España no funciona. Hemos tenido que llegar casi a los 800.000 contagiados en la epidemia, que pueden subir hasta el millón en esta segunda ola, para entender que tenemos un problema sanitario, económico y, en definitiva, de eficiencia. No ha sido causado por la monarquía y nada prueba que una república lo mejoraría por más que algunos políticos quieran entretenernos con esa inútil discusión o con tantas otras sin interés práctico. La cuestión fundamental es la Administración del Estado. Ha envejecido mal, con instituciones obsoletas y solapadas, y unos costes públicos mal repartidos.

El Covid nos ha puesto frente a la cruda realidad. Hay dos Españas: la de políticos y funcionarios, con sueldos asegurados pase lo que pase, y la del resto de los ciudadanos, sin empleos o ingresos fijos (cierran negocios, sufren recortes y se arriesgan cada mañana a salir a la calle para subsistir).

Que la Administración no funciona te lo explican, agotados, los españoles que intentan jubilarse. No hay forma de obtener la tan publicitada cita previa; si te acercas a alguna oficina, un segurata te impide el paso y te da un papelito con un número de teléfono que no funciona. Conozco personas que llevan meses a la espera de la jubilación o del trámite del desempleo. Si lo intentan por internet, el diálogo se cierra con un sus datos no coinciden con los nuestros. Es el vuelva usted mañana, pero sin ventanilla.

¿Dónde están los funcionarios de la Seguridad Social y de otros organismos públicos? Mientras lo averiguamos, peluqueras, camareros, cajeras, autónomos de distinto tipo salen cada día de su casa para poder seguir cobrando un sueldo o conseguir facturar. Empresas y comercios se han gastado sus ahorros en mamparas de plástico, geles, guantes y nuevos procesos para recibir a los clientes. Los jóvenes médicos residentes, entre tanto, piden menos aplausos y más salario.

Jubilados y futuros receptores del Ingreso Mínimo Vital acabarán cobrando, pero habrá que rezar para que sus ahorros financien tan larga espera. Las administraciones, esencialmente en las grandes ciudades, se encuentran colapsadas. El Covid destapó el dinero mal gastado y la falta de inversión donde más importa. En la atención primaria, por ejemplo.

Los partidos españoles, aun viendo que el PIB español va a caer más del 12% y que el paro puede llegar al 18%, no han tenido un gesto de solidaridad con la ciudadanía, más allá de la palabrería. Ni siquiera quienes gobiernan poblaciones devastadas por el virus han planteado reducirse el sueldo, el número de asesores o los Observatorios de la nada.

La noticia de la reducción de un tercio del número de diputados y senadores aprobada en Italia hace unos días recibió elogios por doquier. Los que aplaudían no eran de derechas ni votantes de Vox. No se engañen, una administración costosa y burocrática no es más progresista que una leve y eficaz. Sería razonable que se redujeran los gastos de la política, al igual que menguan los de la empresa.

Lo sensato hubiera sido reformar la Administración durante las épocas de vacas gordas; pero en esas décadas del boom anteriores a la crisis de 2008 ni siquiera se consiguió cerrar diputaciones o delegaciones del Gobierno. No voy a entrar en el juego de si tenemos más o menos políticos por habitantes que otros países europeos. Las cifras son poco fiables. Pero es una Administración complicada, duplicada y hasta triplicada, llena de estamentos que facilitan el clientelismo político.

Imitando un juego infantil de construcción, hemos creado nuevos niveles de Gobierno (autonomías, consejos comarcales, televisiones públicas nacionales, autonómicas y locales…) sin deshacer las viejas instituciones. Hemos construido encima. Son lugares de poder y de colocación. A la mujer de Puigdemont le han renovado el contrato para un programa en la red de televisión de la Diputación de Barcelona (sí, también tienen su tele). La esposa del expresident residente en Waterloo cobra 6.000 euros mensuales por un programa semanal de dos horas... en inglés. Es solo un detalle de por donde se escapa el dinero público.

Hay que reformar la Administración del Estado para que los ciudadanos confíen en que sus necesidades primarias (el trabajo, la sanidad, la educación…) están aseguradas. Establecer dos categorías de españoles, los que cobran un sueldo seguro, para siempre, y los que se lo tienen que ganar cada día, llueva, truene o caiga una epidemia, es una peligrosa división que lleva al aumento de los extremismos. El Covid ha sacado todas nuestras vergüenzas y agotado a los españoles. Gobiernos y oposiciones tienen que dejar de discutir. Pactar para que el Estado funcione.