Una de las frases más repetidas por los líderes independentistas es que el derecho de autodeterminación de Cataluña es irrenunciable. Es la prioridad, el faro que guía la acción de los partidos de gobierno, lo que se enfatiza en cada pleno que celebra el Parlament. ¿Por qué no es irrenunciable el derecho a la vivienda, a la sanidad, a una educación pública de calidad para todos nuestros niños y niñas? ¿Por qué no lo es el derecho a la vida digna del más de 20% de catalanes y catalanas que vive bajo el umbral de la pobreza? ¿Del medio millón de trabajadores que también la sufren porque reciben ingresos que no permiten satisfacer sus necesidades mínimas?

Durante estos años, el deterioro de los servicios públicos en Cataluña y de la vida de la población ha quedado totalmente invisibilizado por el debate en torno al monotema que ha ido tomando distintas denominaciones a lo largo del tiempo: DUI, RUI, Transición nacional, elecciones plebiscitarias, República. Ahora se llama Tsunami Democràtic.

¿Es casualidad? Cuesta pensar que lo es. Siempre los guionistas del procés inventan un nuevo giro, una noticia que ocupa los titulares del día, o de las semanas siguientes, que impiden que hablemos de los problemas urgentes que afectan a una parte cada vez más importante de la ciudadanía y que deberían ser irrenunciables. Muchas personas estos días desearían estar escuchando las soluciones que proponen las distintas formaciones políticas, pero ven con impotencia que el relato de las banderas cubre todo lo demás.

En la última década, Cataluña ha sido pionera en recortes sociales, la comunidad que ha concentrado la mitad de los de toda España: en total, 8.255 millones de euros entre 2009 y 2017, de los que 4.134 millones correspondieron a Cataluña.

Las cifras que oculta el debate permanente en torno al procés son alarmantes. En julio supimos que la tasa de riesgo de pobreza en Cataluña se había disparado hasta situarse en máximos históricos: el 21,3% de los catalanes y catalanas se encuentra en riesgo de exclusión social, según la Encuesta de Condiciones de Vida que publica el Idescat. Es el peor dato desde 2004. Los grupos de población más afectados son los mayores de 65 años, los inmigrantes y las mujeres. El 43% de los hogares donde hay un solo adulto a cargo vive bajo el umbral de la pobreza. La inmensa mayoría son familias monomarentales, y no monoparentales, porque son mujeres las que están al frente. Mujeres que trabajan como cuidadoras, camareras, en trabajos precarios en los que enfrentan una gran inestabilidad laboral, que tienen enormes dificultades para conciliar la vida laboral y familiar y que no consiguen acceder a una vivienda digna. Viven con sus hijos e hijas realojadas en habitaciones o en infraviviendas. Las entidades que las atienden describen pisos de 40 metros cuadrados, oscuros, llenos de humedades, donde no existe la calefacción y el termómetro marca menos de 10 grados en invierno.   

Una parte importante del 28,5% de niños y niñas que se encuentran bajo el nivel de la pobreza en Cataluña vive en estos hogares. La pobreza infantil se ha disparado en los últimos años, pero lo ha hecho aún más la pobreza infantil severa, que afecta al 14,6% de nuestros niños y niñas, y la que se concentra en las criaturas de origen inmigrante que se alza hasta el 67%.

Estas cifras no son culpa del Estado español. Son culpa nuestra porque dependen de nuestras competencias.

Lo es también el hecho que Cataluña sea líder en listas de espera sanitarias y de dependencia. Según las últimas cifras entregadas por el Departamento de Salud, medio millón de personas esperan una visita con un especialista y 178.000 una intervención quirúrgica con un tiempo medio de espera de 72 días, cinco más que cuando el presidente Torra entró al Govern. Más de 36.000 personas dependientes han muerto esperando la prestación sin que siquiera se hubiera valorado su situación porque el plazo para hacerlo había vencido.

Sin embargo, cuando ocasionalmente estas cuestiones ocupan titulares, recibimos explicaciones como las del portavoz de JxCat, Eduard Pujol, que asegura que discutir sobre las listas de espera es “distraernos en cuestiones que no son esenciales”. No es esencial que Cataluña invierta un 20% menos en políticas sociales destinadas a los más vulnerables que antes de la crisis.

Detrás del deterioro de los servicios esenciales hay rostros de mujeres, hombres, niños y niñas, que tienen unos derechos que tenemos la obligación de garantizar. Derechos que también deberían ser irrenunciables, que tendrían que ocupar titulares cada día y centrar los debates preelectorales para que pensemos también en estas cosas cuando vayamos a votar.