Nada más conocerse a primera hora del pasado jueves que la policía había puesto en marcha una macrorredada en Cataluña por un presunto desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona, Quim Torra, Carles Puigdemont y numerosos tuiteros indepes empezaron a difundir por las redes el supuesto motivo de la operación: tapar la sentencia del caso Gürtel que estaba a punto de publicarse. No les importó ni que ese mismo día el exdirigente del PP Eduardo Zaplana iba a ingresar en prisión ni que la denuncia originaria del caso de las subvenciones la hubiera hecho hace tres años la CUP. Ambas cosas desmontaban el victimismo de manual y la denuncia de la inexistencia de la separación de poderes. Pero ellos a lo suyo. Aunque esta vez el ojo clínico les ha fallado más que una escopeta de feria porque, aunque lo crean, no son el centro del mundo.

En primer lugar, porque, naturalmente, en cuanto salió la sentencia de Gürtel lo inundó todo y a ningún medio de comunicación --ni siquiera a la pepera TVE-- se le ocurrió destacar más la operación en Cataluña que el fallo del mayor caso de corrupción de la democracia. En segundo lugar, porque las repercusiones políticas de la sentencia han hecho olvidar en 24 horas la supuesta persecución interesada del Estado a los independentistas para ocultar las miserias del partido del Gobierno.

Sin siquiera esperar a la reunión de la ejecutiva del partido por temor a que Mariano Rajoy se adelantase y convocase elecciones anticipadas, el PSOE registró a primera hora del viernes una moción de censura, que será la cuarta de la democracia y la segunda que se presenta contra Rajoy después de la fallida impulsada por Podemos el año pasado. Las dos anteriores también fracasaron, la de Felipe González contra Adolfo Suárez y la de Antonio Hernández Mancha (Alianza Popular, precursora del PP) contra Felipe González.

Fracase o no la presentada por Pedro Sánchez, los motivos para registrarla existen porque la sentencia del caso Gürtel es demoledora para el PP y para la imagen de España. No solo condena al partido "a título lucrativo" (por primera vez una fuerza política gobernante es condenada en España tras Unió por el caso Pallerols y CDC por el caso Palau) y a una exministra de Rajoy (Ana Mato) por el mismo motivo, sino que alcanza a dos extesoreros del PP (Luis Bárcenas y Ángel Sanchis), un exsecretario de organización del PP gallego (Pablo Crespo), un exconsejero (Alberto López Viejo) y dos exalcaldes de la Comunidad de Madrid (Guillermo Ortega, de Majadahonda, y Luis Sepúlveda, de Pozuelo de Alarcón), entre otros. Todos, excepto Sepúlveda (14 años) y Sanchis (uno), condenados a más de 30 años, mientras que el cabecilla Francisco Correa, el hombre que vivía prácticamente en Génova, sede del PP, recibe una pena de 51 años.

Por si esto fuera poco, la sentencia pone en duda el testimonio de Rajoy en el juicio, da por acreditada la existencia de una caja b para financiar al partido y pagar sobresueldos y, lo más importante, establece que el PP y las empresas de Correa tejieron "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local". La relación de delitos de la trama es espeluznante: asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo, delito contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacción ilegal e intento de estafa procesal.

Pese a ello, el PSOE no tiene asegurado el triunfo de la moción, que debería contar con el apoyo de Podemos --ya lo tiene-- y de los partidos nacionalistas e independentistas. Porque Ciudadanos, tras unos titubeos iniciales, descartó respaldar la moción con críticas al "oportunismo" socialista y a su posible alianza con "populistas e independentistas".

La primera reacción de Cs tras el anuncio de la moción fue pedir a Rajoy que convocara elecciones anticipadas, que es lo que favorece al partido de Albert Rivera dado su ascenso fulgurante en las encuestas, pero el presidente del Gobierno no puede disolver las cámaras mientras la moción esté en trámite. Para atraerse a Rivera, Sánchez prometió que convocaría elecciones si ganaba la moción, pero dejó entrever que no serían inmediatas porque primero había que recuperar y regenerar la democracia y atender las urgencias sociales.

Ante esta disyuntiva, lo más probable es que Ciudadanos al final se abstenga, con lo que sus proclamas contra la corrupción y sus intenciones regeneracionistas van a quedar en entredicho. El PSOE, mientras tanto, debe enfrentarse al coste de que apoyen la moción los partidos independentistas catalanes (ERC y PDeCAT), rememorando el ruido que una mera abstención de estas formaciones no solicitada desencadenó durante la fallida investidura de Sánchez tras las elecciones de diciembre de 2015. Es decir, que es posible que Rajoy vuelva a salirse con la suya --tiene los Presupuestos aprobados, que puede prorrogar para gobernar hasta 2020-- y al final la correa de Gürtel (correa en alemán) apriete, pero no ahogue.