Si los Presupuestos Generales son un océano, el Gobierno de Pedro Sánchez ha pagado una anchoa a ERC para su aprobación. Gabriel Rufián se puso estupendo y su partido amenazó con dejar en el aire los grandes números del Estado en su afán de defender el catalán en la nueva Ley Audiovisual amén del gallego y el euskera, las otras lenguas cooficiales. ERC ligó la Ley Audiovisual a los Presupuestos en un órdago totalmente fake. Primero porque las pretensiones de los republicanos chocaban con la legislación europea y segundo, porque ligar presupuestos a Ley Audiovisual era mucho ligar. Nadie los tomó en serio. Ni siquiera el ejecutivo de Sánchez que se puso manos a la obra para encontrar un vericueto que permitiera al bravo portavoz republicano salvar la cara.

Lo encontró y Gabriel Rufián, junto con ERC, se puso ufano declarando la victoria: el catalán se había salvado. Sin embargo, la victoria es más bien pírrica. De cada 100 euros de beneficio, las grandes productoras deberán dedicar a la producción nacional un 5%. Concretando: 5 euros. Y de estos 5 euritos, el 15% se deberán dedicar a la producción de películas o series en cualquiera de las lenguas cooficiales. Es decir, la victoria de ERC son 0,75 euros por cada cien de beneficio. Rufián afinó sus datos para ocultar la realidad y situó la inversión total en 15 millones de euros para la producción en estas lenguas. La cifra sorprende porque si de cada 100 euros se dedicarán a este fin 0,75, para dedicar los 15 millones apuntados por Rufián, las productoras deberían obtener un beneficio de, agárrense los machos, de 2.000 millones, y esta cifra parece que son muchos beneficios.

El precio pagado por el ejecutivo de coalición no parece para nada desorbitado, sobre todo porque el ruido ha superado las nueces. ERC subió mucho las expectativas y lo conseguido no las supera ni de largo. Además, la Ley Audiovisual no ha empezado su recorrido que será lo más parecido a un campo de batalla. Por un lado, los partidos políticos. Por otro, no menos importante, las productoras y los grandes medios de comunicación. El comunicado de UTECA de hace dos semanas ya apuntaba maneras. El enemigo no es ni siquiera Netflix, ni HBO, sino una multinacional francesa. Para los bisoños fue toda una sorpresa. ¿Quién era esta multinacional? La respuesta la tuvimos en minutos: la francesa Vivendi, a la sazón socia del grupo Prisa.

Algunos mal pensados miraron a Moncloa porque en estos días algunas informaciones señalan a Miguel Barroso, consejero del grupo Prisa y de El País, y a José Miguel Contreras, propietario de una productora televisiva con pingües contratos en TVE además de Infolibre, conocidos como “Los Migueles”. En estas informaciones, que van acompañadas de preguntas parlamentarias, se sitúa a Los del Río de la Comunicación en el epicentro de la elaboración de la Ley Audiovisual de la mano del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que les hizo de dama de compañía y les abrió la puerta de la vicepresidenta, Nadia Calviño. Con estos tintes, la Ley del Audiovisual promete ser un campo de batalla propio de una película de buenos y malos, con piratas y corsarios campando a sus anchas. A lo mejor, cuando acabe todo el trámite parlamentario Rufián no tiene nada que llevarse a la boca. Sin duda, ha hecho un mal negocio. Ha conseguido más bien poco y todo se puede quedar en nada. Ha vendido la piel del oso a un precio irrisorio.