Recientemente, la Corte de Arbitraje del Banco Mundial (Ciadi) ha condenado a España --léase Gobierno español-- a pagar 112 millones de euros al fondo de infraestructuras francés Antin por el recorte de primas a las energías renovables contempladas en la reforma eléctrica de 2013.

Según quiénes sean los que hagan las cuentas, el Gobierno de España acumula ya sanciones por más de 300 millones de euros por esta decisión, una vez que se percató de que pagar las primas a las que se había comprometido llevaba a este país a una situación presupuestaria indeseable.

Pero lo grave es que al fondo francés, al grupo Masdar Solar de Abu Dabi o al fondo británico Eiser hay que añadir las que le pueden venir por las 26 denuncias que todavía están vivas en el Ciadi por unas ayudas que estuvieron vigentes entre 2006 y 2012 y que provocaron que muchos inversores particulares dedicaran parte de sus ahorros en proyectos, básicamente, solares y termosolares, debido a la rentabilidad y supuesta seguridad que garantizaba las primas de un gobierno miembro de la UE.

En total, 7.500 millones de euros que deberán salir de las arcas del Estado, en el supuesto de que todas y cada una de las reclamaciones quiten la razón al Gobierno de España.

Y son 7.500 millones de euros porque la norma, siempre tan equitativa y equilibrada, impide recurrir a los españolitos de a pie, reservándose ese derecho exclusivamente a los inversores internacionales.

No es el momento de valorar --o quizá sí-- si el monto de las primas, inicialmente aprobadas para fomentar la instalación de energías renovables, eran una locura y se ajustaban a los objetivos predeterminados, pero lo cierto es que el pago de estas primas terminaron descuadrando las cuentas de todo el sistema eléctrico.

Cuando se juega con pólvora del rey parece que da igual ocho que ochenta y quien tiene el BOE a su disposición lo mismo le da fijar unas primas desorbitadas, que recortarlas hasta en un 45% años después.

Hasta el momento, el suceso solo ha merecido una gracieta de un ministro cualquiera que señalaba hace años que "con las energías renovables hemos pagado la novatada". ¡Con dos!

Gracias a esas generosas primas aprobadas por un gobierno cualquiera, entre 2007 y 2009 se instalaron en España 4.200 megavatios sólo de energía solar fotovoltaica, con una inversión que rondaba los 25.000 millones de euros. A finales de 2008 la potencia ya multiplicaba por diez las previsiones.

Las crónicas cuentan que unas 60.000 familias entraron en este juego y buena parte de ellos, sobre todo los acogidos a préstamos elevados, terminaron arruinados tras la reforma energética de otro gobierno que buscaba poner coto a una situación que se había vuelto insostenible.

Llegados a este punto, uno echa la mirada hacia atrás y se encuentra, entre otros, con el fallido proyecto Castor, el depósito de gas natural que iba a ser el más grande de España; con el caso de las autopistas quebradas y ahora con el goteo de sanciones con que la justicia o el arbitraje internacional castiga a un país por las decisiones de un gobierno. De todos estos casos, la ronda termina cargándose al Tesoro Público por unas decisiones adoptadas por un Gobierno de España que no supo hacer bien los números o prever crisis económicas o caídas del consumo.

Es este un escándalo de trascendencia mundial por mor de unos gobernantes que, hoy como ayer y posiblemente mañana, hacen de su capa un sayo, conscientes de que nadie les va a pedir responsabilidades por su desafueros, desatinos o simplemente errores de bulto. Y cuando hay que corregirlos, lo hacen además con efectos retroactivos.

Posiblemente, los grandes fondos internaciones recuperen parte de lo invertido porque la justicia internacional está abierta para ellos, pero los pequeños ahorradores que apostaron por la energía solar en España y que creyeron en una inversión avalada por la administración central --que beneficiaba también al medio ambiente-- se han arruinado o casi.

Son las víctimas de una errática política energética de los sucesivos gobiernos españoles, cuyo saldo ha consistido en dejar a miles de personas en la cuneta.

No sería un dislate pedir responsabilidades.