El galimatías de la ley del catalán

José Antonio Sorolla
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La ley del catalán, que se aprobará antes del límite del 31 de mayo --si el recurso al Consell de Garanties Estatutàries no la retrasa--, tiene dos aspectos muy positivos. El primero es que rompe los bloques de independentistas y no independentistas y el segundo consiste en que se legisla y se regula la ubicación del castellano en el sistema educativo.

La transversalidad de la ley, apoyada por ERC, Junts per Catalunya, el PSC y los comuns, hacía años que no se producía en el Parlament en una materia tan relevante. Representa que la aprueban 103 de los 135 diputados de la cámara, es decir, el 78%. La ruptura de los bloques es muy relevante porque ese camino es el único que puede sacar a la política catalana del callejón sin salida en el que se encuentra como consecuencia del proceso soberanista.

La ruptura de los bloques y la recuperación de un amplio consenso conlleva necesariamente que el texto de la ley sea tan ambiguo que ha provocado ya interpretaciones muy diferentes y la coincidencia, por razones opuestas, entre los extremos del arco político.

La ambigüedad afecta sobre todo al uso del castellano en el sistema educativo. La ley establece que “el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado. El castellano es utilizado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro” en función de una serie de criterios: uno, que “la enseñanza y el uso curricular y educativo de las dos lenguas estén garantizados”; dos, que la presencia de las lenguas tenga en cuenta la situación sociolingüística del territorio, y tres, que los proyectos se adecuen a lo que fije el departamento de Educación.

El castellano se define como lengua “curricular”, término que ha desatado la mayor controversia entre partidos políticos y lingüistas. Mientras los independentistas, ERC y JxCat, destacan que solo el catalán es vehicular, los socialistas consideran que “curricular” y “vehicular” son sinónimos, y aseguran que curricular significa lengua de aprendizaje y, por tanto, vehicular, es decir, que el castellano no solo se enseñará en las aulas, sino que servirá para enseñar materias no lingüísticas, como las Matemáticas, por ejemplo.

Cada bando destaca lo que más le interesa para contentar a su electorado. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, afirma que el catalán será lengua vehicular y curricular, mientras que el castellano será curricular pero no vehicular. Jordi Sànchez, de JxCat, sostiene que el castellano “es lengua de aprendizaje, pero en ningún caso vehicular”. Salvador Illa, primer secretario del PSC, remarca que el castellano es “lengua de aprendizaje, vehicular, curricular, se diga como se quiera”. En este galimatías lingüístico, sin embargo, hay algo evidente que da la razón al PSC: si una lengua es de aprendizaje significa que a través de ella se vehiculan conocimientos.

Curiosamente, la derecha del Parlament, especialmente Ciutadans, coincide con los independentistas en que solo el catalán es vehicular, mientras que, en el otro extremo, la CUP se alinea con la interpretación socialista: “Hoy el Parlament convierte el castellano en vehicular por primera vez en 40 años de historia. No hay fórmula mágica para cumplir la sentencia [del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña] y proteger la inmersión porque la sentencia es contra la inmersión”, afirma la representante de la CUP, Dolors Sabaté, quien considera que la ley “adapta el marco legal a la sentencia del 25%, es decir, convierte la ley en sentencia”.

La misma controversia se produce en la comunidad educativa. Defensores del monolingüismo, como la Plataforma per la Llengua o el Grup Koiné, estiman que curricular equivale a vehicular y rechazan la ley como un retroceso del catalán. Sin embargo, la asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe coincide con Cs en que el castellano sigue siendo una lengua secundaria y se la trata como una lengua extranjera, lo que no es cierto si se acepta que se impartan contenidos en español.

La ambigüedad de la ley solo se resolverá a la vista de su aplicación práctica. Habrá que ver qué opina el TSJC sobre si la ley cumple el mandato de la sentencia, que dicta la inclusión del 25% de castellano en todos los centros educativos. En este punto también hay discrepancias: mientras el PSC cree que la ley ayudará a cumplir la sentencia, que debe cumplirse, el Govern aprobará paralelamente un decreto para eludir los porcentajes en la enseñanza y dar seguridad jurídica a los directores de los centros por si incumplen la sentencia, con lo que abre la puerta a su incumplimiento. En resumen, la ley es positiva, pero habrá que ver cómo se aplica.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.