Ya tenemos a Pedro Sanchez instalado en la Moncloa. Tiene por delante 24 meses para gobernar y ejecutar, aunque una buena parte de ellos lo va a dedicar a gestionar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 que, como es de sobra conocido, fueron aprobados con la más firme oposición de su partido y de las mareas que le han permitido llegar a donde está hoy, olvidando que los números tienen ideología, sobre todo si con ellos se construyen los PGE.

El resto, se supone que lo dedicará a desplegar una política de gestos y guiños, tal y como ha dejado claro en su toma de posesión, dado que la pesada y lenta maquinaria del Estado le va a permitir poco más que la puesta en práctica de medidas tendentes a engordar su hasta ahora menguante base electoral. Es lo que hay, y poco más se puede esperar del corto periodo de tiempo que va de hoy al fin de la XII legislatura que vence a mediados de 2020.

En definitiva, no hay que ser Nostradamus  para intuir que las partidas del gasto destinadas a quienes tienen derecho a voto se van a ver fuertemente reactivadas. El resto tendrá que esperar, ya que los nuevos proyectos e iniciativas requieren meses de diseño,  trabajo, esfuerzo y dedicación previos a su inicio, y para ello no hay tiempo.

Así, aprobar una Ley de Ingresos Mínimos; derogar manu militari el más de medio centenar de artículos que componen la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza; suspender total o parcialmente la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como LOMCE, o rasurar la reforma laboral son decisiones al alcance de la mano de la nueva mayoría parlamentaria. Construir alternativas, sin embargo, va a ser una tarea algo más ardua y difícil.

Pero lo que la ciudadanía espera con especial interés son las medidas que Sanchez va a utilizar para “normalizar” Cataluña en el caso de que esa comunidad autónoma sea normalizable. Y lo primero que a uno se le viene a la mente es la recuperación, por parte de Sanchez, del paquete de 23 asuntos/reclamaciones que el astuto Mas planteó a Rajoy en el verano del 14 para enfriar el polvorín catalán. La magnanimidad de Sanchez en este asunto se adivina extraordinaria.

Íntimamente ligado a ese paquete, está otro asunto relevante cual es la reforma de la financiación autonómica y local que, aunque es un compromiso adquirido por la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada en enero de 2017, merecerá un trato especial en lo referente a Cataluña con el permiso de los otros presidentes autonómicos afectados.

Y aquí emerge con fuerza un asunto singularmente apreciado y defendido por el socialismo catalán: que el Gobierno de España adopte medidas para aligerar el peso de la deuda que tiene Cataluña con el Estado tras varios años de recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico y al Fondo de Pago a Proveedores y cuyo monto debe superar, al día de hoy, los 55.000 millones de euros. Veremos si el xenófobo Torra se mantiene duro o se deja querer.

Expectantes estamos todos para ver cómo reacciona la Comisión Europea.