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España no nos roba

Antonio Gallego
01.02.2020
7 min

El independentismo catalán, antes de lanzarse al vacío con declaraciones ilegales de independencia de diferente pelaje, engordó su tradicional discurso de lamentación y confrontación alegando aquello de “España nos roba”. Para justificar esa extremista afirmación, que parece ser que les daba muchos votos y les ayudaba a calentar a su tropa, retorcieron las cifras y las diferentes metodologías de cálculo de los saldos de un territorio con la administración central.

El saldo de la balanza fiscal de un territorio con la administración central es la diferencia entre los beneficios que sus residentes derivan de la actuación de esta administración y su contribución tributaria al sostenimiento de la misma. Para calcular este saldo, resulta necesario coger todos y cada uno de los gastos de la administración central y los variados tributos que los financian y repartir sus rendimientos entre los distintos territorios de acuerdo con algún criterio que permita cuantificar qué parte de cada partida le corresponde a cada uno de ellos. El resultado final del ejercicio es una única cifra por comunidad autónoma que calcula su aportación agregada a la redistribución territorial, o su ganancia agregada como resultado de la misma.

Como ustedes intuirán, te puede salir un resultado u otro en función de los datos que elijas y cómo los distribuyas en la ecuación. Hay dos maneras de hacer el cálculo: el enfoque flujo monetario y el carga-beneficio. En el primero de ellos el gasto público se imputa en base a su destino geográfico, mientras que en el segundo el criterio de imputación es la residencia de sus beneficiarios. La principal diferencia práctica entre los dos procedimientos tiene que ver con el tratamiento de aquellas partidas de gasto público que financian bienes y servicios públicos de ámbito nacional, tales como la defensa, las relaciones exteriores y la superestructura política y administrativa del Estado. El enfoque de flujo monetario atribuye el gasto únicamente a las regiones en las que éste se materializa, mientras que el enfoque de carga-beneficio lo reparte entre todas las regiones en proporción al número de habitantes. Otro debate es si tenemos que neutralizar o no los dos resultados anteriores (obteniendo así 4), imputando en el cálculo el déficit público del año objeto de estudio.

Todos los trabajos serios publicados al respecto incluyen esos cuatro resultados de déficit o superávit fiscal entre Cataluña y España. Los independentistas siempre han elegido el dato que más les interesaba y el que era más ventajoso para apuntalar su lacrimógeno relato. Así, pues, hablar tan a la ligera de que cada año España le roba a Cataluña 16.000 millones, ni tiene fundamento técnico, ni está actualizado, ni es justo. En román paladino, es un dato simplón, demasiado inflado, malintencionado y que sólo trata de seguir fabricando lazos amarillos.

A nadie se le escapa que existen modelos fiscales diferentes en España, diferentes traspasos competenciales a las comunidades autónomas, desiguales modelos de financiación y sustanciales diferencias de riqueza per cápita en los diferentes territorios. Todo eso también afecta los cuatro resultados posibles, que siempre coinciden en señalar que las comunidades forales disfrutan de un superávit fiscal pese a ser de los territorios más ricos del país, que las CCAA que más aportan per cápita son Madrid, Baleares y Cataluña, y que las comunidades peor financiadas (y seguramente las que más derecho tienen a quejarse) son claramente la Comunidad Valenciana y Murcia.

Siempre hay diferencias de financiación entre territorios. Si las calculáramos, las hay en la propia Cataluña, en Barcelona las hay y dentro de cada barrio de una ciudad las hay. No costaría mucho demostrar que, si seguimos el exótico planteamiento nacionalista, Nou Barris le roba a Pedralbes. Afortunadamente, la gente seria que sabe de estas cosas se dedica a hacer otros cálculos más productivos y dejan a la cofradía del santo reproche eso de enfrentar a los barrios de una ciudad.

Como el sistema de financiación autonómico en vigor tiene serias lagunas e imperfecciones, soy partidario de abordar un cambio en el modelo si se dan ciertas condiciones: que exista voluntad real de acuerdo, con números serios encima de la mesa, con vocación de permanencia en el tiempo, con la voluntad de que el resultado iguale a todos los españoles, con la clara idea de que los territorios más ricos deben ayudar a los más pobres, teniendo en cuenta el coste de la vida en cada territorio, que la solidaridad no debe ser ilimitada, que no debe ser objeto de obscenos chantajes políticos, con lealtad institucional y elaborada entre catedráticos apolíticos expertos en la materia.

Sé de buena tinta que todas estas condiciones son mucho pedir. Este no es un tema menor, de hacerlo bien se pueden mejorar mucho los servicios públicos, y por eso espero que alguno de los veintitantos ministros que tenemos ahora intente aproximarse a él con seriedad, equidad, profesionalidad y con el cada vez más inexistente sentido de Estado.

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¿Quién es... Antonio Gallego?
Antonio Gallego

Economista y consultor de empresas. Después de algunos años dedicados al servicio público en el Congreso de los Diputados, Parlament de Catalunya, Diputación de Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat y Ayuntamiento del Prat, ya estoy de vuelta en el sector privado. La ya clásica frase "es la economía, estúpido" sigue siendo plenamente vigente. Por ello, en esta humilde tribuna hablaremos de "las cosas del comer". Espero que no se les indigeste mi visión de la economía.