Los miércoles se han convertido en jornadas negras en el Parlament de Cataluña. Las sesiones de control y las preguntas al presidente de la Generalitat venían siendo muy tormentosas desde que Ciudadanos creyó que su tremendismo parlamentario le sería suficiente para mantenerse como primer partido de la oposición. Carlos Carrizosa sigue empeñado en ello y ahora le da por calificar a Quim Torra como okupa de la presidencia, desoyendo al TSJC que ya rechazó tal línea argumental, propuesta inicialmente por el PP. La bronca de Ciudadanos ya casi es lo de menos, todos los sondeos recogen su caída electoral, confirmando el error de su planteamiento; ahora, el espectáculo lo protagonizan ERC y sus ex socios de JxCat, hasta el punto de deslegitimar la presidencia del gobierno y la presidencia de la cámara a base de enfrentarlas sin piedad y sin prudencia, rozando la irresponsabilidad nacional.

Para los que no tenemos otras instituciones nacionales que las recogidas en el Estatut y no damos al Consell per la República más estatus que el de un club de seguidores de Carles Puigdemont, resulta espantoso el desprestigio al que están sometiendo los dos socios del gobierno Torra a los dos máximos organismos de Cataluña. La aceptación por parte de ERC de la inhabilitación como diputado del presidente de la Generalitat, instada por la JEC ante el Tribunal Supremo, ha creado una tensión inédita entre gobierno y Parlament, tensión que no hace sino reproducir la existente en el seno del gobierno de coalición y en las bancadas de los dos grupos en la cámara. La imagen más relevante de esta situación es el encaramiento constante entre Roger Torrent y Quim Torra.

Torra le pidió ayer a Torrent que le devolviera su escaño, a cuenta del escándalo provocado por un miembro de la JEC propuesto por Ciudadanos y a sueldo del mismo partido; después el portavoz de ERC le afeó al presidente las críticas vertidas en la concentración de Perpiñán contra la mesa de negociación y para rematar la escena, Torra trató a los republicanos de pardillos por ir con el lirio en la mano a la negociación con los socialistas. Alguien debe poner fin a esto.

Este alguien solo puede ser ERC. Torra y JxCat ya movieron ficha hace semanas al dar por amortizado el gobierno de coalición, responsabilizando a ERC pero sin liberar a los republicanos de seguir en el gobierno a las órdenes del presidente que les acusó de deslealtad.

Desde aquella fecha, el vía crucis que está soportando el partido de Oriol Junqueras se antoja incomprensible, casi rozando al masoquismo político. La razón de tanta paciencia con quien ya solo persigue restarles el crédito político y evitar su victoria electoral es conocida: asumen la creencia de que quienes rompen finalmente un gobierno pagan una factura en las urnas; complementariamente, ERC espera capitalizar en este periodo convulso la aprobación de los presupuestos y unos eventuales avances de la mesa de negociación, cuya delegación catalana está presidida por su rival más enconado, Quim Torra.

Romper un gobierno puede pasar factura ante un electorado tan emocional como el independentista, pero también es cierto que no acertar en el momento de dar por acabada una coalición tiene su precio. PSC, ERC e IC, los socios del segundo tripartito, dudaron durante meses si avanzar las elecciones o agotar el mandato; no supieron interpretar la circunstancia adecuada para cerrar el gobierno y sacar las urnas, esperaron y cuando lo hicieron, Artur Mas arrasó con sus históricos 62 diputados.

En esta duda está instalada ERC, aun sabiendo que quien necesita tiempo para elegir un candidato e incluso reorganizar sus muchas siglas es su rival y todavía socio formal de gobierno. Está claro que los republicanos prefieren que sea el Tribunal Supremo quien acabe con la legislatura inhabilitando definitivamente a Torra; prefieren arriesgarse a revivir una nueva sesión parlamentaria en la que JxCat les invitará a desobedecer la sentencia del TS, sabiendo que no podrán aceptar el envite y serán señalados por segunda vez como desleales al independentismo.

Prefieren esperar al TS a tomar la iniciativa de retirar la confianza a un gobierno muerto pero no enterrado, confiando que la ventaja que les dan las encuestas soporte el desgaste que les inflige JxCat. A cuenta del prestigio de las instituciones.