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Diez años de prórroga social en Cataluña

Raúl Moreno
6 min

Vivimos enzarzados desde hace años en el debate identitario. El llamado “encaje” de Cataluña y España a propósito del proceso independentista ha evolucionado al debate sobre democracia, libertad y legalidad. Estos y otros términos ocupan de una u otra manera el tiempo político y mediático. Es tal la centralidad de esos debates que a menudo actúan como muro de contención de otros que deberían ocuparnos y preocuparnos. La realidad es muy tozuda, y la falta de iniciativa política durante estos años nos deja un presente muy complicado y un futuro muy incierto.

En Cataluña vivimos con prórroga presupuestaria desde el año 2017, pero en prórroga social desde hace diez. La despreocupación ha llegado a tal punto que este año ni siquiera el Govern de ERC y JxCat ha presentado los presupuestos en el Parlament. No ha existido en todo este tiempo ni una sola medida eficaz para paliar la situación de exclusión social que afecta a miles de familias. La Renta Garantizada de Ciudadanía celebra sus dos años en vigor con un dato nada esperanzador: con un 23%, Cataluña lidera la tasa de pobreza en comparación con el resto de comunidades autónomas. Una situación que afecta especialmente a mujeres, personas mayores, personas inmigradas y familias monomarentales. Lideramos también la pobreza infantil, y nuestra capacidad de reducción de la exclusión social mediante políticas de rentas y prestaciones es mínima.

De hecho, Cataluña destina un 20% menos a sanidad, educación y servicios sociales de lo que invertía en el año 2009, o lo que es lo mismo, invierte 606 euros menos por habitante. Y hay que destacar que esa reducción es especialmente hiriente en lo que se refiere a políticas sociales, ya que aquellas que no lo son sí han visto incrementado levemente su presupuesto. Destinamos menos a sanidad y educación que el resto de comunidades autónomas. Tan solo en servicios sociales se han aumentado poco más de 20 millones de euros: una cantidad insuficiente que nos sitúa en un 0,73% de la inversión total en ese ámbito, cuando la media española es de 11%.

Los últimos indicadores citados y publicados por Idescat y por el Índice de Desarrollo de Servicios Sociales tendrían que ser suficientes para alertar al Govern de las consecuencias de su inacción, y deberían empujarnos a todas las fuerzas políticas a buscar las soluciones necesarias a la crisis social que vivimos. Hay quien piensa que los próximos presupuestos de la Generalitat pueden ser una vía de salida a la situación actual. Pero mucho me temo que, con los datos adelantados por el Govern, los futuros presupuestos no recogerán la inversión necesaria para revertir lo que los mismos partidos de gobierno recortaron durante de la crisis.

Cuando hablamos de políticas sociales hay que hablar inevitablemente de política económica. Necesitamos ingresar más para gastar más. Pero más allá de la inversión, preocupa por igual la falta de modelo y la ausencia de debate sobre cómo queremos que sea la Cataluña social del futuro, tanto para aquellos que la sueñan independiente como para los que la vivimos autonómica. Falta proyecto.

Urge equiparar las prestaciones de las familias numerosas a las familias monomarentales. Deberíamos estar diseñando un nuevo sistema de atención que afronte el inminente envejecimiento de la población, asumiendo que con el actual modelo será imposible tener una tercera edad plenamente atendida. No debemos resignarnos a ver crecer las listas de espera en sanidad. Necesitamos un nuevo sistema de protección a la infancia y la adolescencia que evite que también los menores estén en lista de espera para acceder a un recurso residencial. Hay que incrementar inevitablemente las partidas sociales mediante una reforma fiscal justa y progresiva, que permita descongelar las tarifas para asegurar una calidad en el servicio y unas buenas condiciones laborales por parte de aquellos/as que los prestan. Si hemos decidido acertadamente que la escuela debe ser inclusiva, debe serlo de verdad. La Ley de la Personas Mayores, las personas con discapacidad o el modelo de dependencia deben dejar de ser un Powerpoint. La Renta Garantizada de Ciudadanía no puede ser interpretada por el Govern como una extensión de la anterior Renta Mínima de Inserción. Y habría que desplegar alguna de las leyes sociales aprobadas y sin reglamento, en algunos casos, desde 2010.

Imaginemos por un momento que cae el muro de contención que dificulta que estos y otros temas ocupen la centralidad de la agenda política. Las preguntas serían: ¿Debe Cataluña ser gobernada por aquellos que dicen llamarse de izquierda a la vez que mantienen unas agónicas partidas sociales? ¿Puede un gobierno abiertamente dividido hacerse cargo del futuro de siete millones y medio de catalanes? ¿Debemos ser gobernados por aquellos que no saben dónde van? Evidentemente, no. De ahí su interés por seguir apuntalando el muro.

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¿Quién es... Raúl Moreno?
Raúl Moreno

Diputado del PSC en el Parlament de Cataluña y ponente de la Renta Garantizada de Ciudadanía.