Ya tiene gracia que el conseller de Economía, Jaume Giró, el hombre que ha pasado toda su vida profesional en empresas del Ibex 35, tenga como prioridad el pacto de los Presupuestos de la Generalitat para 2022 con la CUP. Pero así es. Él mismo lo ha dicho en repetidas ocasiones y ha elogiado las posiciones del partido anticapitalista y antisistema.

Las negociaciones detalladas aún no se han iniciado, pero la CUP lleva tiempo advirtiendo de que está descontenta con el cumplimiento del pacto de investidura firmado con ERC para elegir a Pere Aragonès como presidente de la Generalitat.

Del acuerdo de investidura, que los cupaires siempre han calificado como de mínimos, se han cumplido varias condiciones, como la disolución del cuerpo de abogados de los Mossos d’Esquadra en el gabinete jurídico central de la Generalitat, la creación de una comisión de estudio sobre el modelo policial para revisar el uso de las balas de foam, la ley de interinos, el plan piloto para la renta básica universal y la creación de la Conselleria de Acción Climática.

Los anticapitalistas, sin embargo, se quejan de que la Generalitat no haya retirado todas las acusaciones contra manifestantes imputados por diversos incidentes y que la brigada antidisturbios siga actuando en los desahucios, entre otras medidas. Algunas de las decisiones puestas en marcha no cuentan, además, con la aquiescencia de Junts per Catalunya, el otro socio que debe contribuir a la aprobación de los presupuestos.

Pero lo más sustancial es que la CUP pretende exigir a ERC un pacto político para aprobar las cuentas, además de las cuestiones concretas de las medidas de gestión. En este pacto político están incluidos la renuncia a la ampliación del aeropuerto de El Prat, la creación de una compañía eléctrica pública o la definición de una nueva hoja de ruta hacia un nuevo referéndum, el llamado “embate democrático” por si se produce un fracaso en la mesa de diálogo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern, y para el que tanto ERC como la CUP pactaron dos años, hasta el 2023, para evaluar los resultados. Tampoco ha empezado sus trabajos el Pacto Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación, que la CUP concebía como un instrumento de preparación de la mesa de diálogo entre los gobiernos.

El partido antisistema se opone también a la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno del 2030 y a las subvenciones oficiales al Circuito de Cataluña en Montmeló. Y además el plan de gobierno presentado por ERC y Junts no recoge algunos de los aspectos acordados con la CUP como la retirada de los conciertos educativos o la moratoria en las energías renovables, una medida sorprendente que va contra el sentido de la historia y más cuando Cataluña no se distingue precisamente por la expansión de este tipo de energías. Todo ello sin olvidar que el eventual pacto deberá ser ratificado por las bases de la CUP, con un resultado siempre imprevisible.

La situación política de Cataluña es tan singular que un partido minoritario y antisistema tiene la lleve de los presupuestos de la Generalitat por una decisión política porque el Govern y especialmente ERC han renunciado a otro tipo de pactos, como con los Comunes, o incluso con el PSC, vetado por Aragonès pese a que Salvador Illa se ha ofrecido a negociar las cuentas. Es de una incoherencia absoluta que los Presupuestos Generales del Estado se negocien con ERC y que en Cataluña sea imposible no ya un acuerdo, sino ni siquiera un acercamiento para intentarlo.    

La cuestión es más llamativa por cuanto, pese a que Gabriel Rufián ha dicho que para llegar a un pacto presupuestario habrá que “sudar”, todo el mundo da por hecho que al final las cuentas del Estado se aprobarán con el concurso de ERC porque otra cosa significaría la ruptura de la mesa de diálogo recién inaugurada y la vuelta a una confrontación que el partido republicano no desea ni está en condiciones de afrontar.