Durante mucho tiempo la frase “la colaboración público-privada es esencial, es importante en la estrategia económica de un territorio" ha estado en muchos discursos. Esta colaboración ha sido el eje referente de muchas acciones de instituciones públicas y de empresas privadas.

Pero, seamos sinceros, en la actualidad es una colaboración en retroceso, en estancamiento. Y hay muchos factores que pueden explicar esta realidad formalmente no reconocida.

La desconfianza y el rechazo hacia la participación de la empresa privada en la gestión de servicios públicos como el agua, la salud, la movilidad, la vivienda, las instalaciones deportivas, las funerarias, la energía... han estado y están en el marco de muchos debates.

La situación jurídica administrativa que vive toda la administración pública española, con todo el legado práctico del derecho romano a su espalda y las modificaciones de reglamentos y de normas que los cambios políticos conllevan en este país por los excesos ideológicos, ha generado y genera una gran inseguridad jurídica en el operador privado, postergando iniciativas duraderas.

Los repartos a menudo desiguales de los costes y los posibles beneficios entre la partes hacen que en la actualidad estemos en una situación de necesaria reformulación de los principios y los conceptos.

¿Qué debería pasar, si es que se desea mantener esta cooperación, hoy por hoy maltrecha, entre el sector publico y el sector privado?

Hemos de recordar que la mayoría de los servicios que hemos citado, y otros, son de responsabilidad pública. El reafirmarse cada uno en sus tesis de "quien paga manda" puede significar una perdida de capacidades y de conocimiento que la sociedad debe preguntarse si se puede permitir.

Casi todos los servicios se acabarán prestando, sin duda. Pero creo que deberíamos hacer algunas reflexiones: ¿Lo hacemos con la máxima eficacia y eficiencia posibles? ¿Con qué costes? ¿Qué beneficios sociales podemos obtener de esta colaboración? ¿Cuáles son los retornos tecnológicos, económicos y sociales que podemos esperar? ¿Puede existir una compra pública inteligente que refuerce el tejido productivo de nuestras empresas en una lógica de pública concurrencia?

Necesitamos, por tanto, una administración con funcionarios preparados para interlocutar con el sector privado, con tiempo y dedicación a la supervisión de los proyectos, con fórmulas de organización y gestión que respondan a las realidades que la sociedad y las tecnologías demandan y ofrecen.

En esta fase de incertidumbre hay factores que nos deberían hacer reflexionar. Necesitamos una gobernanza que dé respuesta positiva a las inseguridades, los temores, las desconfianzas entre las lógicas públicas y las privadas. Aparcando los ejercicios de hipocresía que muy a menudo cubren este debate. Fijar los objetivos del interés público de forma nítida y clara es perentorio.

La reacción al Covid ha ejemplificado prácticas positivas. Más allá del ámbito sanitario, el transporte, la alimentación, la hostelería y otros han sido ejemplo de buenas prácticas. La gestión de los fondos europeos debería ser un terreno para generar otro caso de éxito de buenas prácticas.

Son ejemplos y oportunidades para escribir las bases de esta cogobernanza. Este proceso tiene que ser de la máxima transparencia. Los operadores en sus respectivas condiciones deben sentarse a escucharse de forma activa, a poner en valor las mutuas capacidades y necesidades. Dinero, transferencia de tecnología, calendarios de ejecución e implementación de servicios, calidad de los mismos, en resumen máxima información. Generar una empatía de las necesidades sociales, ambientales y económicas de todos los actores implicados.

Vivir en presunciones ideológicas, de buenos y malos, solo sirve para malgastar recursos, humanos, técnicos y económicos, que, siendo honestos con nosotros mismos, no disponemos en exceso. No olvidemos que la aparente abundancia de los fondos europeos se puede diluir,  más pronto que tarde, por los cambios de política monetaria que se intuye que los bancos centrales están a punto de empezar a aplicar, con el consiguiente coste del precio del dinero que en la actualidad obtenemos a un coste muy bajo, y del volumen de la deudas, públicas y privadas que tenemos en este país en la actualidad.

Pongamos el interés general por encima de las confrontaciones ideológicas. Prestar servicios de calidad, con eficacia y eficiencia, con los costes y los beneficios expectantes formulados y con los retornos sociales explicitados, sin miedos, ni ocultaciones, es una necesidad sumada a la voluntad de ofrecer servicios duraderos.

La recuperación social y económica que se generó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial implicó en esencia este pacto social, publico y privado.

Los desafíos que plantea Europa, con los fondos Next Generation, y avanzar en sus soluciones, o son con la implicación pública y privada o no serán.