Con una exagerada solemnidad, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado esta semana un Plan de Calidad Institucional. Solemne por el nombre y solemne por el lugar elegido, el oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, donde se proclamó la Constitución de 1812, conocida como la Pepa. El plan contiene 60 medidas de regeneración política, entre las que destaca la defensa de que gobierne la lista más votada, en detrimento de los pactos, especialmente en los ayuntamientos.

Centrar el cambio en los municipios ya representa una rebaja porque en principio el presidente del PP abogaba por la prioridad de la lista más votada también en las elecciones autonómicas y generales. Ahora, al plasmar el plan por escrito, la aplicación en las autonómicas y generales o legislativas queda al albur de un pacto político entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, que no se va a producir.

Recurrir a la lista más votada es una idea que el PP ya ha planteado en otras ocasiones, sobre todo cuando no tiene mayoría absoluta. Pero, aunque sea popular, es una mala solución porque desvirtúa la representación de los ciudadanos y porque es imposible gobernar sin rebajar competencias, en el caso de los ayuntamientos, a los plenos municipales. O el alcalde asume poderes casi absolutos que ahora no tiene o no podrá sacar adelante en los debates sus propuestas si su partido no tiene mayoría en el consistorio.

España está constituida en un régimen parlamentario, no presidencialista, en el que la representación proporcional --incluida en la Constitución-- fija, mediante pactos entre las fuerzas políticas, la mayoría para gobernar. Un pacto entre los grandes partidos para cambiar este sistema electoral sería dudosamente constitucional y pretendería resucitar el bipartidismo en una época en que el reparto de poder entre el PP y el PSOE ha pasado a mejor vida para ser sustituido al menos por cuatro fuerzas políticas.

El problema para el PP es que en esta situación política tan fragmentada solo puede pactar con la extrema derecha de Vox, sin poder recurrir, como hace años, al PNV --los nacionalistas vascos acaban de reiterar su oposición a aliarse con los populares-- o a otros partidos. Y esta imposibilidad de ligar otras alianzas que no sean con Vox es lo que subyace en la propuesta de la lista más votada. En lugar de afrontar de verdad las relaciones con Vox, el PP pretende que la lista más votada le resuelva el dilema: bien porque entonces no necesitará a nadie si llega primero, bien porque ya tiene la excusa para pactar con la extrema derecha con el argumento de que el PSOE no le ha dejado otra opción al rechazar la lista más votada. Pero el plan no ha convencido ni a los barones del PP, que temen no poder gobernar si no pactan con Vox, a lo que están decididos.

Eso sin contar la hipocresía que significa que la propuesta la hace Feijóo mientras el PP está gobernando la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Castilla y León y la alcaldía de Madrid gracias a los pactos directos o indirectos con Vox. O después de que se tuvieran que repetir las elecciones generales de abril de 2019, en las que el PSOE fue la lista más votada, por la negativa del PP a abstenerse.

Otras de las medidas del plan de calidad son correctas si no fuera porque se contradicen con la práctica habitual o son un brindis al sol. Por ejemplo, la prohibición de las enmiendas de un tema en una ley que se refiera a otra cuestión distinta, la limitación del uso de los decretos leyes y del número de asesores políticos, el respeto a los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la celebración de actos partidistas en compromisos institucionales, y la prohibición de que ejerza de fiscal general del Estado quien haya desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores, veto que se aplicaría también al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La elección de los presidentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), RTVE y la agencia Efe también sufriría limitaciones.

Todas estas son medidas bienintencionadas, que, sin embargo, Feijóo no aplicó en Galicia en su largo mandato ni el PP en toda España cuando gobernó. Feijóo se presentó en el acto como el gran defensor de la Constitución, frente a la deriva “iliberal” de Pedro Sánchez, mientras el PP lleva más de cuatro años incumpliendo la Carta Magna al bloquear la renovación del CGPJ, veto al que no hay ninguna referencia en el plan de calidad.