El ‘procés’, en privado y en público

José Antonio Sorolla
6 min

Decía Salvador Illa hace unos días (2-4-2021) que ERC debía tener el “coraje” de admitir que su alianza con Junts per Catalunya (JxCat) había fracasado y le pedía que explorara una “alternativa” de izquierdas. “Es tan sencillo como decir en público lo que se dice en privado”, concretaba. Es una gran verdad que durante todo el procés una cosa es lo que se dice en privado y otra lo que se dice en público. Es tan verdad que si se hubiera dicho en público lo que se decía en privado hace tiempo que el procés no existiría.

Esa dicotomía ha estado presente en todas las fases del proceso soberanista, desde sus inicios hasta el final, desde las elecciones fracasadas del 2012, las de la “mayoría excepcional” de Artur Mas, que acabó con la pérdida de 12 diputados, hasta el 1-O y la declaración unilateral de independencia (DUI) del 10 de octubre de 2017 (la de los ocho segundos) y la del 27 de octubre, en la que solo se mencionaba la independencia en la parte no decisoria del documento aprobado. Antes del 1-O, Carles Puigdemont destituyó fulminantemente al conseller de Empresa Jordi Baiget por dudar en una entrevista en El Punt-Avui de que el referéndum fuera a celebrarse y por negarse a arriesgar su patrimonio.

Tampoco se correspondía lo que se decía en público con lo que se admitía en privado en el referéndum del 9-N, finalmente transformado en “proceso participativo”, ni en las elecciones “plebiscitarias” del 2015, en las que nadie en las filas independentistas, excepto el entonces diputado electo de la CUP Antonio Baños, reconoció públicamente que el plebiscito había fracasado.

El caso de Jaume Alonso-Cuevillas es el último ejemplo de la distancia entre lo que se dice en privado y en público. En el fondo, el exabogado de Carles Puigdemont lo único que ha hecho es decir por una vez en público lo que pensaba y decía en privado. Y por decirlo ha sido fulminado como secretario segundo de la Mesa del Parlament porque las verdades no se pueden decir en público en la Cataluña del procés.

Cuevillas se abstuvo en primer lugar en la votación para admitir la delegación de voto de Lluís Puig, aduciendo que tenía un conflicto de intereses por su condición de abogado del exconseller huido en Bélgica. Pero seguro que ya pensaba lo que días más tarde se atrevió a decir en público en una entrevista en Vilaweb, en la que se preguntaba: "¿Hemos de dejar que nos inhabiliten sin pena ni gloria por una tontería (bestiesa)?". Cuevillas se mostraba contrario a aprobar resoluciones contra la monarquía o sobre la autodeterminación que pudieran comportar inhabilitaciones.  “Mi opinión es que eso no es una confrontación inteligente. Eso es resistir de una manera testosterónica (…) Yo creo que en estos casos es más inteligente denunciar que eso [la intervención de Tribunal Constitucional] es una aberración jurídica y democrática, pero no insistir en el tema. Creo que es más inteligente poner en evidencia los tics demofóbicos del Estado español”, añadía.

La intención de JxCat es sustituir a Cuevillas por Aurora Madaula, de la línea dura partidaria de la desobediencia, pero lo cierto es que en el partido hay otras personas que, como también declaraba Cuevillas en la misma entrevista, dudan de que tenga sentido “que te inhabiliten por haber tramitado una resolución que no va a ninguna parte. La inmolación se ha de hacer si tiene eficacia. Si no, me parece absurda”, aseguraba. Pero estas posiciones solo se manifiestan en privado, entre otras razones porque a la vista está lo que ocurre si se expresan en público.

Al exvicepresidente del Parlament Josep Costa, también de la línea dura, le faltó tiempo para escribir un tuit en el que decía que “ir a prisión o ser inhabilitado por hacerlo [defender la soberanía del Parlament] es una cosa dignísima. Y pienso que si alguien no puede o no quiere asumir ese riesgo no debería estar en la Mesa”. El redactor del tuit es la misma persona que, designado miembro suplente de la sindicatura electoral que debía controlar los resultados del 1-O, se apresuró a dimitir en cuanto el Tribunal Constitucional anunció que se impondrían multas diarias de hasta 12.000 euros a los integrantes del organismo. Y es que, además de las diferencias entre lo privado y lo público, otra de las características del procés es la distinta actitud ante una sanción dependiendo si te afecta o no personalmente.

Artículos anteriores
¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.