Esta semana han llegado buenas noticias de Bruselas: la Comisión Europea se ha decidido a regular el empleo en las plataformas digitales. Una intervención que pretende, en una primera fase, regularizar a más de cuatro millones de trabajadores que operan en empresas de reparto como falsos autónomos. Para más adelante queda pendiente el abordar otras plataformas que ofrecen servicios profesionales y que pueden llegar a superar los cuarenta millones de trabajadores.
Dos son las principales razones por las que la Comisión ha decidido finalmente actuar. De una parte, son ya años en que se suceden sentencias judiciales de diversos países de la Unión Europea que condenan el modelo de los repartidores. De otra, la Comisión considera que no pueden tolerarse unas contrataciones que no responden a los valores fundamentales del proyecto europeo. Ello, tanto por la remuneración y precariedad, como por sujetar a personas a los designios y valoraciones de un algoritmo. Así las cosas, ha decidido intervenir para sentar unas bases comunes para toda la Unión.
La iniciativa comunitaria resulta positiva, en línea con tantas otras que, de siempre, pretenden contribuir a un mercado único europeo. Pero el caso que nos ocupa adquiere una dimensión ciertamente histórica, en la medida en que la Comisión apuesta por regular una economía global y digital que, por lo novedoso y desarraigado de su personalidad, puede fácilmente sortear los marcos normativos nacionales.
Una de las mayores cuestiones de los últimos tiempos es cómo gobernar una globalización y revolución tecnológica acelerada y desregulada, que rompe viejos equilibrios sin proponer otros nuevos. Incapaces los estados de abordar dicho reto, la posible respuesta recae en espacios supranacionales. Como ha hecho la Comisión Europea. Una excelente noticia.
