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El díscolo Torra

María Jesús Hernández Elvira
5 min

El  Código Penal sanciona como delito la desobediencia. Cometen el mismo quienes desobedecieren gravemente a la autoridad, así como aquellos que faltaren al respeto y consideración debida. Pues bien, como se ha jactado de evidenciar el president de los separatistas (que no de todos los catalanes), las normas están para incumplirlas y las resoluciones de las autoridades... también.

El hecho de que continúe en su desobediente actitud y tenaz oposición no nos sorprende, pese al apercibimiento de incurrir en delito que le realizó la Junta Electoral. Y es que lo que la autoridad le ordenó no es retirar los lazos amarillos porque sea un color que favorece poco, sino porque es un símbolo partidista, para ser más concretos, separatista y propio de determinadas formaciones políticas.

Resulta que nuestra legislación electoral obliga a mantener la igualdad de armas, o principio de neutralidad institucional, con mayor énfasis durante el periodo electoral y no permite la utilización partidista. Por ello, edificios públicos y autoridades que los representan, deben mantener una rigurosa neutralidad política, por más extraño que pueda parecer a los que dicen defender la “libertad de expresión”. Libertad de expresión que es entendida por algunos como el derecho a expresar lo que solo unos quieren, en lugar de como el derecho de TODOS a expresar ideas y opiniones.

Pero el señor Torra, en lugar de cumplir con las normas de TODOS y jugar de forma limpia, va y nos cambia el color del lazo. Espero que no crea que somos tontos y que la Junta Electoral Central va a entender que cambiando el lazo amarillo por uno blanco ha cumplido con su requerimiento. El recurso al mensaje, que tratando de ser subliminal no es más explícito porque no puede serlo, no solo no es ortodoxo, sino que es ilícito.

El empecinamiento en incumplir la Ley y la falta de compromiso con la responsabilidad de representación a la pluralidad de la ciudadanía que tiene todo político, sigue siendo sangrante en el caso del señor Torra. El caciquismo siempre ha tenido su público, y los abusos de la posición política lamentablemente siguen estando a la orden del día. La utilización en propio beneficio de fondos públicos continua dándose, porque me imagino que el lazo blanco y las nuevas pancartas no las han hecho en casa con una sábana, sino que a costa del dinero de todos, eso sí "por la libertad de expresión".

Lamentablemente el señor Torra y compañía se empeñan en judicializar la causa catalana, por más que digan lo contrario, provocando una y otra vez la intervención de fiscales y jueces. No cabe en cabeza alguna que el incumplimiento reiterado de las normas que rigen para todos los ciudadanos españoles, no sean de aplicación al president y sus aliados. Claro que sí, ya confesó en una entrevista en la radio que no sabe qué es ley y qué es democracia, entre poco y nada se puede esperar del personaje.

Una vez más tendrá que ser de nuevo la Justicia la que tome medidas, la de ese "Estado opresor" que permite a miles de independentistas manifestarse libremente y sin incidentes en pleno centro de la capital. Esperemos algún día caiga la venda de los ojos a quienes siguen apoyando esta errática derrota de un díscolo amante de lo ilícito y provocador, que en lugar de incumplir sistemáticamente el marco normativo tendría que estar defendiendo el desarrollo de la tierra que dice amar y quiere independizar y que con su actitud no hace más que perjudicar.

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maria jesus hernandez elvira

Nacida en 1970, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, Máster Triple en Derecho Público Internacional y Máster en Derecho Procesal. Cursó oposiciones a la carrera judicial y desde 1999 hasta 2013 ejerció como jueza en Canarias, dictando más de 5.000 sentencias. Desde 2013 hasta 2015 trabajó en bufetes de abogados españoles de primer orden, como Ontier España (Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza) y Rousaud Costas Duran (RCD) como responsable del Departamento de Derecho Penal y de Corporate Compliance, hasta que decidió crear CHR Legal junto con Josep Maria Cusí y Juan Roda, siendo la socia directora del Departamento de Derecho Penal y de Corporate Compliance.

Autora de varios artículos para revistas especializadas y con experiencia en la enseñanza, impartió clases de Derecho Civil II en la Escuela de Prácticas Jurídicas de Lanzarote, fue profesora en ICADE y ponente habitual en el Colegio de Economistas de Cataluña. Ha colaborado en la publicación Memento Concursal Francis Lefebvre 2015.