La petición de dimisión de Salvador Illa como ministro de Sanidad por su condición de candidato a la presidencia de la Generalitat se ha convertido en un clamor que recorre el espectro político desde PP a los Comunes. De todas las circunstancias que rodean la apuesta socialista por el ministro ésta, su condición de ministro de sanidad en tiempos de la tercera oleada de Covid, es la más peliaguda, en todo caso, inevitable.

Los entresijos de la sustitución de Miquel Iceta por Illa han encontrado una explicación a posteriori suficientemente convincente para superar sin mayores contratiempos el cambio de candidato. Desde el momento que el primer secretario del PSC ofreció y lideró la versión oficial, las dudas se desvanecieron; sin embargo, la permanencia del candidato en el ministerio ofrece a la competencia de derechas e izquierdas un flanco débil que intentan aprovechar a destajo.

Dimitir para ir en una lista electoral no se lleva, no hay ninguna ley que lo convierta en incompatible, ergo sería casi una extravagancia o una necesidad electoral por entender que el cargo le perjudica y necesita todas las horas del día para asentar su candidatura. Pere Aragonés compagina con total normalidad su condición de presidenciable con la de presidente en funciones en calidad de vicepresidente de la Generalitat; la consellera de Sanitat, Alba Vergès, figura también en la candidatura de ERC sin que nadie haya pedido su dimisión, al menos por este detalle en concreto; Laura Borràs no dejará de ser diputada en el Congreso hasta que sea elegida diputada autonómica por JxCat como tampoco Meritxell Budó dimitirá como portavoz del gobierno, y así todos y todas.

Pedro Sánchez fue a elecciones sin salir de Moncloa y Ada Colau optó a la reelección sin abandonar la alcaldía. Habrá que esperar a ver si la ministra de Trabajo Yolanda Díaz deja el ministerio  para concurrir a unos comicios, en el caso de mantenerse el pacto PSOE-Unidas Podemos hasta el último día de la legislatura. Ya sabemos que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no tuvo reparo alguno en mantenerse en el cargo para optar como presidenciable por el PP. Por ahí, todo en orden.

La cuestión delicada no es pues que un candidato electoral siga ejerciendo su cargo público por ser esta casi una norma general, sino que la responsabilidad del señalado sea la de la sanidad estatal en las tristes circunstancias por las que pasamos. Salvador Illa ya ha dicho y repetido que se mantendrá en el ministerio hasta el inicio de la campaña electoral, está en su derecho, pero podría pagar un precio por esta decisión. De hecho, de haber dimitido al instante de ser proclamado candidato, también habría sido criticado por salir huyendo, sin previo aviso, de la alta responsabilidad que viene asumiendo desde marzo. La decisión de convertir al ministro de Sanidad en candidato autonómico en plena pandemia sería siempre controvertida, con dimisión inmediata o aplazada, porque es una apuesta de riesgo, de las que gustan a Pedro Sánchez.

La “moda Illa” desatada desde hace una semana desvela la existencia de un cierto estado de ánimo del periodismo de todos los colores, muy necesitado de jugadas maestras protagonizadas por los adversarios del independentismo, para variar. Algunos suspiran con un nuevo tripartito de izquierdas y otros quisieran que el resultado fuese un gobierno constitucionalista. Tal vez todo acabe con un notable ascenso del PSC que lleve a Illa a convertirse en jefe de la oposición. Ya veremos, por ahora, las aguas del estanque catalán han sido removidas de forma efectista por un cálculo demoscópico. Habría que tener presente que José Montilla obtuvo 37 diputados para presidir el segundo tripartito, un 27,38% de los votos.

La gestión de Illa en el ministerio ha sido tan buena o tan mala como la mayoría de responsables de sanidad de la Unión Europea durante la pandemia. Es evidente que los expertos del gobierno Sánchez piensan que incluso se puede obtener un rédito electoral de la misma, quizás por contraposición al desbarajuste cósmico del gobierno Aragonés-Budó en esta delicada batalla por la salud y la recuperación económica. Una vez llegados a la conclusión de una consolidada proyección pública de Illa y de una valoración positiva del ministro por su gobierno delegado de los estados de alarma, la decisión estaba cantada: la capitalización del crédito de Illa debía hacerse efectivo de inmediato.

Unas próximas elecciones quedarían lejos y nunca se sabe cuánto tiempo resisten las percepciones favorables en los ciudadanos respecto de un ministro, ni cómo acabará la tragedia del virus ni cuál será la valoración final de la sociedad para todos los gobiernos y sus múltiples y controvertidas decisiones a los largo de estos meses y de los que quedan por delante. Este “ahora pinta bien, según las encuestas”, combinado con el lógico “es difícil prever cómo evolucionarán las cosas" ayudaría a los expertos a convencerse de que debían resignarse a la polémica sobre su dimisión como responsable de sanidad.