Artur Mas no goza de unanimidad entre los independentistas ni tan solo cuando es juzgado por haber incentivado la celebración del proceso participativo del 9N. Se quedó solo con su idea en noviembre de 2014, como explica siempre que puede, se quedó en fuera de juego cuando los socios de la CUP pidieron su cabeza, como sabemos todos, y ahora no ha podido evitar las críticas en público y en privado por haber optado por una defensa de bajo tono patriótico, negando cualquier voluntad de desobediencia y agarrándose a los defectos formales de la suspensión y la notificación de consecuencias por parte del Tribunal Constitucional.

La certificación de la existencia de dos maneras de entender el enfrentamiento con el Estado de derecho en el seno del movimiento soberanista, en las largas vísperas de una posible convocatoria de un referéndum unilateral, es una amenaza para sus planes. Es una repetición de lo vivido en 2014 y todos recuerdan la profunda crisis que se abrió en aquel momento entre CDC y ERC.

Esta experiencia invita a pensar que en el último alegato que hará Mas ante el tribunal el tono de su declaración se calentará unos cuantos grados, asemejándose al discurso habitual ante los medios de comunicación. A menos que el expresidente esté dispuesto a correr el riesgo de echar por la borda el capital político que le aporta el juicio por buscar una declaración de inocencia. Una absolución le abriría las puertas a seguir en activo y a la vez oscurecería su aureola de víctima de un juicio político.

Si Mas no reacciona retóricamente ante el tribunal, habrá entregado toda la epopeya de la causa a Forcadell

El fracaso de Mas sería que este juicio se convirtiera en unos pocos meses en el recuerdo de un ensayo general del gran juicio por desobediencia de una desobediente convencida y aguerrida como será el de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Difícilmente en esta causa se habrán producido los defectos de forma detectados en el del 9N. El trasiego de funcionarios judiciales para entregar en mano las notificaciones de prohibición y advertencia de las consecuencias de la desobediencia debe tener este objetivo. Además, al ser la acusada la segunda autoridad de Cataluña en el ejercicio de su cargo, la relevancia institucional de la causa será mucho mayor, así como sus consecuencias: la inhabilitación abriría una secuencia política de difícil precisión ahora, pero de evidente tensión parlamentaria y altamente movilizadora.

En el fondo este es el juicio de CDC-PDECat y el otro será el de ERC. Y no parece una cuestión menor dadas las pésimas relaciones entre ambas fuerzas, indisimuladas y crecientes ante las perspectivas electorales de unos y otros. Los republicanos hace tiempo que dejaron de ser un elefante en cacharrería para convertirse en un gato que se mueve ágilmente entre los restos del naufragio de CDC y las trampas callejeras de la CUP para alcanzar cuanto antes la presidencia de la Generalitat. El desarrollo del juicio por el 9N parece reforzar las razones de su desconfianza por aquella idea y por su impulsor. Si Mas no reacciona retóricamente ante el tribunal, habrá entregado toda la epopeya de la causa a Forcadell. Y el gato republicano se relamerá, saboreando su triunfo.