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Las declaraciones del juez Santiago Vidal vertidas en diversas conferencias celebradas el pasado otoño han sido desmentidas por diversos miembros del Govern y de su partido que le ha exigido su dimisión como senador. El problema es que lo dicho por el exsenador tiene credibilidad, porque llueve sobre mojado. Artur Mas, el Astut, ya se ufanaba de engañar al Estado. El 9N, el Govern, presuntamente, ya quiso ocultar su participación directa en la consulta, formalmente organizada por entidades privadas. En la tramitación del presupuesto se ha mencionado reiteradamente la existencia de partidas secretas. En el Parlament se ha negado información sobre determinadas partidas del presupuesto. Todo el llamado proceso de desconexión es una burla al Estado de derecho.

De lo dicho por el exsenador se ha destacado especialmente el hecho que el Govern haya obtenido, ilegalmente, los datos fiscales de todos los catalanes. En efecto, es muy grave. Una clara vulneración, de probarse, de los derechos individuales merecedora de castigo penal pero tambien de repercusiones políticas. ¿Puede permitirse el Gobierno del Estado no actuar frente a un Gobierno autonómico manifiesta y repetidamente desleal? ¿No sería en este caso responsable de lo que pueda llegar a pasar?

¿Puede permitirse el Gobierno del Estado no actuar frente a un Gobierno autonómico manifiesta y repetidamente desleal?

Vidal ha puesto también al descubierto los planes para depurar jueces, nada menos que el 70%, y su sustitución por activistas independentistas. Tambien en este caso llueve sobre mojado. Con motivo del 9N ya se hizo una macroencuesta para fichar ideológicamente a los ciudadanos. Hace tiempo que se habla de listas negras de periodistas. Tambien se quiere hacer recuento de funcionarios afines pidiéndoles que soliciten un día de fiesta para apoyar a Mas. ¿Quién se atreverá a no perdirlo, sobre todo en administraciones locales de poblaciones pequeñas? Después de los jueces y funcionarios, vendrán maestros, policías, etc. El modelo Erdogan en versión catalana. Porque si la independencia unilateral se impusiera vía golpe de Estado --no hay otra forma--, Cataluña se encaminaría a ser gobernada de forma autoritaria. A convertirse en una dictadura.

Un Estado que nace enfrentado al resto de España, a la comunidad internacional, en el que la sociedad está dividida entre partidarios y detractores de la secesión, con gravísimos problemas económicos, sólo puede tratar de mantenerse a base de represión. Apelar al enemigo externo e interno para justificar medidas represoras. Tenemos muchos ejemplos en otros casos más o menos análogos.

Ante todas estas evidencias, no parece que lo más sensato sean los paños calientes, el mirar hacia otro lado. Parece que en Cataluña hay una minoría dispuesta a todo. Debe aclararse la situación y, si se confirman los hechos, el Estado debe hacer cumplir la ley. También en Cataluña.

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¿Quién es... Francesc Moreno?
Francesc Moreno

Licenciado en Derecho. Ha sido profesor de Derecho financiero en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de Derecho mercantil en la Universidad de Barcelona (UB). Ha sido vicepresidente de La Seda de Barcelona. Fue el editor de El Debat y Tribuna Latina.

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Ramonsalvat 30/01/2017 - 10:06h
Compartint l'opinió, afegiria com com mes dilati l'estat i les forçes democratiques la respota, legal proporcional i seriosa, pitjor acabarà tot.
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