comunicación que no publican sus excelencias, no? Qué bien empleados hubieran resultado esos miles de euros para paliar la crisis social de nuestra ciudad, ¿no le parece? La nuestra es la segunda sentencia de esta instancia judicial por el mismo caso relativo a la crisis de seguridad del verano de 2019. También Antena 3 Noticias le ha ganado el pulso jurídico a Colau.

No tenemos un especial empeño en destacar que este grupo editorial ha vencido frente a la injusticia provocada por unos gobernantes acríticos y encastillados en sus contradicciones personales. Estimada alcaldesa, no ha ganado Crónica Global al Ayuntamiento de Barcelona. Nosotros, como reza el comienzo de este artículo, apenas somos la artillería. Ha ganado la libertad de todos los barceloneses. Lo contrario, sus intentos de arrogarse la única voz autorizada de la ciudad por sostener la vara de mando, se parece de forma lamentable a una especie de chavismo catalanizado.

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¿Quién es... Cristina Farrés?
Cristina Farrés

Periodista. Especialista en economía. Directora de Crónica Global desde el 1 de enero de 2020.