En la década de los 70, los gobiernos de los países desarrollados intentaron solucionar la crisis de oferta generada por un elevado incremento del precio del petróleo mediante un aumento del gasto público. Una receta socialdemócrata, empleada por gobiernos de derechas e izquierdas, con magníficos resultados durante los años anteriores.

La anterior medida es óptima cuando el problema consiste en una disminución de la demanda. No obstante, se convierte en errónea, si aquel proviene de un gran aumento en el importe de las materias primas, genera una inflación estructural y obliga a cambiar las normas que influyen en la composición de la oferta.

Para combatir una recesión o un elevado incremento del nivel de precios, los gobiernos deben seguir las recomendaciones de la Teoría Económica. Si el problema procede del lado de la demanda, la solución es aumentarla o disminuirla. En cambio, si su origen está en la oferta, las medidas adecuadas deben transformarla con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas del país.

Entre 1974 y 1979, el gran aumento del gasto público permitió a los países desarrollados lograr un aceptable incremento del PIB. En dicha etapa, el crecimiento medio de Francia, EEUU y Reino Unido ascendió a un 3,2%, 3% y 1,8%, respectivamente. No obstante, la inflación promedio se disparó a un 10,7%, 8,6% y 15,7% y la tasa de paro superó claramente en los tres países el 5% en diciembre de 1979. Una cifra excesiva la última, pues la obtención del casi pleno empleo era lo habitual en la década de los 60 y en el inicio de los 70.

En 1981 tuvo lugar la batalla decisiva entre el neoliberalismo y el keynesianismo. La primera opción estaba representada por Reagan (EEUU) y Thatcher (Reino Unido). Ambos priorizaban el control de la inflación al crecimiento del PIB y pretendían reducir el tamaño de la Administración. La segunda tenía como principal figura a Mitterrand (Francia), cuya hoja de ruta para volver al esplendor del pasado consistía en estimular la demanda de los hogares y aumentar la participación del sector público en la economía.

El resultado del partido fue contundente, pues los primeros ganaron al segundo por 5 a 0. El experimento del nuevo presidente francés solo duró 13 meses. En dicho período, sus políticas económicas no lograron un gran crecimiento, pero si consiguieron un elevado aumento del déficit público y el exterior. No obstante, la mayor humillación sufrida por su gobierno fue una doble devaluación del franco en un período tan exiguo.

El 12 abril de abril de 1982, día de la última depreciación, Mitterrand hizo un giro de 180 grados, replicó la estrategia económica del Reino Unido y EEUU y efectuó una gran transformación política. A partir de la anterior fecha, ya no sería nunca más un socialdemócrata clásico, sino un socioliberal. Un gran cambio ideológico al que no dio publicidad, siendo esta una estrategia muy diferente a la utilizada por Blair en la posterior década en el Reino Unido.

Las cuatro elecciones consecutivas perdidas por el Partido Laborista entre 1979 y 1992 llevaron al anterior dirigente a reformular su ideología. De forma explícita, Blair se declaraba partidario de una tercera vía, la que incorporaba según él la mejor parte del liberalismo y de la socialdemocracia. En el Reino Unido, la nueva fórmula tuvo un gran éxito, pues su partido ganó tres comicios seguidos entre 1997 y 2005.

En España, González tomó buena nota del fallido experimento francés y, desde el primer momento, realizó una política socioliberal. Por eso, el vicepresidente Guerra, un representante del socialismo clásico, se quejó en más de una ocasión de su escasa influencia en los Consejos de Ministros. Su frase más famosa al respecto fue “solo soy un oyente”.

Todos los ministros de Economía de González fueron políticos liberales, cuya actuación agradó más a las élites económicas que a los sindicatos. Boyer destacó por la completa liberalización de los alquileres de viviendas, Solchaga por impulsar el capitalismo especulativo y Solbes por crear dos categorías de trabajadores dentro de una misma empresa. La primera englobaba a los que tenían un contrato con ella (los empleados), la segunda a los que lo poseían con una ETT (los subcontratados)

Zapatero aumentó la dosis de liberalismo de los anteriores gobiernos socialistas al hacer suyas las propuestas de reducción de tributos efectuadas por los dirigentes neoliberales. Su frase económica más famosa, así como una de las más falsas, fue “bajar impuestos es de izquierdas”. Disminuyó los tipos del IRPF, de sociedades y bonificó al 100% el gravamen sobre el patrimonio. Como generalmente sucede, los más beneficiados de las anteriores disminuciones fueron los ciudadanos con mayor nivel de renta y riqueza.

En el período final de su mandato, el PSOE perdió por completo su identidad económica, cuando en mayo de 2010 Zapatero, en lugar de dimitir, aceptó aplicar la política de austeridad impulsada por la Comisión Europea. Unas medidas típicamente neoliberales que hicieron que el país volviera a caer en recesión entre 2011 y 2013. Concedían más importancia al nivel del déficit y la deuda pública en relación al PIB que al crecimiento económico, la creación de empleo y la distribución de la renta.

Sánchez siguió la tradición de sus antecesores y nombró como ministra de Economía a la liberal Calviño. Una dirigente sin ninguna empatía social, obsesionada con el déficit público y con agradar a los políticos de Bruselas, pues su sueño es volver allí de comisaría. Afortunadamente, la presencia en el gobierno de Yolanda Díaz ha actuado como contrapeso de Calviño y ha permitido en la actual legislatura aplicar una importante agenda social. En ella, destacan los ERTE por fuerza mayor y la elevada subida del salario mínimo.

No obstante, las repercusiones de las anteriores actuaciones no han servido para contrarrestar los negativos efectos de la elevada inflación sobre los hogares. En primer lugar, por la escasez de ayudas directas a las familias más humildes, en segundo por la lentitud en invertir los fondos europeos y en tercero por la deficiente comunicación efectuada por los tres ministros del área económica (Calviño, Montero y Escrivá).

En la pasada semana, el descontrol ideológico en el PSOE llegó a su cénit. Moreno, el presidente andaluz, bonificó al 100% el impuesto de patrimonio y disminuyó en un 4,3% los tipos autonómicos del IRPF de los tres primeros tramos de renta (los inferiores a 35.200 euros). Una medida que puso muy nerviosos a los presidentes y candidatos autonómicos del partido socialista, dada la pasividad de la Moncloa y la proximidad de sus elecciones.

La reacción de Ximo Puig no se hizo esperar. Pocos días después, actuó como si perteneciera a un partido de derechas y redujo la carga impositiva a todos los que perciben menos de 60.000 euros. La posible réplica de la medida por otros gobiernos autonómicos socialistas obligó al ejecutivo nacional a intervenir. El principal resultado fue la disminución de la tributación de los que ganan entre 18.000 y 21.000 euros.

La batalla de los impuestos ha empezado y está lejos de finalizar. El PSOE ha cometido un grave error, derivado principalmente de su carencia de ideología económica. Ha legitimado la disminución de los pagos a Hacienda como una magnífica manera de aumentar la renta disponible de las familias con menos ingresos.

Una equivocación que le perseguirá durante bastante tiempo y le hará perder numerosos votos, pues ninguna formación de izquierdas que aspire a mantener el actual Estado del Bienestar puede competir con las promesas de los partidos de derecha en materia de reducción de impuestos.

En definitiva, la última semana deja muy clara la desorientación económica del PSOE. Si quería beneficiar a las familias más humildes, la medida idónea era un cheque destinado a la adquisición de alimentos. En lugar de reducir en 740 euros el pago por IRPF a los que ganan 18.000 euros, el gobierno debería haberles facilitado una subvención destinada a la compra de productos básicos por valor de 50 € mensuales. Un subsidio solo válido para adquirirlos en ultramarinos y supermercados que les hagan un descuento del 5% sobre el precio de mercado.

Los partidos han de ser mucho más que un agencia de empleo para sus militantes. Deben tener una ideología y un electorado preferente al que dirigirse. Aquellos que mutan, abandonan la suya y abrazan la de sus competidores poseen un negro futuro, pues los ciudadanos casi siempre prefieren el original a la copia. Si hablamos de disminuciones de impuestos, el primero es el PP y el segundo el PSOE.