Seis de cada diez empresas cierran antes de los cinco años, según el Instituto Nacional de Estadística. Estos datos ponen de manifiesto que España es uno de los países con menor tasa de supervivencia en Europa. Las empresas de menos de 9 trabajadores, el 94% de nuestras empresas, más allá de su limitación a la hora de alcanzar economías de escala dada su pequeña dimensión, tienen una serie de dificultades comunes que aparecen en todas las encuestas. 

Los elevados impuestos, la morosidad, los costes energéticos, la financiación ajena, el reto de la digitalización o la difícil captación de talento, son siempre aspectos que preocupan a aquellos valientes que en su día se atrevieron a iniciar un proyecto empresarial. Dicho esto, hoy me detendré en otra de las grandes complicaciones derivadas de una administración pública ineficiente y anticuada: el exceso de burocracia.

Las empresas españolas, desde el primer día, sufren una burocracia administrativa que las asfixia, las desmotiva y les detrae recursos y tiempo. Montar una empresa en España lleva una media de 13 días, según datos del Informe Doing Business del Banco Mundial. Este dato se sitúa muy encima de países vecinos como Francia, con 3,5 días y Portugal, con 4,5 días. La media de los países de la OCDE está en 8,3, por lo que también lo superamos con creces, ocupando la posición 85 en el mundo. Es tal la maraña de gestiones que realizar, que muchos emprendedores ni siquiera son capaces de llegar al final del tortuoso camino y poner en marcha su iniciativa.

Pero ahí no acaba el papeleo y el exceso de regulación. Una vez iniciada legalmente su actividad, la empresa, después de rellenar decenas de documentos y permisos en todas las administraciones habidas y por haber, tendrá que sufrir infinitos cambios normativos que pueden afectarle a sus actividades. Sólo en 2019 se aprobaron 648 nuevas normas a nivel estatal, 309 a nivel autonómico y 1995 a nivel europeo. Más de un millón de páginas con nueva legislación se publicaron el año pasado en España. Estos reveladores datos pretenden ilustrar que este indiscutible y lamentable papeleo sólo añade complicaciones, incertidumbre y amenazas a aquellos que crean empleo.

Deberíamos ir a un marco normativo sencillo, estable y que ayude a las empresas a crecer. Las empresas deben dedicarse a lo que saben hacer. En plena era del “internet de las cosas” no pueden perder tanto dinero y tiempo (valga la redundancia) en contabilidad, facturación, plazos de respuesta pública, reclamaciones de todo tipo, petición de subvenciones, respuesta a inspecciones, trámites varios con la administración, etc…

Estos aspectos limitan el crecimiento de nuestra economía, la creación de empleo, el escalado de empresas y nuestra productividad como país. La “era digital” no puede estar marcada por el papelo.