Una de las maledicencias sobre España más repetida por los secesionistas es, según ellos, la “singularidad represora” del Estado español en el contexto europeo. Recordemos que llaman “represión” a haberles impedido que separaran Cataluña de España por la vía violenta de la unilateralidad. Y que siguen llamando “represión” a cualquier diligencia de la Justicia por sus actuaciones delictivas, incluso si la diligencia no tiene nada que ver con el procés, pero afecta a uno de sus personajes.
No hay tal singularidad; al contrario, España se distinguiría por la calidad garantista de su Justicia y el liberalismo de su democracia. Comprobémoslo mediante un ejercicio rápido de comparación entre algunas respuestas de España al separatismo y, por ejemplo, las que ante parecido desafío, presumiblemente, hubiera dado Francia, parte de cuyo territorio los secesionistas incluyen en esa entelequia que denominan “Països Catalans”.
En la celebración del 150 aniversario de la constitución de la República Francesa, el presidente Emmanuel Macron señaló que “la República indivisible no admite ninguna aventura separatista”. Se refería en primer lugar al “separatismo islamista”, pero sin excluir (en la idea del rechazo) otras formas de separatismo, entre ellas el territorial.
Francia con tanta o más diversidad regional que España la reconoce menos y tiene mucha menos descentralización. El Consejo Regional francés, una modalidad de autonomía, carece de poder legislativo autónomo, posee competencias de gestión limitadas y recursos presupuestarios muy acotados. Un Consejo Regional no habría podido poner, ni de lejos, los recursos de todo orden que la Generalitat ha puesto --y mantiene-- en el fomento del separatismo.
Si el Plenario de un Consejo Regional hubiera aprobado una resolución declarando que “no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado francés” --que es lo que hizo el Parlament el 9 de noviembre de 2015 respecto a las instituciones del Estado español--, habría sido disuelto ipso facto por Decreto del Consejo de Ministros de la República.
Si el presidente de un Consejo Regional se hubiera atrevido a vocear las barbaridades de intención separatista que hemos tenido que escuchar con tanta frecuencia de Quim Torra, habría sido depuesto y, tal vez, procesado.
Ni la “consulta” (semitolerada) del 9-N de 2014, sobre si Cataluña debería ser un Estado y si ese Estado debería ser independiente, ni la “votación” del referéndum ilegal del 1-0 de 2017 sobre la independencia de Cataluña habrían sido posibles en Francia. Ambos sucesos referidos a cualquiera de sus regiones habrían infringido la Constitución de 1958 y las leyes de la República con la consecuencia de que los poderes del Estado francés habrían actuado para hacer respetar la legalidad.
¿Puede alguien creer honestamente que la reacción del presidente Emmanuel Macron ante el desafío separatista de septiembre y octubre de 2017 hubiese sido distinta a la de Felipe VI como Jefe del Estado en su mensaje del 3 de octubre denunciando “la deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado”, y recordando la necesidad de “asegurar el orden constitucional”? Sólo los separatistas de aquí inmersos en su fantasiosa burbuja pueden imaginar un Jefe de Estado europeo “complaciente” con las prácticas rupturistas.
Francia habría hecho igualmente legítimo uso de la fuerza pública para hacer respetar en la calle la legalidad, que incluye el cumplimiento de las resoluciones judiciales, tanto un 1 de octubre como en cuantos sucesos de violencia relacionados con el separatismo se produjeran. Como lo ha hecho frente al radicalismo vandálico de grupos minoritarios de los “chalecos amarillos”, movimiento que podía invocar una legitimidad social de la que carece el separatismo.
De la comparación se deduce que los secesionistas también tendrían que llamar “Estado represor” a Francia, así como a cualquier otro Estado europeo que no acepte mansamente su desintegración territorial. Como ese Estado no existe están condenados a la frustración hasta que no abandonen el autoengaño y dejen de contagiarlo a los demás.
Y sin duda también sería un Estado represor la República Federal de Alemania, cuya Ley Fundamental de 1949 consideraría alta traición, penada con prisión permanente revisable, el intento de separar por la vía unilateral uno de sus territorios.
Destacadas en Crónica Política
