La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado esta semana un multazo de 118 millones de euros a una quincena de compañías. Esta sanción es la segunda más onerosa que ha impuesto la máxima autoridad española sobre asuntos de libre concurrencia.

El expediente acusa a las empresas de haber constituido varios cárteles ilegales que funcionaron durante nada menos que 14 años. Su finalidad no era otra que repartirse los concursos de infraestructuras ferroviarias convocados por el gestor público Adif.

El número de contratos irregulares realizados ascendió a 275, por un valor conjunto de 1.100 millones. Según la CNMC, las firmas participantes cargaron a las contratas un sobreprecio del 20%.

La lista de las confabuladas incluye la flor y nata de las constructoras especialistas en obras ferroviarias, así como algunas ingenierías de relumbrón. Abarca Alstom, Citracc, Cobra (ACS), Comsa, Cymi (ACS), Elecnor, Electren (ACS), Eym (OHL), Inabensa (Abengoa), Indra, Isolux, Neopul (Sacyr), Semi (ACS), Siemens y Telice.

En paralelo al correctivo pecuniario transcrito, la Comisión ha castigado con 666.000 euros a 14 altos directivos de las sociedades incursas en el contubernio.

Además, la penalización incorpora, por vez primera, una novedad digna de nota. Se trata de que las entidades involucradas no podrán contratar en lo sucesivo con la administración. Así, al daño que supone el palmetazo crematístico se acompaña otro adicional, cuyo valor es de difícil cuantificación, aunque se presume muy elevado.

Como suele ocurrir en este tipo de cambalaches, el organismo no se enteró por sus propias pesquisas, sino por el chivatazo de uno de los protagonistas de la conspiración, en este caso la francesa Alstom.

Para la CNMC ha quedado acreditado que las 15 sociedades se distribuyeron bajo cuerda los concursos públicos de sistemas de electrificación y electromecánica para líneas de trenes, tanto convencionales como de alta velocidad.

A lo largo de casi tres lustros, la trama llegó a crear hasta tres cárteles distintos con el inconfesable propósito de falsear la competencia, hacerse con los contratos e hinchar sus importes.

El mismo día en que se conocía el duro varapalo que nos ocupa, se dio a la luz una sentencia del Tribunal Supremo que anula de raíz una condena de la CNMC a Telefónica, por valor de 25,8 millones. Le propinó la punición por considerar abusivas las condiciones que imponía a sus clientes por compromisos de permanencia, pues limitaban sin justificación la capacidad de los abonados de cambiar de operador.

En una primera fase, Telefónica presentó recurso ante la Audiencia Nacional, que le dio la razón. Después, la Abogacía del Estado apeló ante el Supremo, que ahora ha tumbado el recurso.

Este revés de Competencia no es ni mucho menos el primero que acontece. De hecho, llueve sobre mojado. Cada cierto tiempo, el organismo fiscalizador de los mercados anuncia urbi et orbe una rociada tras otra de multas a los más variados sectores. Acto seguido las empresas afectadas presentan recursos. Y finalmente, la magistratura acaba dando la razón a las reprendidas en la mitad de los casos.

Para más inri, las corporaciones que consiguen doblegar a la CNMC ante la justicia le reclaman el coste de los avales que hubieron de solicitar para hacer frente a los eventuales gravámenes.

De todo ello se infiere que las alegaciones del organismo están mal fundamentadas o adolecen de graves deficiencias, que al final se traducen en incontables fiascos procesales.

La existencia de un ente como la Comisión de marras, es imprescindible para velar por la transparencia de los mercados y evitar que los agentes económicos cometan abusos. Sin embargo, a la luz de los reiterados fracasos judiciales del citado organismo, queda claro que su funcionamiento dista mucho de ser mínimamente satisfactorio.