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El descrédito del CAC

Isabel Fernández Alonso
9 min

Los denominados reguladores independientes --del sector de la comunicación-- se han ido creando progresivamente en Europa desde los años ochenta, y han ido arrancando a los gobiernos importantes competencias en materia de radio y televisión como, por ejemplo, la supervisión de la adecuación de los contenidos a la legalidad o la adjudicación de licencias de emisión. Algunos, como el francés, se ocupan esencialmente del ámbito audiovisual; la mayoría son reguladores convergentes --audiovisual y telecomunicaciones--, como el Ofcom británico; mientras que el español, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) --el último en echar a andar, en 2013-- presenta un perfil anómalo debido a su carácter multisectorial.

A la vez, la descentralización administrativa propia de nuestro país permite la existencia de reguladores autonómicos, si bien hasta el momento solo tres comunidades han impulsado organismos de estas características de los que solo quedan dos, en Cataluña y Andalucía, por cuanto el Consejo Audiovisual de Navarra desapareció, por falta de presupuesto, en el contexto de la crisis financiera. Estos reguladores autonómicos solo tienen competencias en materia audiovisual porque las relativas al sector de las telecomunicaciones son exclusivas del Estado.

De los dos que funcionan actualmente, el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) es el que está dotado de más amplias competencias, de más presupuesto y, a la vez, es el más cuestionado, fundamentalmente porque durante los últimos años ha sido clave para legitimar la evidente falta de pluralismo de los medios de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

Así, el CAC no ha visto problema (acuerdo 3/2016) en que Mònica Terribas editorialice --siempre a favor de las tesis nacionalistas-- en la sección La Portada de El matí de Catalunya Ràdio, por más que el propio Libro de Estilo de la CCMA apunte que “aunque las portadas pueden tener un estilo más personal e informal que otras piezas informativas, no pueden expresar opinión”. Todo ello sin olvidar que los medios públicos, al ser de todos, sencillamente no pueden tener línea editorial.

El CAC no ha visto problema (acuerdo 36/2016) en que Xavier Graset, en el programa Més 324, entrevistase a Carles Sastre --condenado en 1985 a 30 años de cárcel como caoutor del asesinato, en 1977, del empresario Bultó--, presentándolo como “preso político” y “gran reserva del independentismo”.

El CAC no ha visto problema (acuerdo 51/2016) en que Empar Moliner, en Els Matins de TV3, quemase en directo un ejemplar de la Constitución Española, llegando a decir, al hilo de la anulación por el Tribunal Constitucional del decreto de pobreza energética de la Generalitat, y refiriéndose a los catalanes en situaciones especialmente vulnerables, que “España no hará nada por ellos”. Ante el alud de críticas, TV3 descolgó el vídeo de la web.

El CAC no ha visto problema (acuerdos 89/2017 y 90/2017) en la emisión a través de nuestros medios públicos de la publicidad institucional del referéndum ilegal del 1-O, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había notificado a la Presidenta de la CCMA, así como a las direcciones de TV3 y Catalunya Ràdio, que debían abstenerse de emitir cualquier tipo de publicidad o propaganda relativa a este referéndum, prohibido por el Tribunal Constitucional.

El CAC no ha visto problema (acuerdo 58/2018) en la utilización del término “exilio” parar referirse, en el propio relato informativo de los medios de la CCMA, a los políticos fugados de la Justicia. En otras palabras, el regulador supuestamente independiente no ha visto problema en que los medios públicos de todos los catalanes asuman el relato de los partidos separatistas en relación con la sentencia del procés.

El CAC (acuerdo 81/2018), por poner un ejemplo más, tampoco ha visto ningún problema de pluralismo en el magazine Preguntes Freqüents de TV3.

Se ha de matizar, no obstante, que todos estos acuerdos  contaron con los votos particulares discrepantes de los consejeros Carme Figueras, Daniel Sirera y Eva Parera y fueron, por tanto, aprobados gracias al voto de calidad del presidente Roger Loppacher, al que se sumaron los de Yvonne Griley y Salvador Alsius.

Lo sorprendente es que --recientemente, coincidiendo con su jubilación--, este último, tras haber avalado todas las prácticas descritas, reconocía en una entrevista en Nació Digital que “se ha levantado una muralla, que ahora ya es infranqueable, y hay una parte del país que ni de coña miraría TV3 por nada”. Y añadía que “muchos programas están sesgados por la manera de hacer de sus tertulianos”.

Casi paralelamente, se conocía una sentencia que declara, a petición del consejero Sirera, nulo de pleno derecho el acuerdo del CAC 96/2017 según el cual el llamamiento de la conductora de El Matí de Catalunya Ràdio para que los oyentes informasen sobre los movimientos de la Policía Nacional y la Guardia Civil por las carreteras de Cataluña --en el marco de una operación judicial contra los preparativos del 1-O-- no contraviene las previsiones del Libro de Estilo de la CCMA.

Los consejeros que avalaron este acuerdo --Loppacher, Griley y Alsius-- votaron la abstención forzosa del consejero Sirera, alegando una “eventual sospecha de parcialidad, aunque sea por simple apariencia”, un hecho que, en opinión de la titular del Juzgado de la Contencioso Administrativo nº 11 de Barcelona “fue una forma encubierta de eludir fraudulentamente el procedimiento necesario para alcanzar una recusación”.

No obstante, las actuaciones sesgadas del CAC no se limitan a los medios públicos o a esta inaceptable presión a Sirera. Otra muestra muy significativa de falta de ecuanimidad del regulador es su constante interés por analizar los contenidos de canales de cobertura nacional --que son competencia de la CNMC--, mientras permite que operadores privados catalanes --que sí son de su competencia-- vulneren una y otra vez sus obligaciones legales. Es el caso de El Punt Avui TV, que nunca ha elaborado contenidos de proximidad para cada demarcación de TDT local donde emitía, y del Grupo Godó, que ha gestionado de forma realmente llamativa su licencia de TDT autonómica, llegando a alquilar --con el permiso del CAC-- una parte de su capacidad de emisión a TV3 por 1,9 millones de euros anuales.

Adicionalmente, el regulador catalán ahora solo cuenta con cuatro consejeros tras la dimisión de Parera y la jubilación de Alsius. A partir del 15 de julio todos los cargos estarán caducados y la renovación requiere una mayoría cualificada de 2/3 del Parlament, lo que hace imprescindible contar con el parecer de un sector importante de la oposición.

Lo idóneo sería la designación por amplio consenso de consejeros con perfiles independientes, pero esto difícilmente encajará con la lógica nacionalista que concibe al CAC como una de tantas estructuras de estado que ha de estar, como ahora, bajo su control. En este contexto, las fuerzas políticas que crean relevante para nuestra democracia contar con un regulador audiovisual realmente independiente deberían reclamar ese consenso con firmeza y no aceptar un sistema de cuotas similar al actual. De lo contrario, el descrédito del CAC será irreversible.

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¿Quién es... Isabel Fernández Alonso?
Isabel Fernández Alonso

Profesora titular de Comunicación de la UAB y miembro de Impulso Ciudadano, Universitaris per la Convivència y Foro de Profesores.