Cada día se van conociendo más detalles de las actividades privadas del rey emérito Juan Carlos. Todas ellas van en la misma dirección: un comportamiento personal, sobre todo en el ámbito financiero, que dilapida el prestigio político ganado como figura central en la recuperación y consolidación de las libertades y la democracia en España. Pero es mejor no divagar en exceso e ir al sentido del título de este artículo: por qué podemos considerar que la institución monárquica pasa por un grave momento de crisis. Pues bien, nos centraremos en tres aspectos de especial importancia, que plantean serios problemas para la estabilidad de la Corona y el sistema constitucional de nuestro país a corto y medio plazo.

El primero tiene que ver con la deslegitimación. El rey Juan Carlos fue una figura estelar de la Transición. Lo recordaba esta semana Antonio Torres del Moral en un gran artículo. Desde la soledad, tuvo que hacerse un hueco entre el rechazo de su padre y las presiones de las familias políticas franquistas y de los grupos de la oposición. En su condición de jefe del Estado y en el marco constituyente, el rey garantizó la continuidad de la dinastía que él pretendía refundar: pero dicha continuidad solo podía tener éxito si el franquismo se autodestruía y se consolidaba un Estado social y democrático de Derecho en España. Su tarea culminó en febrero de 1981, cuando logró parar un golpe militar que pretendía acabar con el proyecto de reconciliación que tanto había costado ahormar.

Desde este punto de vista, cada noticia sobre el comportamiento no ejemplar del rey emérito, es un golpe al mito de la Transición. Ningún país, ningún sistema político, puede pervivir sin mitos que lo legitimen. Y aquí, claro, el problema es que desde hace un par de décadas se trabaja afanosamente en destruir el fruto de aquél proceso evolutivo: el “régimen del 78”. El antiguo monarca pudo terminar creyendo que sus servicios al país le daban carta blanca en el ámbito personal, con la aquiescencia de quienes tenían que vigilar que se cumpliera el principio de ejemplaridad: los distintos gobiernos de la nación.

El segundo aspecto a valorar es el jurídico. Para empezar, hay que tener en cuenta que Juan Carlos está siendo investigado en Suiza por la comisión de determinados delitos. Desde ese punto de vista, la perspectiva de un exilio a otro país para cortar la crisis resulta de difícil concreción, sobre todo ante una posible extradición. Con respecto al plano interno, no entraré en la naturaleza delictiva de sus actos, al no ser experto: sobre esta cuestión, en todo caso, se acaba de pronunciar Gonzalo Quintero expresando algunas dudas que seguramente tendrán poco recorrido en la opinión pública una vez abierta la cacería, como él mismo la ha denominado.

En términos constitucionales suelo explicar a los alumnos que la inviolabilidad --así lo quiso el constituyente-- es absoluta y cubre tanto actos públicos como privados (en el caso de Juan Carlos, hasta el año 2014). El enjuiciamiento y condena de un rey por motivos personales le inhabilitarían políticamente para seguir siendo jefe del Estado. Solo la abdicación, en tales casos, puede satisfacer la continuidad no solo de una dinastía, sino de la misma Corona como órgano constitucional del Estado. Pero esta cuestión afecta, pese a lo que se piensa, más al reinado de Felipe VI que a su padre, dado que el gobierno de Sánchez parece querer activar de cara al futuro la reforma constitucional en torno a la responsabilidad del monarca.

Y aquí se abre paso el tercer aspecto: el debate sobre la monarquía o la república. La Corona establecida en la Constitución tiene un carácter accidental. El paréntesis franquista pudo desembocar en una república si el rey Juan Carlos no se hubiera movido con la habilidad política e institucional que lo hizo. Por eso, su súbita caída del pedestal, puede suponer el cuestionamiento público de la forma de gobierno. Por ahora, no es necesario que hablemos de las ventajas e inconvenientes de la monarquía parlamentaria: tiempo habrá, me parece.

Ahora bien, sí quisiera apuntar que en España al poder le es relativamente fácil fabricar relatos políticos e incorporarlos a la cartera de intereses de los ciudadanos (vean cómo lo hicieron los independentistas). Vienen tiempos trágicos para la sociedad española y la tentación de entretener a la audiencia con una lucha mediática en torno a si es necesario, por ejemplo, un referéndum sobre el carácter de la jefatura del Estado, quizá sea demasiado grande como para dejarla pasar. No estoy seguro de que hoy este sea un problema nuclear de la democracia española: sí creo, en cualquier caso, que la pervivencia de la monarquía dependerá de la postura que finalmente adopte el PSOE sobre el asunto.

Pero ese es otro tema del que hablaremos otro día. Pasen una buenas vacaciones.