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La verbena de los reguladores

Josu de Miguel Bárcena
6 min

La semana pasada tuvieron lugar los hearings en el Congreso para ratificar a los nuevos miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Se trata de que cada candidato, propuesto previamente por el Gobierno, presente el currículum y se someta a alguna pregunta por parte de los diputados: un mero trámite, si se cuenta con la mayoría necesaria, que no sirve para ocultar los graves problemas de calidad institucional por los que pasa el país desde hace años. La Ley que regula la CNMC señala que el órgano estará compuesto por “personas de reconocida competencia profesional” en su ámbito de actuación. Pues bien, uno de los candidatos señaló abiertamente que él no era ningún experto en temas de competencia: se agradece la sinceridad y la confirmación de lo que ya sabíamos.

Lo que ya sabíamos es que estamos como siempre, es decir, sin poner en práctica una regeneración política en la que nadie tiene interés si con ello se desafía su voluntad de poder. Los órganos constitucionales y legales que resultan claves para ordenar la vida social y económica del país, se siguen eligiendo de acuerdo al famoso sistema de cuotas. Así las cosas, cada partido elige a su candidato y los demás no cuestionan su capacidad e independencia de criterio, como llevamos viendo desde hace décadas con el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Con ello se van deteriorando las instituciones, el país pierde credibilidad y se construyen unas bases solidas para que la inversión económica busque otros páramos donde poner en marcha sus iniciativas.

La CNMC es un órgano regulador. Forma parte de un esquema institucional novedoso surgido en el declive del Estado social. En dicho declive, la tendencia fundamental ha sido devolver poderes a la sociedad y al mercado. Esta devolución ha implicado la construcción de un sistema organizativo garante, es decir, dedicado a vigilar que se cumplan las obligaciones de servicio público reconocidas por ley. De este modo, tenemos autoridades independientes dedicadas a proteger derechos (Agencia de Protección de Datos), regular el mercado (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y aportar certidumbre en ámbitos de la sociedad del riesgo (Consejo de Seguridad Nuclear). El éxito con el que realizan su cometido es otro cantar: Bankia, Gescartera, Sociedades Filatélicas, OPA a Endesa … la lista de fracasos y escándalos no es irrelevante.

En el año 2013, con ánimo ahorrador y para evitar el engorro de buscar personas competentes en cada sector, el Gobierno de Rajoy propició una reforma en la que se construyó un gran regulador que absorbía las autoridades en materia de competencia, energía, telecomunicaciones, servicio postal, aeropuertos y transporte ferroviario. Se creó entonces la vigente CNMC, que como se imaginarán perdió la dimensión especializada en beneficio de la simplificación administrativa. Sus miembros gozan de un estatuto jurídico de independencia (no pueden ser removidos) y deben ser imparciales. En cualquier caso, no actúan de forma libre, sino que se ajustan a las normas europeas y nacionales que disciplinan cada sector.

El Gobierno se enfrentaba a la segunda renovación de la CNMC, que llevaba varada desde hace un año. Ha optado por no consensuarla con el PP --otras fuentes hablan de autoexclusión-- y apoyarse en los grupos minoritarios y la tradicional cuota nacionalista de la que esta vez ha participado ERC. No se trata de desprestigiar a los nuevos consejeros, que harán su trabajo con la mejor voluntad: lo malo es que su idoneidad se pone en entredicho si la nueva presidenta del órgano proviene de Moncloa y otros consejeros han formado o forman parte de gabinetes socialistas. Insisto en que se trata de un modus operandi generalizado, que también expresa la dificultad de arraigar autoridades neutrales en un mundo cada vez más polarizado y contrario a la administrativización de las decisiones.

Si digo todo esto es porque cuando pase la peste coronavírica nos tendremos que replantear reformas en las que parece apropiado un órgano independiente que asesore y aporte estabilidad en el contexto del riesgo pandémico. Quizá sería el momento de revisar el modelo regulador y constitucionalizar unos principios compartidos para evitar verbenas institucionales que socavan nuestro crédito político y ponen en peligro importantes sectores socioeconómicos. Aunque adelanto: ni existe consenso ni habrá voluntad cuando precisamente la crisis puede dar vuelo a la repolitización de muchos ámbitos donde se presume que lo que ha fallado es el mercado y el conocimiento experto.

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¿Quién es... Josu de Miguel Bárcena?
Josu de Miguel Bárcena

Josu de Miguel Bárcena es profesor de Derecho Constitucional en la UAB, coautor de 'Kelsen versus Schmitt, Política y Derecho en la crisis del constitucionalismo'