A medida que se siguen efectuando ceses o dimisiones en los diversos departamentos del Govern, tras la crisis abierta por las declaraciones del exconsejero Jordi Baiget a principios de julio, un enorme interrogante salta a la vista: ¿cómo pudo ocurrir que esos expertos propagandistas que han demostrado ser los dirigentes del procés gestionasen tan mal ese escenario?

Si hace meses que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras sabían, como era notorio, que había miembros de su Ejecutivo y otros altos cargos de la Generalitat que no estaban dispuestos a comprometerse personalmente hasta el final para llevar a cabo la cita del 1-O, ¿por qué razón no planificaron una remodelación ordenada con anterioridad? Cuesta entender que por Sant Jordi, en lugar de hacer el paripé firmando una declaración colectiva en el Pati dels Tarongers comprometiéndose de forma solemne a “convocar, organizar y celebrar” el referéndum, un documento sin ninguna validez jurídica, no se hicieran esos cambios. Desde la lógica independentista ese era el momento para haber presentado a la opinión pública el “Govern del referéndum”, purgando las cúpulas de Interior y Enseñanza, las dos consejerías cruciales para poder efectuar la desobediencia.

Que los líderes separatistas sean fanáticos no presupone que sean tontos, ni mucho menos. Que el procés avance o siga vivo les conviene muchísimo porque es el modus vivendi de un elevadísimo número de amigos, saludados y conocidos. Piensan en la independencia todo el día desde hace años. Por eso sorprende que hayan cometido ese grave error, agravado porque se ha impuesto una imagen pública de purgas políticas, de un Puigdemont en manos de Junqueras que ha decidido prescindir de los tibios, todo ellos del PDeCAT. La crisis ha reducido el perímetro de los apoyos al referéndum unilateral en la decisiva recta final. La respuesta a este tremendo patinazo es externa y se llama Tribunal de Cuentas.

Que el 'procés' avance o siga vivo les conviene muchísimo porque es el 'modus vivendi' de un elevadísimo número de amigos, saludados y conocidos

A mediados de mayo, las entidades Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaron ante dicho organismo una denuncia contra Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por responsabilidad contable en relación a los gastos realizados en la consulta ilegal del 9N de 2014, valorados en más de cinco millones de euros. Próximamente, el Tribunal de Cuentas nombrará a un instructor cuya misión es determinar en qué partidas se produjeron las anomalías y qué parte es susceptible de ser devuelta a las arcas públicas. Como primera medida preventiva, requerirá a Mas y sus consejeros una fianza por todo o parte de lo gastado fraudulentamente. El asunto pinta muy mal para los denunciados porque si no abonan esas cantidades sus bienes serán embargados y cuando se resuelva finalmente el caso tendrán que pagar la totalidad del dinero, los cinco millones iniciales o más, con sus intereses legales. La intención del Tribunal de Cuentas es que las diligencias hayan concluido antes del próximo 1 de octubre. La elección de la fecha no es casual.

La noticia saltó a los medios cuando la fiscalía del propio tribunal y la Abogacía del Estado se sumaron, a finales de mayo, a la denuncia de las citadas asociaciones. Pocas semanas después, en el Govern empezó a extenderse el pánico ante lo que parecía un obús letal en la línea de flotación. Los medios separatistas crujieron de indignación y se acusó al Gobierno español de buscar la ruina del adversario. En efecto, sufrir una pena de inhabilitación o incluso la posibilidad de ir a la cárcel es algo que muchos independentistas estarían dispuestos a soportar a cambio de esculpir una biografía heroica, pero afrontar el riesgo de la ruina patrimonial es otra cosa diferente. Se comprende. A partir de este factor se entiende todo lo sucedido después.

En las declaraciones de Baiget al diario El Punt Avui el titular era: “Anar a la presó? Ho aguantaria. Però no que vagin contra el patrimoni”. Ahí está todo dicho. Es probable que Puigdemont tuviera prevista alguna pequeña remodelación en el Govern o entre los altos cargos antes del 1-O, tras haber sido oficialmente convocado el referéndum, pero parece indiscutible que la intervención del Tribunal de Cuentas alteró el curso del procés, precipitando y ampliando una crisis que ayer produjo la octava baja y dañando fuertemente su imagen. A dos meses de la “histórica” cita, las cosas pintan mal para el separatismo.