En el Ayuntamiento de Barcelona la gestión brilla por su ausencia. En cambio, reina por completo la ideología. Al ser partidaria del decrecimiento económico, uno de los principales objetivos de la alcaldesa es dificultar la realización de negocios en la ciudad, especialmente si éstos están relacionados de manera directa o indirecta con el turismo. A tenor de las declaraciones y actuaciones del equipo municipal, los turistas en el siglo XXI son lo más parecido al diablo en la Edad Media. En otras palabras, los culpables de casi todos los males.

No obstante, como la mayoría de los actuales dirigentes son comunistas 2.0, no entienden ni quieren comprender el impacto que tienen sus leyes y normativas sobre la oferta y la demanda de bienes, servicios o activos. Debido a ello, algunas de las destinadas a perjudicar a empresarios y propietarios de inmuebles, tienen toda la perspectiva de que acabarán favoreciéndoles

Uno de los colectivos más beneficiados serán los propietarios de plazas de estacionamiento o garajes, si finalmente se modifican las normas urbanísticas del Plan General Metropolitano que regulan el aparcamiento. El actual equipo municipal considera que existe un exceso de oferta, pues en la actualidad hay 640.000 disponibles para 570.000 coches. Su diagnóstico es claro: debemos reducir la oferta futura para equiparar a ésta con la demanda. Las medidas planeadas consisten principalmente en reducir las plazas ofertadas en las nuevas viviendas protegidas y libres. En las primeras, pasar de 1 a 0,25 por piso; en las segundas, de un mínimo a un máximo de una unidad por cada inmueble.

En el Ayuntamiento de Barcelona la gestión brilla por su ausencia. En cambio, reina por completo la ideología

Si alguien me preguntara la ideología del partido que impulsa dicha medida, mi rápida respuesta sería: una formación de derechas que pretende subir el precio de venta de las plazas de aparcamiento y el de alquiler por minuto de los garajes. Por tanto, un partido que quiere beneficiar a sus propietarios y perjudicar a los que las alquilan. En principio, exactamente lo contrario de lo que proclama Barcelona en Comú.

En relación a las medidas de Ada Colau, los propietarios de hoteles tienen un sentimiento dual. No lo reconocerán, pero a la mayoría les encanta la moratoria instaurada por la actual alcaldesa. Al restringir la oferta, dada una demanda internacional de compra creciente, el precio de sus establecimientos se ha disparado en los dos últimos años. Un aumento sustancialmente superior al observado en Madrid, a pesar de que el ciclo inmobiliario en ambas ciudades es muy similar.

Por el contrario, los hoteleros están indignados con las restricciones a las reformas de sus establecimientos que fija el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos. La nueva normativa estable que la rehabilitación integral, de los ubicados en las zona más turística de la ciudad, debe comportar necesariamente una reducción del 20% de sus habitaciones. Sin duda, un gran incentivo para que los propietarios dejen de invertir en su conservación y los hoteles sufran un progresivo deterioro.

Si así sucede, la calidad de los servicios que ofrecen disminuirá, la ciudad será mucho menos atractiva para los visitantes de elevado poder adquisitivo y los ingresos proporcionados por el turismo se reducirán. Exactamente lo contrario de lo pretendido y conseguido en los últimos 25 años por los alcaldes que la han precedido.

En relación a las medidas de Ada Colau, los propietarios de hoteles tienen un sentimiento dual. No lo reconocerán, pero a la mayoría les encanta la moratoria instaurada por la actual alcaldesa

Un par de datos, así lo atestiguan. En 2015, los norteamericanos fueron los turistas extranjeros que más visitaron la ciudad (626.549), siendo los segundos, a corta distancia de los británicos, que más pernoctaciones realizaron en ella (1.636.844). En gran medida, como consecuencia de que Barcelona es el puerto de salida o llegada de numerosos cruceros. Un actividad que la alcaldesa quiere regular, un sinónimo en su peculiar vocabulario de restringir.

Otro de los sectores perjudicados es el de los restauradores. El principal motivo es una aplicación muy estricta de la normativa de terrazas elaborada por el alcalde Xavier Trias. Dos constituyen los argumentos para realizar tal interpretación: son principalmente utilizadas por los turistas y suponen un uso privado del espacio público.

La primera justificación ha sido completamente invalidada por un estudio realizado por la Universidad de Barcelona. En él queda reflejado que el 82,9% de los clientes son vecinos de la ciudad, el 2,7% residen en el área metropolitana y sólo el 14,4% son turistas. La segunda queda anulada por el mero hecho de que su uso constituye un servicio muy demandado por la ciudadanía, como refleja el gran éxito que tienen en cualquier barrio de la ciudad. Además, los bares y restaurantes no utilizan gratuitamente dicho espacio, sino que sufragan tasas muy elevadas.

Los argumentos expuestos en las líneas anteriores son sólo unos pocos ejemplos, pues hay muchos más. Por ejemplo, los impedimentos a la instalación de los hoteles Four Seasons y Hyatt, deseados por casi cualquier ciudad del mundo, la escasa disponibilidad a facilitar la llegada de una farmacéutica china (uno de los mayores desprecios que se le puede hacer a un empresario de dicho país consiste en recibirle en bermudas, tal y como hizo Gerardo Pisarello), etc., etc.

En definitiva, Ada Colau nos ha obsequiado con dos años de pésima gestión económica. El despropósito ha sido de tal magnitud que el equipo municipal ha sido incapaz de gastar una parte del dinero recaudado. Por ello, en 2016 el superávit municipal ha sido de 97,6 millones de euros. Un mérito para un partido de derechas, un gran demérito para uno de izquierdas que tiene como uno de sus principales objetivos beneficiar a los más desfavorecidos.