El espionaje altera el clima político

José Antonio Sorolla
6 min

La revelación de que más de 60 dirigentes y activistas independentistas fueron espiados entre 2017 y 2020 ha congelado las “relaciones políticas” entre el Govern y el Gobierno, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha amenazado con retirar el apoyo al Ejecutivo si Pedro Sánchez no da explicaciones, se abre una investigación con supervisión independiente y no se depuran responsabilidades.

El escándalo es grave porque afecta a la integridad del Estado de derecho y a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre los espiados, según el informe elaborado por Citizen Lab, un grupo experto en ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá), figuran los cuatro últimos presidentes de la Generalitat, parlamentarios, eurodiputados y activistas como Jordi Sànchez, secretario general de Junts per Catalunya. Citizen Lab asegura que nunca había descubierto un espionaje tan masivo y, aunque no acusa directamente a nadie, “pruebas circunstanciales contundentes sugieren una conexión con las autoridades españolas”.

Conexión y mucho más, autoría, que el independentismo da por hecha. Aragonès apunta directamente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y lleva el caso a la confrontación política al asegurar que “la muestra de que hay un conflicto político en Cataluña es que nos han estado espiando”. El espionaje se realizó mediante el programa Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO, que asegura que solo lo vende a Gobiernos y solo para facilitar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

Pero la cantidad de casos de espionaje detectados a políticos y a defensores de los derechos humanos indica que NSO no controla a sus clientes. El CNI adquirió el programa a mediados de la pasada década, según ha publicado El País, pero únicamente para usarlo en el extranjero, según el centro. En España, el Gobierno asegura que el CNI solo espía con autorización judicial, que debe darla en este caso un magistrado del Tribunal Supremo.

¿La hubo en este caso? Parte del independentismo da por supuesto que no y que el espionaje, por tanto, fue ilegal, pero el presidente de la Generalitat no se pronuncia claramente y por eso, entre otros aspectos, reclama que se investigue si hubo autorización judicial. Entre sus misiones, el CNI tiene la de “prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España” por lo que el centro de espionaje podría haber pedido la autorización judicial con motivo del procés. Sin embargo, la mayoría de los espiados lo fueron después de octubre de 2017 --solo Jordi Sànchez lo fue antes--, durante 2019 --año del juicio del Supremo y de la sentencia--, y 2020, primer año de la pandemia. Además, el proceso soberanista para declarar la independencia de Cataluña no entraría en los supuestos que prevé la empresa propietaria de Pegasus para investigar con este sistema: terrorismo y crimen organizado. El Gobierno niega que ordenara o conociera el espionaje, pero la investigación debe aclarar si algún organismo de las llamadas “cloacas del Estado” actuó por su cuenta.

Pese a la conmoción causada por el caso, hay intentos por ambas partes --Gobierno y Generalitat-- para intentar salvar el diálogo y reconstruir la confianza perdida. La Moncloa no descarta un reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, como ha solicitado el president, pero puede haber también otras fórmulas. ERC, por el momento, no apuesta por la ruptura, desmarcándose del independentismo más radical.

Porque lo que ha vuelto a demostrar este caso es que la división en el independentismo es tan profunda que ni siquiera el espionaje es capaz de poner de acuerdo a ERC y Junts. En principio se convocó una rueda de prensa en Bruselas para cerrar filas y anunciar varias querellas, pero en la misma mesa se exhibieron ya las discrepancias entre Carles Puigdemont, que abogó por romper con el Estado, y Oriol Junqueras, que se mantuvo firme en continuar con el diálogo.

Después, las divergencias han aumentado al pedir Laura Borràs, presidenta del Parlament, la dimisión de Pedro Sánchez y de otros cargos del Gobierno, mientras que Aragonés no llegaba tan lejos e insistía en la petición de explicaciones y en la depuración de responsabilidades cuando se conozca el resultado de la investigación que reclama. Exigir dimisiones sin saber qué ha pasado solo es una manera de presionar a ERC para que rompa la mesa de diálogo con el Gobierno.

El Gobierno debe colaborar con la justicia para aclarar el asunto y tomar las decisiones que correspondan con el fin de no dar más argumentos al independentismo más irredento que, por otra parte, tampoco los necesita porque ya ha sentenciado al Estado antes de que se demuestre nada. Pero la gravedad de los hechos y la salud democrática exigen una investigación que refuerce el Estado de derecho.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.