De hace ya un tiempo, la política madrileña es de una sorprendente radicalidad y crispación. A ello ha contribuido de manera destacada su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con esa combinación de “hablar sin tapujos” y de convertir a su Comunidad en un ejemplo de desregulación y reducción impositiva.

Así, esta misma semana, ha denunciado la larga mano comunista en la preocupación por el cambio climático, ha alertado de la semejanza del gobierno español con la Nicaragua de Ortega y ha seguido apostando por reducciones fiscales. Una batalla incesante a la que nos vamos acostumbrando, entre el alborozo de unos y el desagrado de otros que denuncian, principalmente, la degradación de servicios públicos esenciales.

Pero estos días, esa guerra mediática y parlamentaria ha llegado ya a las trincheras de verdad, con el caos sanitario y el anuncio de huelga médica. El malestar entre los profesionales de la salud es enorme, pues no sólo padecen el deterioro de la sanidad sino que, para mayor escarnio, ello sucede mientras los rectores políticos de la Comunidad siguen presumiendo de mayor crecimiento económico y menor fiscalidad.

Sin embargo, la lógica acaba por imponerse, empezando por certificar que los milagros no existen: la fractura social en Madrid va enquistándose como bien anuncian diversas ONG y el mismo relator especial de la ONU sobre pobreza y derechos humanos

Pero la gran cuestión no es tanto si existe deterioro, que lo hay, como si hay voluntad por recomponerlo o si, por el contrario, esta fractura forma parte de un modelo determinado de sociedad. Me temo que en la propuesta que defiende la presidenta, los más desfavorecidos no cuentan demasiado, al asumir como natural que una parte de la ciudadanía vaya quedándose al margen del bienestar.

En este sentido, un 40% de ciudadanos de Madrid cuenta con un seguro médico privado. Un porcentaje muy superior al del conjunto de España y que va al alza de manera acelerada. La situación es aún más contundente en la educación, pues solo el 40% de los alumnos de la capital van a centros públicos.

Lo privado responde mejor a ese singular concepto de “sociedad abierta” que defienden Ayuso y los suyos pero, además, los usuarios de lo privado representan una mayoría de los ciudadanos con derecho a voto. Así las cosas, para qué preocuparse por recomponer una sociedad cada vez más fracturada.