En septiembre de 2017, la CUP difundió un anuncio en el que una furgoneta era despeñada por un terraplén y entonces los militantes de la formación anticapitalista aseguraban que, después de la destrucción, empezaba el mambo. Desde esa fecha, e incluso antes, los dirigentes de la CUP no han dejado de ser los reyes del mambo, como lo fueron en 2015 cuando enviaron a Artur Mas a la papelera de la historia o forzaron más tarde a Carles Puigdemont a presentar una moción de confianza. O lo son cada vez que se tienen que aprobar leyes importantes, como ahora los Presupuestos de la Generalitat.

Es inaudito que Cataluña esté en manos de un partido que obtuvo en las últimas elecciones de febrero un 6,6% de los votos (189.000) y nueve diputados. Pero así es, porque la prioridad de los dos grandes partidos independentistas sigue siendo no romper el bloque secesionista pese a tener que someterse a las exigencias de la formación antisistema.

Y esto ocurre aunque al final el carácter asambleario de la CUP quede desmentido por la baja participación en sus asambleas. Desde el insólito empate a 1.515 votos cuando se decidía el futuro de Artur Mas, la participación siempre ha ido a la baja hasta la votación actual, en la que se ha aprobado presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos. Para adoptar la decisión, votaron solo 462 militantes de los 509 inscritos. De esos 462, el 63% optó por tumbar las cuentas, aunque un 68% se pronunció por seguir negociando hasta el final.

Como hay explicaciones para todo y la culpa siempre es de los demás, la portavoz de la CUP, Eulàlia Reguant, explicó la baja participación por la “desafección” que provoca el Govern. Según Reguant, el rechazo se debe a tres factores: por la normalización de las relaciones del independentismo --en especial, ERC-- con el Gobierno del PSOE y con otras instituciones del Estado, a la vez que no se avanza hacia el derecho de autodeterminación; porque se está apuntalando el modelo “sociovergente”, cuando ni ERC ni Junts quieren saber nada del PSC, y porque son unos Presupuestos “continuistas”.

Pero como la intención es seguir negociando, el president Pere Aragonès se apresuró a arrastrarse ante la CUP pidiendo concreciones a sus propuestas y exigencias, que son básicamente cinco. La primera, una reforma fiscal que suba el IRPF a las rentas más altas, rebajar el tope a las personas exentas de pagar el impuesto de patrimonio y gravar con un 1% a los que tienen un millón de euros y con un 3% a los que poseen más de 50 millones; la segunda, llegar a 1.000 millones en la inversión en vivienda frente a los 749 que figuran en los Presupuestos; la tercera, renunciar definitivamente a los macroproyectos del Hard Rock en Vilaseca, sin conformarse con la retirada de 120 millones de euros, y a los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030, así como el cese de transferencias de fondos para el Circuit de Cataluña; la cuarta, avanzar en lo pactado en la investidura sobre el “nuevo embate democrático” (el referéndum); y la quinta, que la Generalitat retire las acusaciones contra manifestantes independentistas y que no se multe aplicando la ley mordaza.

No es descartable que ERC ceda aún más a las peticiones de la CUP, pese a que existen otras alternativas para aprobar los Presupuestos. El PSC y los Comunes llevan tiempo ofreciéndose a negociar. Con los socialistas, el veto de Aragonès sigue vigente, pero ha bastado que el presidente de la Generalitat se haya abierto a la posibilidad de negociar con los Comunes para que Junts haya puesto el grito en el cielo reafirmando que el pacto debe hacerse con la CUP. Las negociaciones con los Comunes se han iniciado sin la presencia de Junts.

La insistencia en mantener la ficción de la unidad independentista se produce cuando el procés vive sus horas más bajas --hasta la presidenta de la ANC lo admite-- y ha dejado de preocupar al resto de los españoles, como demuestra la última encuesta del CIS. La independencia de Cataluña figura ahora en el número 33 de los problemas que inquietan a los españoles. En el sondeo de octubre, era la primera preocupación solo para el 0,6% de los encuestados, cifra que ha descendido a la mitad en la encuesta de noviembre.