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Derecho a la propiedad privada

José Antonio Bueno
6 min

El recurso en el Tribunal Constitucional del PP a la ley catalana de la vivienda pone de nuevo en evidencia las contradicciones de quienes nos malgobiernan. Un decreto que sirve para blanquear la okupación, y por eso se recurre, nunca podría estar avalado por la CiU de toda la vida. El espacio nacionalista, o independentista, de derechas y conservador ha quedado simplemente barrido del espacio político. Una parte muy relevante del electorado catalán está totalmente huérfano de opciones de gobierno. Necesitamos urgentemente un equivalente al PNV para volver a vertebrar nuestra sociedad, aunque no parece sencillo que logre un hueco en el convulso espacio político catalán. La CUP, y Podemos, parece que son los que marcan el ritmo en lo social. La República Catalana del universo matrix es de ultraizquierdas, será por aquello de azuzar a las masas. Si su estrategia es ampliar la base no parece que éste sea el camino, aunque el hipnotismo del independentismo parece que todo lo puede.

Es cierto que si uno se toma la molestia de leer el decreto ley que contradice un derecho fundamental, de ahí el recurso, se ve que se ceba especialmente con los “grandes tenedores” de viviendas, pero como en todo hay que entender qué son “grandes tenedores” porque ya hemos visto que la definición de Podemos de ricos es tan estrecha que hasta sus dirigentes ya son ricos, lo mismo que bastantes miembros del Parlament si nos atenemos a sus declaraciones de bienes, varios con más de una vivienda en propiedad, algo frecuente en la clase media catalana. En Cataluña, y sobre todo en Barcelona, no son pocas las familias que cuentan con los ingresos de los alquileres, sea por haber creado un patrimonio, sea por herencia, ya que un número significativo de casas del Eixample eran de un único propietario, el promotor, y hoy lo son de sus descendientes.

Centrándonos en las personas jurídicas este decreto amplía las obligaciones respecto a la construcción de vivienda protegida y, sobre todo, desprotege aún más, frente a la okupación. Las consecuencias son claras, menos inversión, menos oferta y precios más caros. Porque cualquier limitación a la oferta conlleva una subida de precio, algo que no es precisamente ayudar a los más necesitados. Y no podemos olvidar que en el mercado inmobiliario los fondos tienen cada vez más peso y si ven muchos problemas para estar en Barcelona dejarán de invertir. Aunque a alguno le cueste creerlo hay oportunidades de inversión al norte de los Pirineos o más allá del Ebro. Hasta que no nos demos cuenta de lo irrelevantes que somos no dejaremos de hacer tonterías. 

No hay duda que las administraciones tienen la obligación de facilitar el acceso a la vivienda de quien tiene dificultades insalvables para llegar a ella, pero no a cualquier precio. Sigue habiendo suelo público que se puede liberar, se pueden comprar viviendas al Sareb o de bancos a precios competitivos, en definitiva, hay mucho recorrido antes de la expropiación por la vía de los hechos.

La situación del menguante parque inmobiliario de los bancos se puede gestionar de maneras mejores que desprotegiéndole frente a la okupación. Todos los bancos tienen un parque para alquiler social y en esta crisis están demostrando toda la predisposición del mundo para contribuir a mejorar la situación social. No tenían ninguna obligación de adelantar las pensiones, los subsidios o los ERTE, ni de facilitar las moratorias inmobiliarias o de alquileres, pero lo están haciendo. Sin ellos el dinero no llegaría a la sociedad. Dialogando y negociando se conseguirá muchísimo más que amenazando.

No puede obviarse que no todo okupa es una familia desesperada, ni mucho menos. Cada vez hay más mafias que han hecho del tráfico de viviendas un lucrativo negocio. Darles amparo, como en parte hace esta ley, es equivalente a dar amparo a cualquier otro traficante, esperemos que no sea esa la idea del legislador.

Tan relevante como la violación del derecho de la propiedad que trata de consagrar este decreto ley es la mala calidad jurídica del mismo. Presuntamente invade competencias y violenta derechos fundamentales, pero, sobre todo, parece buscar más el eco en los medios que resolver el problema, real, de la vivienda. Tenemos por delante años muy malos en lo económico por lo que esta ley puede ser el principio de otras que nos hagan más pobres, menos libres y, también, menos atractivos para los inversores. Puede que el cuanto peor mejor sea una conjura, pero si lo es, será una conjura de necios.

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¿Quién es... José Antonio Bueno?
José Antonio Bueno

José Antonio Bueno es ingeniero de formación y consultor de profesión, conocedor de la realidad empresarial catalana, española y europea. Ha realizado proyectos en dos sectores fundamentalmente, automoción y servicios financieros, si bien su especialidad en la gestión de procesos de adquisición y compra de empresas le ha hecho conocer otras realidades empresariales. En verano de 2017 inició un nuevo proyecto empresarial con varios socios nacionales e internacionales, tratando de aunar su bagaje como consultor con el análisis avanzado de datos, dándole un nuevo enfoque a sus servicios coherente con la realidad digital que nos rodea.