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El final de la anomalía franquista

José Antonio Sorolla
6 min

Pese a lo que digan cada día los independentistas --y en concreto esa luminaria política que responde al nombre de Toni Comín--, el franquismo no sigue vigente en España. Lo que sí había es una anomalía insólita en Europa: que un dictador permaneciera enterrado, 44 años después de su muerte, en un mausoleo público mandado edificar por él y construido con el sudor y la sangre de los presos políticos. Pero esa ignominia tiene, afortunadamente, los días contados. Antes del próximo día 25 --probablemente entre el 18 y el 22--, los restos de Franco serán exhumados del Valle de los Caídos y trasladados al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, donde reposan los de su esposa.

Lo suyo ha costado y, aunque el traslado tenía que haberse producido mucho antes, las dificultades actuales explican, que no justifican, por qué no se abordó el asunto en los primeros años de la Transición. Para que Franco abandone el Valle ha sido necesaria una ley de memoria histórica aprobada en la etapa de gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y modificada después por un decreto ya bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, que impide que alguien que no fue víctima de la Guerra Civil, sino su principal verdugo, siga enterrado en el mausoleo de Cuelgamuros.

Pero desde que Sánchez anunció --nada más llegar a la Moncloa, en junio del 2018-- que iba a sacar a Franco del Valle de los Caídos han tenido que pasar 16 meses y el caso ha debido ser resuelto por el Tribunal Supremo, que ha dictado una sentencia por unanimidad, tres autos y dos providencias para levantar todas las medidas cautelares establecidas tras el primer recurso de la familia del dictador, a la que secundaron la Fundación Nacional Francisco Franco, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y la comunidad benedictina que se ocupa del monumento.

Esta semana, el Supremo eliminó los últimos obstáculos y el viernes el Gobierno decidió el traslado, probablemente en helicóptero, en los próximos 15 días, poco antes de que se inicie la campaña electoral oficial para el 10N. Entre los últimos resistentes destacan un juez contrario a la ley de memoria histórica, que exigía licencia de obras para sacar el féretro, requisito que el Supremo considera innecesario, y el prior del Valle, Santiago Cantera, antiguo candidato electoral por Falange en los años 90, que se oponía con el argumento de que el Gobierno necesitaba su permiso para entrar en un “lugar sagrado” y porque se violaba, decía, la libertad religiosa. El Supremo ha desbaratado ambos argumentos y, finalmente, el prior concedió el viernes que no opondría “resistencia violenta” al traslado, aunque seguiría la batalla legal.

El prior ha contado, por cierto, con el respaldo del inefable exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, quien, en la presentación de su libro Cada día tiene su afán, defendió la actuación del religioso y manifestó que acataba la sentencia del Supremo, pero no la compartía. En ese libro, Fernández Diaz narra, entre otra peripecias de su vida política, su conversión al catolicismo más ultramontano, que sucedió durante una visita a Las Vegas, la “ciudad del pecado”.

La Iglesia católica, como Pilatos, se ha lavado las manos en este asunto porque, aunque Cantera no depende de la Conferencia Episcopal, sino de la autoridad benedictina y del Papa, no hubiera estado de más una desautorización pública del prior procedente de la jerarquía española o del Vaticano en un asunto que clamaba al cielo.

Es dudoso, como algunos afirman, que Sánchez y el PSOE vayan a sacar rédito electoral con el traslado de los restos de Franco pocos días antes de las elecciones de noviembre. Pero en todo caso si el Gobierno no decidió hacerlo antes fue porque no le dejaron los familiares del dictador, que apuraron todos los recursos posibles para defender sus derechos individuales cuando el Supremo ha dictaminado que este caso compete al interés general, que está por encima de los otros derechos. Al final, los nietos de Franco han recurrido incluso al Tribunal Constitucional por la supuesta vulneración de derechos fundamentales, que en su caso es una paradoja insoportable.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.