La CUP no está para juegos de palabras y da mucha más credibilidad a la versión del Gobierno central sobre el resultado de la reunión del pasado lunes que a la valoración del presidente de la Generalitat. Entre el no hay nada que hablar sobre autodeterminación de Sánchez y el no pierdo la esperanza de seguir hablando del tema de Torra, se quedan con Sánchez. Curiosamente, Ciudadanos y el PP prefieren la visión de Torra, mucho más apropiada a sus intereses.

Desde la nube de la república no puede entenderse que lo único palpable que salió de Moncloa haya sido la recuperación del tono vital del Estatut. Se habían vendido parcelas en la Luna y ahora resulta que no hay transporte para ir a tomar posesión de las mismas. Una estafa inmobiliaria de libro. La reacción de la CUP tiene su lógica, el independentismo oficial solo le hace caso a regañadientes para aprobar o refrescar resoluciones inútiles, en el mejor de los casos. Ellos están ansiosos por sublevarse contra el Estado y sus socios le han cogido miedo a este Estado y con razón, porque la razón de Estado siempre encuentra un juez que le escriba a su gusto.

Modificar el rumbo de colisión de la nave soberanista será complejo. La publicidad decía que era cosa fácil e inapelable, y muchos se lo creyeron; según parece, la CUP los que más. También en JxCat hay quien no descarta que la Tierra sea plana y en la ANC no acaban de aceptar las nuevas tesis del realismo legal sin renuncias formales, promovidas con dificultad por ERC y PDeCAT. El verano puede ayudar a la reflexión.

De todas maneras, el problema que plantea el papel central de la CUP en la política catalana trasciende a la pugna interna del independentismo. El día que los convergentes y los republicanos aceptaron el cambio de Mas por Puigdemont por imposición de los antisistema debería ser recordado con una placa en la fachada del Parlament, porque en aquella jornada histórica se establecieron las bases de muchos de los males que ha padecido y padecerá el autogobierno de Cataluña.

ERC y PDeCAT ya están pagando la factura de aquella ambición política (básicamente seguir en el gobierno) sustentada en el abrazo del adversario sistémico por el solo hecho de ser soberanista. Esta penitencia es relevante para los afectados, sin embargo, lo substantivo para el conjunto del país es el error de haber asumido la desobediencia como método de hacer política, en detrimento de la legalidad democrática. En cuanto la legitimidad del Estado de derecho se impuso, la crisis estaba cantada. Y ahí está, en todo su esplendor.

Mientras que para unos (los partidos en el Gobierno) se trata de relativizar la urgencia del proyecto del Estado propio, dadas las dificultades objetivas para alcanzar el objetivo que finalmente han descubierto; para la CUP, la cuestión es no renunciar a la desobediencia fundamentada en la alta consideración moral que tienen de sus planteamientos, no solo en materia de construcción de Estados sino también en la dirección de países, aunque sea desde la minoría social.

El juez Llarena les ha puesto en bandeja a la CUP la ocasión de desobedecer por todo lo alto e intentar arrastrar de nuevo a sus aliados gubernamentales al escenario del conflicto jurídico. La negativa a aceptar la suspensión de los diputados procesados, dictada por el juez como último movimiento de su discutida instrucción, situaría a la Mesa y al Parlament en una circunstancia crítica, además, cualquier votación que contara con los votos delegados de los diputados suspendidos resultaría fácilmente impugnable.

Esto en el caso que se optara por la desobediencia mayor y de consecuencias judiciales; la versión menor de esta, consistiría en la no elección de diputados substitutos, a la espera formal de conocer la sentencia, apelando a una hipotética absolución de los acusados. Las vacantes permitirían el recordatorio permanente de la desobediencia y la denuncia de la injusticia proclamada, sin riesgo jurídico, aunque les dejaría en minoría parlamentaria.

Entre el riesgo jurídico de negar la suspensión y el riesgo político de perder la mayoría parlamentaria, siempre existe el recurso de convencer de nuevo a la CUP para que apoye una declaración encendida de denuncia del Tribunal Supremo por su afán en perjudicar y perseguir sistemáticamente al independentismo. Una especie de desobediencia autonomista para no perder el poder que pone de los nervios a los antisistema.