La conspiración universal contra Carles Puigdemont va tomando cuerpo. Las dos huidas de la justicia por su participación en la organización del 1-O que han comparecido ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena han salido de la declaración sin mayor contratiempo que el de esperar a ser citadas para la vista oral. La exdiputada de la CUP Anna Gabriel, residente en Suiza, podrá seguir residiendo en Suiza, pero ahora sin el título autootorgado de exiliada, y de seguirse con la lógica aplicada a Meritxell Serret, la primera en poner rumbo a casa, podría ser juzgada en el TSJC.
Gonzalo Boye, el estratega de la defensa de Puigdemont, debe subirse por las paredes, sus argumentos apocalípticos sobre el peligro que correría su cliente de caer en manos de la justicia española no son refrendados por la realidad. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europa ya se lo ha dicho por escrito, lo suyo son suposiciones interesadas. Serret y Gabriel lo han puesto a prueba de forma satisfactoria. A partir de ahora, los casos de las dos investigadas por desobediencia que se presentaron ante Llarena se convertirán en argumentos de la fiscalía y tal vez no tarden mucho en ser señaladas como legitimadoras del “estado represor” por los sectores más radicales. Para despejar dudas, leer Vilaweb, que en esto de percibir con precisión los peligros que acechan a Puigdemont están siempre de guardia.
Serret es de ERC y Gabriel de la CUP, pero las dos se salieron del circuito de los abogados controlados por Boye para contratar a Íñigo Iruín, fajado en mil batallas judiciales en defensa de militantes de la izquierda abertzale. O sea, hay otra manera de defender los derechos de los acusados, aunque es cierto que los dos casos que han optado por modificar línea no tenían pendiente un juicio por delito de sedición. Podría pensarse que Llarena no actuará de la misma forma el día que Puigdemont, Ponsatí, Comín o Puig comparezcan en su sala por la gravedad de las acusaciones por las que se les busca.
La brecha en el autoproclamado exilio independentista se profundiza, definitivamente. ERC y la CUP se han rendido a la evidencia. El Estado español no se ha desintegrado por la campaña de desprestigio internacional promovida por los dirigentes independentistas residentes en Bélgica o en Escocia y no hay ninguna sospecha de que esto vaya a suceder en las próximas décadas. Tampoco ERC quiere que la situación de Puigdemont figure en la agenda de la mesa de negociación con el Gobierno central. Todo apunta a un interés más o menos contenido de los actores independentistas que no militan en Junts para aislar al presidente del Consell per la República en Waterloo y dejarlo a su suerte. Incluso en Junts habrá quien considere la carta Puigdemont una carta marcada; de todas maneras, mientras el sector de Laura Borràs mantenga un ápice de influencia en el partido, la carta seguirá en la baraja, para no agudizar las diferencias internas.
Puigdemont va camino de quedarse con el honorífico título de cliente de Boye, a quien ha confiado su suerte, ciegamente. No hay que irse muy lejos para conocer cómo se enfocan los procesos judiciales con el Estado y cómo se enfrentan las situaciones complejas de dirigentes políticos con causas penales pendientes. En España hay cierta experiencia con resultados satisfactorios, sin embargo, ninguna estrategia cuadra con la seguida por Boye. Parece que en esta materia hay abogados más eficaces que él, aunque mucho menos parlanchines.
