A partir de enero del año que viene cerca del 30% del parque automovilístico tendrá vetado el acceso a las zonas de bajas emisiones de ciudades de más de 50.000 habitantes. Las 148 ciudades que superan este umbral albergan a más de 25 millones de habitantes, o sea, el 53% de la población española. Y son las ciudades que, lógicamente, cuentan con la mayor oferta cultural, comercial y de ocio de nuestro país. La tercera parte de la ciudadanía tendrá, por tanto, vetado el acceso en vehículo propio a la gran mayoría de las mejores tiendas, teatros o restaurantes. Por mor de una legislación de máximos vamos abriendo una brecha cada vez mayor entre urbanitas y personas vinculadas al ámbito rural, entre jóvenes y viejos, entre ricos y pobres.

Los coches proscritos ahora serán coches de gasolina de más de 20 años o diésel de más de 15. Los números cantan, hay muchos de estos coches rodando en España. La evidencia nos la da la edad media del parque español, cerca de 14 años. Y salvo rarezas quien tiene un vehículo de 15 o más años suele ser porque no puede comprarse uno nuevo. Y tras los vehículos sin etiqueta, los afectados ahora, vendrán más restricciones hasta que todos vayamos en un maravilloso coche 100% eléctrico.

Tener un parque tan antiguo genera problemas mucho más allá de la contaminación. Los coches son cada día más seguros y fiables por lo que quien conduce un vehículo de 20 años de antigüedad tiene más posibilidades de tener un accidente con consecuencias lesivas para su salud que quien conduce uno nuevo. Sin duda hay que incentivar la renovación del parque, pero con sentido común. Hacemos tanto ruido en favor del coche eléctrico que dejamos desasistida a una gran parte de la población. Cambiar un coche de 20 años por uno de 8 sería un gran avance, pero no, queremos que la gente se compre un coche eléctrico aunque no tenga donde enchufarlo.

El avance de la infraestructura de recarga avanza, como es lógico, muy lentamente en España. El modelo económico de las electrolineras no se sostiene, especialmente mientras no se deje de castigar tan severamente la reserva de potencia en el recibo de la luz, y el número de estaciones de carga rápida en España es ridículo. Mientras tanto los legisladores siguen su camino sin importarles la realidad.

Este año no llegaremos a los 15.000 puntos de recarga, haciendo inviable la meta volante de 70.000 puntos para el año que viene, necesaria para llegar a los 340.000 en 2030. Y si 15.000 puntos de recarga son pocos, el número de puntos de carga rápida, los que hacen posible un viaje “normal”, es simplemente ridículo. España significa el 12% de la superficie europea, pero solo contamos con el 3% de las estaciones de carga. Al paso que vamos no solo tendremos un problema de movilidad nacional, sino, también, de atracción del turismo porque los turistas europeos que vengan con coche eléctrico tendrán serios problemas para recargar sus coches.

Avanzamos hacia un callejón sin salida, una legislación tremendamente agresiva contra los vehículos con motor de combustión interna, incluso los híbridos enchufables, y una realidad de espaldas al desarrollo de la electrificación. Esto nos va a llevar a cada vez más personas sin acceso a movilidad propia, lo que es un drama para media España, la media España que no tiene acceso a un transporte público del siglo XXI. Vamos a vaciar aún más la España vaciada porque vamos a prohibir a sus habitantes venir a las ciudades para ir al teatro, al restaurante o incluso al médico. Vamos a crear ciudadanos de primera, con acceso a transporte público intermodal, y de tercera, condenados a moverse cuando un autobús pase por su pueblo. Es curioso que un gobierno autoproclamado progresista deja a cada vez más gente fuera del sistema.

El año que viene arranca una batería de medidas que obligarán a poner puntos de carga en párkings públicos o en gasolineras. Los pondrán, no tendrán más remedio, aunque está por ver cuántos funcionarán y cuántos se utilizarán. A pesar de que hay pocos puntos de recarga no todos están operativos, sea por falta de permisos, sea por falta de uso. Sería bueno hacer cómplices a las eléctricas. El impuestazo que se les viene encima podría mutarse por un plan de desarrollo de red de recarga en lugar de seguir engordando las arcas públicas para dar subvenciones a casi todo lo que no importa a la mayoría.

Probablemente la obligatoriedad de adoptar una tecnología inmadura sin pensar en sus consecuencias sea uno de los mejores ejemplos de cómo se legisla hoy, muchas veces de espaldas a los intereses reales de los ciudadanos.