La intervención del presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, denunciando la mal entendida competencia fiscal entre comunidades, inició una semana en la que este se convirtió en uno de los grandes temas del debate público. Así, según resaltaba, la menor fiscalidad en renta, patrimonio y sucesiones otorga a Madrid unas ventajas competitivas muy claras frente a Cataluña y, también, la mayoría de comunidades.

Al debate contribuyó especialmente la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al defender apasionadamente su modelo ante la previsible iniciativa socialista por armonizar impuestos en el conjunto de España, y a la que pretende responder con nuevas rebajas fiscales. Tan segura anda que, incluso, anunció su intención de, ante posibles deslices del consistorio barcelonés, ir a por el Mobile World Congress.

Conforme a los tiempos, las actitudes divergen radicalmente entre unos y otros. Así, desde Cataluña el discurso político tiende a culpar del desajuste a la inercia centralista y a la mala financiación de Cataluña, que se ve obligada a aumentar impuestos para financiar los servicios públicos esenciales. Además, señalan, Madrid se beneficia del difuso pero relevante, y creciente, efecto capitalidad. En sentido contrario, se argumenta que la menor fiscalidad es consecuencia del buen hacer de sus gobiernos frente al descalabro de la Generalitat y que, además, si la fiscalidad difiere es porqué, en su momento, Cataluña era la más interesada es disponer de capacidad normativa propia.

En cualquier caso, lo relevante es que, según señala Foment, el modelo actual carece de sentido. Por diversas razones. Desde un punto de vista económico, resulta muy difícil evaluar la acción de un gobierno cuando el modelo de financiación autonómica es tan confuso y, además, hay una notable asimetría entre la autonomía de ingreso y la de gasto. A su vez, en una Europa que necesita avanzar hacia la armonización fiscal, resulta un contrasentido que las comunidades españolas caminen en sentido contrario.

Desde la política, esa diferencia impositiva, que estimula la concentración de poder económico en Madrid, debilita la cohesión territorial en España. La prueba la tenemos en ese creciente sentimiento de pertenencia periférica, que ya ha adquirido formulación política con la emergencia de nuevos partidos de ámbito autonómico, o provincial, con representación parlamentaria. A su vez, cabría preguntarse si para una comunidad con superávit en sus cuentas, lo más sensato es iniciar una carrera impositiva a la baja o, en el contexto actual, aprovechar esos excedentes para políticas sociales que, por cierto, son tan necesarias en Madrid como en cualquier otra ciudad española.

La llamada competencia fiscal, tal como se viene articulando, resulta incomprensible para quienes creemos en el sentido de una España articulada. Aún más difícil de entender que la élite madrileña, que tanto denuncia la fragmentación legislativa que atenta a la unidad de mercado, se enorgullezca del oasis fiscal en que se va convirtiendo su comunidad. Seguramente sus intereses no son los de esa España, que tanto dicen defender.