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Esta semana hemos tenido la inesperada y preocupante noticia de la venta del Banco Popular por un euro, como si se tratara de aquellas superficies que todos tenemos en nuestro barrio y que de tantos apuros nos sacan: los todo a un euro.

Lo paradójico de este caso no es sólo que estemos hablando de una entidad bancaria que otrora brilló por su solvencia y rentabilidad, sino que además en el mes de abril el Gobierno de España, y en concreto su Ministro de Economía, afirmaba que "el Popular es un banco solvente y su futuro lo decidirán sus accionistas". Esto fue hace un par de meses, cuando supuestamente la entidad valía algo más de 3.000 millones de euros. Y eso pese a las expectativas de su recién estrenado presidente, que estableció públicamente una hoja de ruta que dista bastante de la que ha resultado acabar dándose.

Los accionistas, que habían venido soportando la precipitación al abismo bursátil que había supuesto la entidad las últimas semanas, han perdido todos sus ahorros e inversiones por cuanto tras la compra de la entidad por parte del Banco Santander por un euro las mismas han perdido todo su valor. Pero además de ellos, los titulares de bonos y de deuda están en la misma situación y ello pese a que el año pasado se emitieron por parte del consejo de administración del Popular acciones por un valor superior a dos euros por acción, cuando ya debían conocer que en realidad se estaban emitiendo títulos sin valor alguno.

Es momento de exigir responsabilidades a los culpables, que, por el momento y a expensas de que se concluya la oportuna investigación, parece que son los miembros del órgano de administración con obscenas retribuciones por un irrefutable mal hacer

Si a ello unimos la activa actuación de su consejo de administración dirigiendo de forma descarada la entidad hacia el precipicio, con sus comentarios en contra del proyecto bancario, quizás ahí pueda estar la respuesta. Lo cierto es que nos encontramos una vez más con una actuación que deja no solo mucho que desear, sino también fundadas sospechas de irregularidades a distintos niveles, incluida la recurrente culpa in vigilando del regulador.

De hecho, cabe preguntarse cómo pasó la entidad los test de estrés, con qué números se sacaron las acciones a bolsa, etc. Es evidente que a muchos interesaba que se desplomaran los precios de las acciones y crear miedo escénico en los pequeños inversores, que fueron retirando sus ahorros, para provocar esa ahora alegada "falta de liquidez" como causa de la intervención del BCE.

El Banco Santander, por su parte, ha jugado oportunamente sus cartas y ha comprado el Popular no a los accionistas sino a las autoridades europeas, lo que implica que en alguna jurisdicción las demandas deban dirigirse por el cauce adecuado, siendo en todo  España competente para atender la vía penal que ya ha iniciado alguna asociación y a la que cabe prever recurran muchos inversores y accionistas.

Es momento de exigir responsabilidades a los culpables, que, por el momento y a expensas de que se concluya la oportuna investigación, parece que son los miembros del órgano de administración con obscenas retribuciones por un irrefutable mal hacer, y apostar de una vez por todas y tras los casos Banesto, Caja Madrid/Bankia, Catalunya Caixa, Caixa Galicia, etc. por la trasparencia de nuestro sistema, incluido el financiero.

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María Jesús Hernández Elvira

Nacida en 1970, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, Máster Triple en Derecho Público Internacional y Máster en Derecho Procesal. Cursó oposiciones a la carrera judicial y desde 1999 hasta 2013 ejerció como jueza en Canarias, dictando más de 5.000 sentencias. Desde 2013 hasta 2015 trabajó en bufetes de abogados españoles de primer orden, como Ontier España (Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza) y Rousaud Costas Duran (RCD) como responsable del Departamento de Derecho Penal y de Corporate Compliance, hasta que decidió crear CHR Legal junto con Josep Maria Cusí y Juan Roda, siendo la socia directora del Departamento de Derecho Penal y de Corporate Compliance.

Autora de varios artículos para revistas especializadas y con experiencia en la enseñanza, impartió clases de Derecho Civil II en la Escuela de Prácticas Jurídicas de Lanzarote, fue profesora en ICADE y ponente habitual en el Colegio de Economistas de Cataluña. Ha colaborado en la publicación Memento Concursal Francis Lefebvre 2015.