Marcelino Camacho siempre decía que “la democracia se ha quedado en la puerta de las empresas”, y tenía toda la razón. En la Transición, el acuerdo político permitió la construcción de una democracia política, pero se olvidó de la democracia económica.

Nuestra democracia se ha construido sobre una contradicción. Hay una parte de la sociedad que vive bajo una dictadura: en las empresas el poder omnímodo es el del empresario, o el capital, para decirlo de una forma más general. La democracia política convive con una realidad empresarial en la que impera una falta de democracia total, donde todo el poder organizativo y productivo está jerarquizado y en manos del poder empresarial, que actúa a su única conveniencia. En pocas palabras, la democracia política se construyó a cambio de la dictadura económica del capital.

El único contrapeso era en el campo de las relaciones laborales, donde a través de la negociación colectiva, se podían establecer unos ciertos contrapesos o contrapartidas con la representación de los trabajadores. Es decir, con la representación sindical, especialmente con los sindicatos.

Después de la última contrarreforma laboral del PP, este último contrapeso sale aún más debilitado y se incrementa aún más el poder empresarial. Y hasta el momento, presente el conjunto de las izquierdas y las fuerzas progresistas han sido incapaces de eliminar este último abuso.

Porque nos hemos de hacer una pregunta: ¿Cuáles son los planteamientos de las izquierdas, tanto las más moderadas como las más alternativas? En general, dicen que quieren revertir los efectos de la reforma laboral del PP. ¿Algo más? El PSOE dice querer elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado a la actual realidad económica y social. Son propuestas sin más concreciones.

Los partidos de izquierda, tanto la reformista como la alternativa, parecen tener una cierta alergia hacia las organizaciones sindicales confederales. Querría establecer aquí como un punto de partida que, sin un fortalecimiento de la función del sindicalismo de clase, es dudoso que una propuesta realmente de izquierdas pueda abrirse camino. Hoy en día, no caben unos sindicatos correa de trasmisión de los partidos de izquierdas. Pero sin el papel del sindicalismo de clase autónomo, la izquierda no podrá plantearse jamás avanzar hacia una democracia económica en la sociedad. La función sindicalismo confederal, la izquierda social, debe ser una de las herramientas de base para que las políticas realmente progresistas puedan darse en el campo de la economía en su más amplio sentido de un desarrollo económico y social de progreso en la sociedad, que pueda persistir incluso cuando la izquierda pueda, de forma circunstancial, perder el poder político.

Pero para conseguir esta función del sindicalismo confederal, debe establecerse una nueva legislación que no sólo adapte a la realidad del mundo del trabajo al momento actual en cuanto a las relaciones laborales, sino que de forma más amplia debe plantearse el papel de la representación de los trabajadores en los campos de la organización y dirección de los procesos productivos en las empresas. Esto quiere decir establecer de una vez la democratización de las empresas, o la entrada de la democracia en las empresas.

Una afirmación como esta puede parecer revolucionaria, cuando no lo es y no lo ha sido nunca. Se trata de pura socialdemocracia tradicional. En diversos países como Alemania están “constitucionalizados” principios como el de la “cogestión”, y en algunos países nórdicos aún se fue más lejos con la participación en el capital de los fondos colectivos de los trabajadores en la época de Olof Palme.

No es por tanto nada nuevo. Se trata simplemente de democratizar las empresas y avanzar en la democracia económica, una de las pocas cosas que pueden permitir avanzar hacia en una sociedad menos desigual y más avanzada democráticamente.

Los partidos de izquierda, unos como el PSOE porque creen haber superado su tradición obrera (olvidando que Pablo Iglesias fundó tanto el PSOE como la UGT), como la nueva izquierda alternativa, muy alérgica al sindicalismo de clase organizado, olvidan el papel que pueden y deben jugar los sindicatos, no sólo para afianzar los avances sociales de las políticas de progreso, sino como elementos de elaboración de  know how para el conocimiento de la realidad social. Los sindicatos están muy integrados y tienen un conocimiento bastante exhaustivo de la realidad, no sólo laboral, sino social. Especialmente en cuanto actúan también en un ámbito sociopolítico, y pueden aportar a los partidos políticos de izquierda unos conocimientos de interés en múltiples áreas. Podrían ser en buena medida unos interesantes think tanks de la izquierda política y social.

Pero para ello, los partidos de izquierdas deberían hacer sus deberes. Y no sólo en el campo de las relaciones sociales y de la democratización de las empresas, sino empoderando a los sindicatos en los ámbitos de la concertación social. Los sindicatos --sin obviar a los empresarios-- deberían tener un papel mucho más importante en la determinación de aspectos fundamentales de nuestro desarrollo social, como son los servicios públicos (educativos, sanitarios, sociales, etc) en la determinación de rentas sociales y subsidios (y en su caso rentas básicas o universales), pensiones, en el planteamiento de una transición ecológica justa, en la definición y aplicación de una economía sostenible, así como en la planificación económica, etc.

No son utopías. Son realidades por las que los sindicatos luchan y deben luchar, pero a las que los partidos de izquierdas deben atender si realmente quieren tener futuro en el panorama político tanto español como europeo y mundial.