A los ciudadanos de este país el 'sistema' nos obliga a identificarnos con el DNI para cualquier gestión oficial que tengamos a bien tener que hacer.  

A los extranjeros regularizados, y, por lo tanto, “legales”, ese mismo sistema les obliga a hacer lo mismo pero con el NIE. Hasta ahí nada que objetar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando al forastero, al que ya le es difícil gestionar su día a día en este país, le es materialmente imposible renovar ese preciado documento que le es imprescindible para cualquier gestión oficial?

Esta semana me he enterado (¡algunos dirán que ya me vale de estar en la inopia ante esta situación!) que resulta que personas extranjeras regularizadas ya en España y muchas de ellas con contrato de trabajo no pueden renovar su NIE porque la Policía Nacional (organismo responsable de tramitar la renovación en cuestión) está colapsada. Estos residentes necesitados, por más que lo intenten durante horas y horas y días y días, no acceden a conseguir una cita on line porque la estructura donde deben hacerlo no da abasto. Dejemos aparte la también realidad incuestionable que su acceso a Internet para llegar a este trámite de solicitud de día y hora no les es, en muchos casos, nada fácil. Algunos esta semana denunciaban que a pesar de tener ofertas de contratos de trabajo y estar con todos sus papeles en regla, la burocracia les exige que su NIE esté actualizado, pero no les da, esa misma burocracia, la manera de hacerlo. 

Bien, retomemos: ante esa imposibilidad muchos de estos extranjeros regularizados se apostan, desde la madrugada, algunos haciendo doce y quince horas de cola, frente las comisarias de la Policía Nacional para intentar conseguir ese preciado número que les dará la opción de poder gestionar la necesaria e imprescindible renovación.  Resulta que en una gran mayoría de casos esa espera es estéril y acaban el día, a pesar (de nuevo) de esa cola interminable, sin  poder renovarlo. Un auténtico disparate lleno de indefensión.

Sin el NIE en vigor la gran mayoría de empresarios no quiere hacerles ( ni renovarles) un contrato de trabajo. Sin el NIE en vigor no pueden acceder a sus cuentas en el banco. Sin el NIE en vigor son aún más vulnerables y están también, aún más, desprotegidos.

Esto es un despropósito inaceptable: están lejos de su entorno y, muchos, de su familia; viven (muchos de ellos) en situaciones precarias y, cuando, por fin,  pueden acceder a un trabajo, se les complica porque se les niega la posibilidad de renovación de su acreditación de identidad.

No lo entiendo. ¿Dónde está ese Estado que nos repitió una y otra vez durante el confinamiento que protegería a unos y a otros y que pondría todos sus instrumentos a disposición de la ciudadanía?

¡Qué país tan pequeño!